|
Por Irina Hauser
 En el Consejo de la Magistratura
avanza un proyecto que haría caer los pedidos de juicio político
contra jueces que cumplan 180 días sin ser resueltos. Esos expedientes
pasarían a ser considerados “cosa juzgada”, es decir,
no podrían ser reabiertos. Una norma de estas características
hubiera impedido, por ejemplo, que el ex juez Víctor Brusa fuera
destituido por mal desempeño y por el descrédito causado
por convalidar torturas durante la última dictadura. En la Comisión
de Acusación, que tramita los pedidos de remoción, quedarían
sin efecto por lo menos una decena de casos que ya están cerca
de ser elevados al plenario para que se inicie el proceso de enjuiciamiento.
La propuesta en cuestión es impulsada por Bindo Caviglione Fraga,
Margarita Gudiño de Argüelles y Claudio Kiper, tres de los
cuatro jueces que integran el Consejo. Ellos plantean –invocando
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos– la necesidad
de “resguardar” a sus pares magistrados sujetos a investigación
“de la perturbación anímica que significa la prolongación
indebida de un procedimiento de remoción y, con ello, reafirmar
la independencia del Poder Judicial”.
El criterio de poner un tope de seis meses se debe, señalan los
borradores, a que es el período fijado para los expedientes sobre
faltas disciplinarias y el que la Constitución señala para
archivar casos que no son tratados a pesar de haber sido elevados al Jurado
de Enjuiciamiento. En cambio, por ahora el reglamento de la Comisión
de Acusación –donde se realizan investigaciones por mal desempeño
y se formula la acusación ante el plenario para que éste
gire o no el caso al jury– no prevé caducidad.
Humberto Quiroga Lavié, representante de los académicos,
presentó un dictamen donde denuncia que la iniciativa de sus colegas
jueces intenta “consagrar una suerte de Ley de Impunidad Judicial”.
“Quedarían desarticulados la mayoría de los expedientes
en trámite, aún aquellos que están próximos
de resolución por parte del pleno, pendientes de mayor investigación”,
añade el texto. La propuesta, dice, es inconstitucional, “desnaturalizará
el juicio político y frustrará la expectativa que el país
ha depositado en el Cuerpo”. El tema ya despertó inquietud
y, por ejemplo, el titular de la comisión de Reglamentación
donde primero se debatirá el tema, Juan Gemignani, se sumaría
al criterio de su colega académico.
En los dos años y medio que lleva el Consejo en funciones, la experiencia
muestra que la instrucción de los únicos dos casos que llegaron
a ser tratados por el Jurado de Enjuiciamiento llevó más
de seis meses. El de Brusa demoró unos días más y
acabó en destitución. A Ricardo Bustos Fierro, acusado de
habilitar con un fallo la reelección de Carlos Menem, los siete
meses de investigación le sirvieron para obtener un certificado
de inocencia. Ni Carlos Liporaci, denunciado por enriquecimiento ilícito,
ni Luis Torres, cuestionado por cajonear expedientes, hubieran sido acusados
por el plenario ante el jurado. Ellos, después de esa instancia,
hicieron uso de un beneficio extra: renunciaron, eludiendo la destitución
y preservando la jubilación como magistrados. El dictamen de Quiroga
Lavié incluye un cuadro con más de una decena de expedientes
que llevan hasta más de un año de trámite y caerían
con la norma impulsada, entre ellos el del juez Roberto Marquevich y el
de los jueces de la sala A de la Cámara Comercial.
La normativa que impulsan los jueces podría tener matices. Gudiño
de Argüelles y Caviglione Fraga prevén que los seis meses
se contabilicen sólo cuando la causa permanezca inactiva. Kiper
promueve que un lapso absoluto: el procedimiento se extingue si no hubo
una resolución.
Los argumentos podrían ser leídos con ojos optimistas si
la historia del Consejo de la Magistratura mostrara una eficiencia notable
y una independencia de criterio inobjetable en su tarea de elegir y remover
jueces. Pero como no es así es llamativo que al cuerpo le preocupe
más la teoría de los 180 días que el hecho de que
estén cumpliendo funciones ensus filas el senador Augusto Alasino,
imputado en la causa de los sobornos del Senado, y su colega Ricardo Branda,
imputado en ese mismo expediente y procesado por dádivas.
|
