Por Cledis Candelaresi

En su incómodo discurso ante empresarios y banqueros, Domingo Cavallo confirmó ayer uno de los ejes del ajuste previsto para el segundo semestre del año: las jubilaciones provinciales irregulares y lo que llamó el gasto “burocrático” o “de corrupción”, incluyendo un drenaje superior a los 380 millones de pesos en el PAMI. La primera parte de la promesa busca hacer menos antipático el inminente recorte del gasto público aunque, al mismo tiempo, ofrece menos garantías sobre su verdadero alcance. Los 300 mil haberes transferidos a la Nación desde once provincias del interior son responsables de un déficit anual de alrededor de 1200 millones de dólares en el sistema de seguridad social y, en muchos casos, consagran flagrantes irregularidades que, sin embargo, no serán sencillas de erradicar. Trabajo y Economía harán este intento.
En su afán de buscar un recorte lo menos impolítico posible, Cavallo apuntó hacia el voluminoso presupuesto de la Anses, cuya estructura también está en proceso de depuración: ayer el Ejecutivo promulgó el decreto que reduce el número de gerencias de primera línea, al que le sucederá una resolución que hará lo propio en el segundo nivel de mando.
Pero el principal desvelo oficial pasa por eliminar algunas modalidades de fraude a la Anses, comenzando por una amplia gama de jubilaciones heredadas de las provincias, que según el Gobierno fueron obtenidas a través de las más variadas violaciones a la ley: sin que el beneficiario tuviera la edad, con montos desproporcionados en relación al aporte o, directamente, sin que éste se hubiera hecho. Este paquete de beneficios del interior insume 2000 millones anuales, contra poco más de 800 que se recaudan por los aportes patronales que financian el subsistema heredado, generando aquel déficit.
Una primera referencia es que mientras el haber promedio de la Nación es de 344 pesos, el de los regímenes provinciales supera los 700. Según las autoridades, ésta en sí misma no es una ilegalidad reprochable a las administraciones del interior pero sí “un indicio de que se prodigaron algunos generosos beneficios indebidos”, como dijo a este diario un funcionario del área. La investigación oficial en marcha colocó a La Rioja como un caso testigo de esas transgresiones.
La historia provincial registra más de un caso llamativo, como el de una cincuentena de maestras que tuvieron la fortuna de retirarse a los 40 años. Ayer, el gerente de control y prevención del fraude de la Administración, Juan José Laborde, aportó otros ejemplos más, entre ellos, el de los 180 empleados del Banco de La Rioja en condiciones de jubilarse, que se transformaron mágicamente en 700 nuevos jubilados con haberes de 2.500 pesos, algo que poco tenía que ver con su sueldo en actividad.
Hasta anoche no había acuerdo en el gobierno acerca de cuál era el ahorro previsto con esta depuración de padrones, que algunos hombres de Trabajo creen tan necesaria como improbable en amplitud. Salvo los casos de fraude grosero, suprimir beneficios podría requerir una resolución judicial, so pena de que el jubilado en cuestión pretenda por esta vía preservar íntegra su jubilación y, previo a ello, un exhaustivo análisis caso por caso, con la consiguiente demora y esfuerzo económico. En algunos casos (Tucumán, entre ellos) hay dificultades adicionales, como la desaparición de la mayor parte de los expedientes que permiten reconstruir la historia del jubilado y juzgar la justicia de su reclamo.
Un escollo similar podría enfrentar la Anses para avanzar en otro de los puntos claves de su plan racionalizador, como es la definición de incompatibilidades. Según los decretos a la firma de Fernando de la Rúa no será posible percibir una jubilación y, al mismo tiempo, tener un empleo público, ni celebrar contratos simultáneos en distintas jurisdicciones del Estado. También aquí existe una dificultad operativa, ya que las múltiples modalidades de contratación del Estado harían difícil detectar lasduplicaciones: además del contrato típico, existen figuras como proveedor monotributista o locador de servicios, entre otras.
Más sencillo es detectar qué jubilado de privilegio –definido como tal por la edad en la que obtuvieron el beneficio, amén de percibir un haber muy superior a la media– también revista en algún lugar de la administración pública ya que, generalmente, se trata de ex funcionarios de jerarquía que retornan a un puesto de similar envergadura. Este conjunto de haberes no tiene un gran impacto presupuestario, pero cualquier decisión política que limite la prerrogativa obtenida por ex funcionarios es impactante y celebrada por la opinión pública.
Tan celebrada como la ejemplificadora rebaja de salarios de los directores de organismos descentralizados que sobrevivan a la reducción en marcha de esos cuerpos directivos. O como cualquier medida que consiga combatir la corrupción en el PAMI, donde según afirma Cavallo, se filtra por corrupción el 16 por ciento de sus recursos, es decir, más de 380 millones de pesos anuales.

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