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Por Susana Viau
 Juan Bautista “Tata”
Yofre tuvo dos roles claves en los primeros tramos del gobierno menemista:
jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado y embajador en
Panamá a principio de los ‘90, cuando fueron firmados los
polémicos decretos que posibilitaron la venta ilegal de armas.
Precisamente, los cañones italianos Oto Melara y Citer 155 de Fabricaciones
Militares, pistolas 9 mm, fusiles FAL, misiles antitanque, lanzagranadas,
morteros, cohetes Pampero y munición con presunto destino Panamá
fueron a parar a Croacia en embarques de la naviera Croacia Lines.
Si Panamá hubiera tenido interés en la compra “yo lo
hubiera sabido”, dijo Yofre hace un mes, al término de su
declaración ante el juzgado federal de Jorge Urso. De matriz radical
(su padre fue funcionario frondicista y murió a los 50 años
mientras se desempeñaba como embajador en Perú, su hermano
Ricardo es un brillante analista político adherido siempre al ala
conservadora de la UCR), el “Tata” Yofre saltó con Carlos
Menem a las filas justicialistas y conoce como pocos el mosaico que rodeó
al riojano durante sus primeros pasos en la presidencia. “Para él
hubiera querido otro final”, admitió a Página/12 entre
las fotos de Pat Boone, Dean Martin, Robert Kennedy y Los Beatles que
mandan sobre las de los políticos en el escritorio de su amplio
departamento de Recoleta.
–¿Cómo era el Panamá de la época de los
decretos?
–Yo llegué en junio de 1990 a un Panamá muy inseguro,
donde se habían disuelto las fuerzas armadas, donde cada ministro
tenía su equipo de custodia, donde la Fuerza Pública, la
policía, se estaba armando con niveles bajos y medios de las Fuerzas
de Defensa. Pero lo importante, lo que se podía percibir apenas
uno llegaba, era un claro rechazo a todo lo que fuera militar, como el
sentimiento antimilitar que se palpaba en Argentina la noche del 15 de
junio del ‘82, a la caída de Puerto Argentino, cuando ya se
había caído el velo y había aparecido el régimen
militar con todas sus miserias y sus cobardías.
–¿Cuál era la importancia de Panamá para el
gobierno de Menem?
–Panamá era un país importante. Con mi llegada, Argentina
fue uno de los pocos países de peso con embajador en Panamá.
Brasil no tenía, tampoco Perú y mucho menos México,
porque condenaban al régimen de Endara que, no debe olvidarse,
había asumido el gobierno en una base norteamericana.
–Argentina condenó la invasión y a las pocas semanas
Menem reconoció el gobierno de Endara.
–Sí, porque la diplomacia norteamericana se puso en movimiento
y Dan Qayle pasó por Buenos Aires y le pidió a Menem que
mandara embajador. Menem dijo: “voy a mandar un hombre de mi intimidad”.
Ahí es cuando se acuerdan que el Tata Yofre está colgado
de una percha. Yo quería irme, salir de acá porque no podía
volver al periodismo. ¿Después de seis meses de SIDE adónde
iba a volver? Y me fui a Panamá. Tuve una buena relación
con Endara y con el canciller Julio Linares. Pero básicamente tenía
una buena relación con el Contralor de Estado, que era el que supervisaba
los gastos, los cheques. Ese hombre se llama Rubén Darío
Carles. Por eso, si hubiera existido este negocio con Panamá yo
habría estado enterado. Me lo hubiera dicho Linares, o Endara y
sin duda me lo hubiera dicho Carles.
–La nota de Linares a Di Tella que usted entregó al juzgado
de Urso hacía impensable la compra de ese tipo de armamento por
parte de Panamá.
–Era imposible. Panamá no tenía ejército pero,
sobre todo, Estados Unidos pretendía continuar allí, más
allá de los acuerdos Torrijos-Carter. ¿Qué sentido
tenía comprar armas para un ejército que ni Washington ni
los panameños querían reconstituir? Eso es lo importante
de la nota.
–¿Cómo se explica la torpeza?
–Se explica por la visión argentina de la época ¿Qué
significa eso? Siendo canciller Domingo Felipe Cavallo y antes de llegar
yo a Panamá, él hizo una reunión con todos los embajadores
en América Central y el Caribe. Ahí explicó: “Señores,
hagan lo que puedan porque a mí esto no meinteresa”. El “esto
no me interesa” era Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá.
Como no interesaba la región, cuando se planteó a quién
le cargábamos este muerto, la respuesta era sencilla: “Y...
a Panamá”. Panamá tenía fama de ser una suerte
de Casablanca, porque lo era en la época de Noriega. Se mezclaban
servicios de inteligencia cubanos, norteamericanos, sandinistas, contras;
se negociaba todo, armas, cocaína; se lavaba plata, aparecían
edificios lujosos de un día para otro. En ese Panamá bien
podía darse una operación trucha.
–Pero era poco más que un protectorado americano y la invasión
estaba fresca...
–Yo no niego que haya podido existir el famoso guiño americano.
Sin embargo, lo que acá se discute no es la decisión política
ni la operación encubierta. El tema de fondo es el vaciamiento
de arsenales militares, la no reposición de esas armas, el dinero
que no entró a las arcas del Estado, las eventuales conexiones
con la explosión de una fábrica y con hechos sangrientos
que guardan relación con este entramado. Para mí, discutir
la decisión política es perderse en algo que no va al fondo
de la cuestión.
–¿Lo que hay que discutir es la conexión local?
–Me cuesta mucho creer que a un Jefe de Estado Mayor que es del arma
de artillería, le desaparezca el parque de artillería y
no se dé cuenta. Me cuesta creer que un Jefe de Estado Mayor, tan
celoso de sus cosas como era Balza, no supiera que se le iban 6500 toneladas
de armamento al exterior y no lo registrara. Me cuesta pensar que el jefe
de inteligencia militar de Balza no lo informara.
–¿Y no le cuesta pensar que el jefe de la SIDE no supiera
lo que sabía la gente de la fábrica militar, lo que sabían
los estibadores del puerto y los que habían visto pasar los camiones?
–Me cuesta pensarlo. Por lo menos a mí no se me hubiera escapado.
Eso me surge cuando lo escucho a Monner Sans hablar de camiones que llegaban
a puertos con “zonas liberadas”. Para que haya zonas liberadas
tiene que haber zonas liberadas de parte de la SIDE. Es decir, no informar.
Lavié seguramente lo tiene que haber informado al presidente. Pero,
bueno, que lo responda él. Pero repito: a mí no se me hubiera
pasado.
–¿Cómo evalúa la detención de Menem?
–Primero, me dio mucha pena verlo a Menem en su momento más
sublime, que es cuando debió responder ante un juez (porque siempre
nos decía que había que responder a la Justicia) subir con
su señora tomado de la mano y no como lo que es, un hombre de Estado,
con sus dos abogados y su señora esperando en la casa. Yo no hubiera
llevado a Andrea. Me hubiese gustado verlo en una prisión acorde
a su nivel. Si yo hubiera sido Menem elijo Campo de Mayo. Diez años
de presidente de la Nación, yo no me voy a la casa del Gordo Gostanian.
Seguimos sin conocer lo que está pasando en el país. Me
parece que Menem, que ha sido un tipo muy sensible al estado de la sociedad,
está como el capitán del barco que no logra ver el faro.
A la gente le disgusta esa imagen de Menem en una quinta lujosa, armándose
un campito de golf, con una piscina grande, una casa ampulosa, en una
cuestión que roza el delito. Yo si hubiera sido Menem pido que
me manden a Martín García y de ahí hubiera empezado
mi camino. Eso es lo que yo hubiera aconsejado estando al lado de él.
Tampoco hubiera aconsejado ir a programas de entretenimiento para tratar
temas tan serios como éstos. No lo hubiera expuesto al lado de
Repetto, respondiendo cuestiones de Estado mientras circulaba una mujer
desnuda, con músicos y al lado de la esposa de Maradona, que es
un ídolo del fútbol, pero no corresponde. Ese final de noche
de Menem demuestra que no está percibiendo bien el sentimiento
de la sociedad.
–¿Y cuál es la consecuencia?
–Como reacción frente a esto nace el sentimiento de politizar
la causa. Me parece que De la Rúa no quería, ni le convenía,
este final para Menem. De la Rúa está ahí porque
Menem ayudó a que estuviera, porque se hizo detodo para limar la
candidatura de Eduardo Duhalde a presidente de la Nación. A De
la Rúa le conviene que Menem esté en actividad porque con
Menem se puede entender, con Menem puede tener un diálogo. Cuando
tuvo momentos de emergencia, el menemismo votó las leyes del Estado.
Y suponer que puede complacer a Alfonsín es no conocer a Alfonsín.
A Alfonsín tampoco le conviene ni le interesa que Menem esté
preso porque con Menem, como hizo en el año ‘93-’94,
puede acordar cosas. A cualquier precio puede acordar. En cambio, con
otras figuras, quizás no se pueda, quizás resulte difícil.
–¿Por qué?
–Porque las otras personas pertenecen al futuro. Menem es el pasado.
Pueden acordar algunas cosas con Duhalde y con Ruckauf: hasta ahí
nomás. Porque Duhalde y Ruckauf tienen expectativas de futuro,
igual que De la Sota e igual que Reutemann. Por eso no están yendo
a Don Torcuato. Ellos tienen la mirada en el 2003 y tal vez ir hoy a Don
Torcuato sea achicar esas expectativas.
–¿Este era el final inevitable del menemismo?
–Yo siempre soñé un final mucho más digno para
Menem. Recuerdo mi último diálogo serio con él. Estaba
perturbado porque los empresarios no lo apoyaban con firmeza en su proyecto
reeleccionista. Yo le dije que los empresarios no eran sus amigos. Los
empresarios tienen intereses, no amistades. Y le recordé que la
noche de su caída Juárez Celman tenía un solo amigo
en su casa: Ramón J. Cárcano. A Menem le pasó lo
que le pasó a algunos militares, que pensaron que los empresarios
eran amigos de ellos. Yo me acuerdo de cómo se reían en
los clubes de polo de Albano Harguindeguy y de las cosas que decía
la “Chacha”, su mujer. Y contaban chistes. O del propio Videla,
o de las promesas que le hicieron a Viola para abandonarlo después
y entronizar a Galtieri. Hay un solo presidente al que no le pudieron
torcer el brazo porque los conocía bien: el “Cano” Lanusse.
El me decía siempre que en determinado momento de la vida un hombre
debe mostrar una actitud. Si yo hubiera estado al lado de Menem esos días
le hubiera aconsejado subir solo con sus abogados las escaleras de Tribunales
y no hubiera llevado a ese grupo de adeptos a patear las puertas de la
oficina del juez Urso. Eso no está dentro de la jerarquía
con la que debe iniciar un estadista un nuevo período de su vida,
que es el de ir a Tribunales a dar cuentas de sus actos.
–¿Hubiera querido acompañar a Menem en esos días?
–No. Yo hace tiempo que no estoy al lado de Menem. Desde principio
del ‘98. Me fui a La Cumbre. Renuncié cuando viajó
al exterior y se la entregué a Munir Menem. Prefiero no tener esa
conversación. No me gusta herir a Menem.
–¿Pero qué es lo que le hizo tomar distancia?
–Yo llevaba mucho tiempo de estar sentadito ahí, no haciendo
nada. Como decía un gran ídolo mío, Antonio Ubaldo
Rattín, para explicar su retiro: cuando entraba a la cancha sentía
que estaba robando. La segunda razón es que un día mi actual
mujer me dijo: “¿Che, Tata, no te parece que tenés
que irte de este gobierno?”. Le pregunté por qué y
me contestó: “Porque todos tus amigos están en los
diarios, pero en las páginas policiales”.
–¿Qué es lo que hace la diferencia en esta causa?
–Que está la firma de Menem. Y es más: aparecen algunos
ex ministros diciendo que no hicieron sino suscribir lo que decía
el presidente. Aparece la Cancillería dándole el marco político,
Defensa aportando la coordinación, el Ejército como actor
entregando el material y el Presidente por sobre todo. Lo que no se sabe
es si los ministros suscriben una decisión política o suscriben
un negociado. Eso es lo que tiene que decidir Urso.
–¿Cuál es su hipótesis respecto del final de
todo esto?
–Bien podría ser la Corte. Y ahí los nueve miembros
...
–... se suicidan en masa. Una especie de Waco en el tribunal supremo.
–Y... deberán darle la cara a la sociedad y pensar bien qué
le van a decir. A lo mejor dirán que la figura de la asociación
ilícita no cabe, pero cabe otra casi tan grave como ésa.
–¿Para usted cabe o no cabe?
–Yo no lo sé. Está discutido. Por ejemplo el jueves,
en la Embajada de Italia, escuché a un gran constitucionalista
decir que va a ser difícil de probar. Y quien lo planteaba es un
hombre del radicalismo y no cercano a De la Rúa: Jorge Reinaldo
Vanossi. Comentó que “en este caso es muy difícil de
probar el dolo específico”. Y bueno... está bien. Si
lo decís vos...
DOS
DOCUMENTOS MADE IN PANAMÁ
Cañones, ¿para qué?
Por S.V.
Dos documentos aportados por
Juan Bautista Yofre a la causa por la venta ilegal de armas demuestran
que existía en el gobierno argentino cabal noción de la
imposibilidad de un pedido panameño de armamento. Se trata de una
carta dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores Julio Linares
al entonces canciller Guido Di Tella y de un informe de inteligencia que
describe el estado y las funciones de la Fuerza Pública, el cuerpo
policial que, tras la invasión norteamericana, reemplazaba a la
disuelta estructura militar.
La nota de Linares a Di Tella lleva como fecha el 25 de julio de 1991,
es decir, un mes antes de la firma del primer decreto –número
1697–, firmado el 27 de agosto del mismo año. En ella, el
panameño le hace saber a su colega argentino que está en
conocimiento del “sentir del Congreso estadounidense de que el presidente
de ese país negocie un acuerdo con el Gobierno de Panamá
que le permita la presencia permanente de las fuerzas militares de los
Estados Unidos” en el territorio, prolongando sine die los acuerdos
Torrijos-Carter que ponían como límite diciembre de 1999.
Linares le pide asimismo a Di Tella la solidaridad del gobierno de Carlos
Menem para disuadir a Washington de esa iniciativa. La comunicación
deja en evidencia el marco político que convertía en un
despropósito cualquier supuesta solicitud panameña de compra
de armamento bélico.
El otro texto es un informe de inteligencia militar que abarcó
el estado de situación de la Fuerza Pública entre enero-febrero
del ‘90 y enerofebrero del ‘91. El relevamiento estaba firmado
con seudónimo por el agregado aeronáutico de la embajada
argentina. En diciembre de 1989 y con la excusa de cumplir la orden de
captura emanada de jueces de Miami y Tampa, 25 mil hombres de la infantería
de marina norteamericana habían invadido Panamá en busca
del general Manuel Noriega. Horas antes de la invasión, el dirigente
opositor Guillermo Endara legitimó la intervención y, a
poco de producida, juró como nuevo presidente dentro de una base
norteamericana. La Fuerza de Defensa, el nombre con que se designaba a
las Fuerzas Armadas desde la asunción de Omar Torrijos, fue disuelta
y creada la Fuerza Pública, cuya función se reducía
a la custodia del orden público.
El dossier elaborado por el aviador que se escudó en el seudónimo
de “Pantera” precisó que la Fuerza Pública contaba
a esas alturas –seis meses antes de la firma del decreto– con
13.000 efectivos mal preparados y cuyo equipamiento se reducía
a pistolas y escopetas. Para el control aéreo disponía de
diez aviones y cinco helicópteros; para la vigilancia costera,
tres lanchas patrulleras y otras de menor porte. Según comentó
un funcionario del juzgado federal de Jorge Urso luego de leer el informe:
“Venderle cañones y misiles antitanque a ese Panamá
era tan grosero como vendérselos a la Guardia Suiza”.
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