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Por Cledis Candelaresi
 El Gobierno eludió ayer reiterar en público su promesa de ahorrar, en la Administración Nacional de la Seguridad Social, 450 millones de pesos este año, tal como está acordado con el Fondo Monetario. Sin embargo, el flamante interventor, Douglas Lyall, seguirá trabajando para lograr este cometido, uno de los principales ahorros presupuestarios previstos en el año. El plan para reformular la Anses no prevé una reducción drástica de la estructura operativa ni un recorte de las prestaciones, aunque sí contempla achicar el cuerpo gerencial y eliminar definitivamente la duplicación de beneficios que cobran algunas personas: jubilados que también están en actividad en el sector público, o contratados por más de una jurisdicción estatal. Parte de la economía restante debería resultar de un cambio rotundo en el modo de liquidar las asignaciones familiares, por el cual el Estado recuperará la potestad de decir cuánto y a quién hay que pagar.
Con el respaldo de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, el vicejefe de gabinete, Armando Caro Figueroa, y técnicos ligados al secretario de Modernización Marcos Makón, Lyall continuará trabajando en el lugar que hasta ahora ocupó el alfonsinista Rodolfo Campero. La consigna es instrumentar una serie de cambios administrativos que deberían permitirse a la Anses ahorrar a razón de 800 millones por año, básicamente, eliminando el fraude.
Aunque en menor medida, este resultado también debería resultar de una mengua en los costos operativos. La primer medida en este sentido es el decreto que acaba de reducir de 15 a 9 las gerencias de primera línea, norma a la que debería sucederle una resolución interna para conseguir otra disminución en el segundo nivel gerencial. El otro camino para achicar los costos, es la bancarización del pago de jubilaciones, mediante la apertura de una caja de ahorro para cada jubilado, reemplazando la ventanilla bancaria por un cajero automático.
Pero el principal camino para ahorrar recursos sigue siendo el combate del fraude, aspiración con la que ya se suprimió el pago directo a pymes y trabajadores que cobran menos de 100 pesos, régimen que había fomentado la creación de empresas fantasma, concebidas para estafar al organismo. La grilla de decisiones será en lo inmediato complementada por otras varias:
 Norma para regular la incompatibilidad. Ya está redactado el proyecto de decreto que impedirá expresamente a un jubilado tener un puesto en el sector público: según datos de Anses, existen al menos 11 mil casos, cuya corrección permitiría un ahorro cercano a los 100 millones anuales (el beneficiario tendrá que optar entre un haber o un trabajo). Otra iniciativa en el mismo sentido es la que impedirá a un trabajador estar contratado, simultáneamente, por la Nación y alguna provincia.
Rearmado de la base de datos.
Se está reorganizando en base al CUIL de cada ciudadano. Anses está puliendo sus registros para actualizar la conformación del grupo familiar y archivar en base a un único criterio: hay beneficiarios ingresados a la base de datos por su apellido, otros por su nombre de pila y hasta por su DNI.
Anses dirá cuánto debe pagarse a cada beneficiario de asignaciones familiares.
Actualmente son las empresas las que calculan cuánto deben pagar a sus empleados con sueldos brutos inferiores a 1500 pesos, a través de un sistema de declaraciones juradas, cuya veracidad el Estado no tiene modo de chequear. No hay un mecanismo eficaz para controlar el �sistema compensatorio�, por el cual los empleadores depositan sólo la diferencia entre los aportes patronales adeudados y las asignaciones pagadas a su personal. La intención oficial es eliminar este mecanismo, fuente habitual de fraude: ya está redactado el decreto que reconoce a Anses la atribución de decir cuánto pagar.
Revisión exhaustiva de regímenes jubilatorios provinciales para suprimir beneficios considerados excesivos.
La idea es eliminar las prerrogativas que disponen algunos jubilados de las cajas del interior, que fueron transferidas a la Nación. Entre ellas las de haberes que son superiores a los sueldos que cobra el personal en actividad.
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EL PACTO FISCAL, MEDIO EN LLANTA
Provincias al rojo
De los 400 millones que el Estado debe conseguir de los bancos para integrar el Fondo Fiduciario Federal, hasta ahora sólo logró 155 millones a tasas de hasta el 16 por ciento anual. Así, no sólo se redujeron las pretensiones de los 1200 millones de pesos comprometidos por el Pacto Fiscal firmado el año 2000 a 400 millones, sino que también se contrajo la cifra que debía obtenerse y se pagaron tasas más elevadas. El año pasado, por 1200 millones se oblaron intereses del 12 por ciento anual.
Aunque para cubrir los compromisos del acuerdo fiscal firmado con las provincias se necesitaba aportar este año, al igual que durante el 2000, 1200 millones al Fondo Fiduciario, el cambio en las condiciones de �contexto� determinó que el Estado nacional encogiera sus pretensiones a una tercera parte. En consecuencia, se decidió que los 800 millones faltantes surjan, por mitades, de la reducción de déficit de las propias provincias y de la colocación de deuda compulsiva.
Esto significa que la Nación permitirá a estas provincias la emisión de bonos para pagar a proveedores y empleados públicos, con el consiguiente desagio de estos títulos y el componente de virtual emisión de medios de pago. Además, bajo el paraguas del Fondo Fiduciario se integró también al reciente acuerdo con la provincia de Buenos Aires, por el que se le giraron 190 millones para el pago de los salarios de junio. Por otra parte, de los 400 millones que debe conseguir el Estado nacional de los bancos, hasta los 155 logrados provienen 50 del Banco de Galicia, 50 del BBVA Francés, 35 del Río y 20 del Ciudad. Las tres primeras entidades fueron las que el año pasado aportaron 1200 millones.
El gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, confirmó ayer que los salarios superiores a 700 pesos se abonarán con bonos, a partir de este importe. En tanto, el vicegobernador, Felipe Solá, se reunirá mañana �con propietarios de supermercados para buscar el uno a uno� en la cotización de los bonos, es decir que sean aceptados a su valor nominal. |
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