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Por Laura Vales
 El juez federal Juan José
Galeano allanó las oficinas de la AFIP, de la Inspección
General de Justicia y del Banco Central y secuestró tres de las
listas originales con las personas y empresas que operaron con los bancos
de Raúl Moneta y Aldo Ducler. Se trata de la nómina de los
900 nombres contenidos en las cajas enviadas por el Senado norteamericano
sobre lavado de dinero. El miércoles esa información se
filtró, disfrazada de anónimo, para aterrizar misteriosamente
en los despachos de varios senadores del PJ. En cuestión de horas
todo el país supo lo que hasta entonces se guardaba bajo siete
llaves. Fuentes cercanas al juzgado de Galeano reconocieron que la lista
fue elaborada por ellos y que la enviaron a la AFIP, al Banco Central
y la Inspección General de Justicia para solicitarles mayor información.
Ahora habrá una pericia sobre los originales secuestrados para
determinar desde qué organismo se filtraron los nombres. “Aunque
a primera vista ya surge que las fotocopias se hicieron con el material
que le dimos a la AFIP”, revelaron ayer en los tribunales federales.
Para los investigadores, será “muy fácil” determinar
de qué juego de originales partieron las copias que recibieron
(y difundieron) los senadores justicialistas. “Los listados tienen
distintas características según la información que
se pidió a cada organismo, y además los sellos no están
colocados de la misma manera en cada copia”, puntualizaron ayer.
La lista original fue confeccionada por la División de Delitos
Complejos de la Policía Federal a pedido de Galeano. Ayer el comisario
Jorge Palacios desmintió que la filtración se haya producido
dentro de su fuerza, y anticipó que con el resultado de la pericia
se denunciará al funcionario que debió resguardar la información.
Como se recordará, la causa judicial está bajo secreto de
sumario y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados,
que tiene el segundo juego de copias de las cajas que mandó el
Senado norteamericano, decidió encriptar la información
para evitar este tipo de filtraciones.
Los tres allanamientos no alcanzaron para calmar los ánimos en
el Congreso. La diputada Elisa Carrió, que ya había responsabilizado
a Galeano por lo sucedido, volvió a cargar contra el juez y sostuvo
que “fue el único que se negó a cooperar con la comisión”.
“No quiso darnos acceso al expediente sobre el caso Moneta, y cuando
le pedí alguna precisión me respondió que él
no entendía nada y que no lo volviera a llamar”, dijo la diputada
a Página/12.
En la comisión todos coinciden en que la difusión del listado
se hizo para generar un escándalo y diluir, en la marea de los
900 nombres, el puñado de verdaderamente implicados en operaciones
de lavado. “Como venimos aclarando desde el primer día, muchos
de las personas que figuran en los listados que envió el Senado
norteamericano no cometieron ningún ilícito”, señaló
Graciela Ocaña. Los legisladores decidieron que no harán
ninguna denuncia judicial, aunque sus sospechas apuntan a coro al entorno
del banquero menemista Raúl Moneta.
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Informe sobre Vila-Manzano
Los diputados de la Comisión Investigadora recibieron ayer
un informe de Rafael Bielsa, titular de la Sindicatura General de
la Nación (Sigen), sobre supuestas maniobras de lavado de
dinero en la compra de medios de comunicación por parte del
grupo Vila-Manzano.
La investigación de la Sigen se centró en el otorgamiento
de licencias al multimedio de Daniel Vila y José Luis Manzano,
que entre 1994 y 1999 habría realizado negocios por mas de
600 millones de pesos.
La Sindicatura confeccionó un mapa con los medios en los
que el holding realizó sus principales inversiones, básicamente
en el interior del país, en Mendoza y la Mesopotamia. En
él figuran el diario Uno, la revista Primera Fila, una empresa
de cable, cuatro radios, tres canales de televisión y un
porcentaje en las acciones de otras cinco emisoras AM y una FM.
La comisión también recibió también
a la senadora Silvia Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, quien
llevó documentación vinculada a la colocación
de títulos públicos de YPF y pidió a la colaboración
de los diputados para que se envíe toda la información
que surja sobre el tema a los tribunales de su provincia, donde
ya está en trámite una investigación sobre
el tema.
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Una cuenta en Suiza
El periodista Juan Gasparini, autor de “La delgada línea
blanca”, reveló que el juez Juan José Galeano
pidió a la Justicia de Suiza que levante el secreto bancario
sobre una cuenta que el Procurador General de la Nación,
Nicolás Becerra, tendría aquel país. La cuenta
suiza de Becerra, según detalla Gasparini en su libro, fue
abierta en la sucursal Zurich del Credit Suisse a través
del banquero Hans Peter Winkler, el mismo que aparece vinculado
a otros depósitos secretos, los general Antonio Domingo Bussi.
El pedido para que se levante el secreto bancario fue impulsado
por los fiscales Carlos Rivolo y Claudio Navas, quienes investigan
si el Procurador –que niega ser dueño de la cuenta–
participó de maniobras de lavado de dinero.
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