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Por Felipe Yapur
 Esperaron juntos un anuncio
de Fernando de la Rúa. Hasta entonces, hicieron un repaso de la
situación que atraviesa cada provincia. La totalidad reconoció
que hay pocas esperanzas de poder evitar el ajuste que les pide el Gobierno,
fruto de la crisis que atraviesa el país. Recién cuando
Domingo Cavallo habló en la Bolsa de Comercio, los gobernadores
del PJ reunidos en la sede del Consejo Nacional del partido junto a un
grupo de legisladores y la conducción de la CGT oficial decidieron
redactar un documento. En el texto exigen al Presidente que “dé
contenido a su convocatoria a la unión nacional, para que no aparezca
como una mera confesión de impotencia”. En la intimidad, muchos
mandatarios reconocieron que el comunicado “es más que nada
una expresión de deseos”.
El documento redactado por el pampeano Rubén Marín y el
cordobés José Manuel De la Sota hizo eje en la necesidad
de llevar adelante “un diálogo sincero donde la Patria esté
por sobre el comité y las razones de la gente sean más importantes
que las necesidades del Estado”. Indicaron que el gobierno aliancista
puede contar con ellos para “eliminar gastos, bajar impuestos, bajar
las tasas de interés usurarias y acordar un congelamiento de despidos
por tres años”. Este último ítem exigido por
la CGT que conduce Rodolfo Daer. Pero también se permitieron realizar
algunas advertencias: “No contarán con nuestro aval para aumentar
la desocupación despidiendo empleados públicos, bajar los
salarios y avalar disminuciones de coparticipación”.
La razón de la demora del comunicado fue que esperaban que el ministro
diera alguna pista de lo que realmente pretende el Gobierno. Antes, Carlos
Ruckauf, Rubén Marín y el coordinador del Frente Federal,
el misionero Ramón Puerta, se reunieron con el jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo. Pretendían conocer el sentido de la convocatoria
presidencial a la “unidad nacional”. Los peronistas reconocieron
a sus pares que no lograron precisar el contenido del llamado y consideraron
que las palabras de Colombo sonaron a “huecas”. Eso sí,
reconocieron que lo más importante por estas horas es que “hay
que sostenerlo” al Presidente porque se está atravesando “un
momento muy difícil”.
Luego, ya en la sede del Consejo Nacional del PJ, la charla entre los
mandatarios fue conducida por De la Sota. El encuentro con Colombo y el
discurso pronunciado por De la Rúa en Tucumán fueron analizados
punto por punto. El gobernador de Córdoba resaltó la debilidad
de la convocatoria presidencial y acotó que “parece un grito
desesperado de ayuda. Parece Bernardo Neustadt cuando pedía que
no lo dejaran solo”. Los que estaban allí presentes reaccionaron
con una corta risa. “Lo que pasa es que los gobernadores están
a un paso también de pedir a gritos que los ayuden”, reconoció
un colaborador de uno de los mandatarios.
A su turno, el jujeño Eduardo Fellner, calificó la coyuntura
como “gravísima” y advirtió que “si la Nación
no cumple con los pactos fiscales, la gente tendrá que vivir del
aire o quemarán las provincias”.
Justamente este tema, el de los pactos fiscales, y la emisión de
bonos fueron otros ejes de discusión. Enterados de que sus ministros
de Economía eran citados para hoy en el ministerio que conduce
Cavallo. El superministro tiene el propósito de que se firme una
enmienda de los últimos pactos fiscales y así comprometer
a las provincias a que en un plazo relativamente corto dejen de estar
respaldadas por un refinancimiento nacional. Los gobernadores pretenden
que sus funcionarios resistan lo que más puedan a esta embestida
que sería la condición para que finalmente el estado nacional
remita las partidas de dinero que adeuda a las provincias.
En cuanto a los bonos, los gobernadores coincidieron en que es casi imposible
resistir la exigencia de la Nación. La razón es una sola:
“Después de que aceptara Ruckauf a nosotros no nos queda margen
paraevitarlo”, reconocieron varios de los mandatarios a sus colaboradores.
El objetivo que se impusieron es poder conseguir quebrar la idea de la
Nación de no respaldar esos bonos. “Están tan firmes
que ni siquiera los quieren imprimir en la Casa de Moneda”, reconoció
uno de los mandatarios.
TIENE
CONSENSO DEL ALFONSINISMO, DEL CAVALLISMO Y DE BULLRICH
Lyall, el hombre al que todos quieren
Por Laura Vales
Lo quiere Alfonsín. Lo
quiere Patricia Bullrich. Lo acepta –dicen que de buen tono–
Domingo Cavallo. ¿Qué más podría pedir Douglas
Lyall a horas de asumir en la Anses? Posiblemente hacerlo en otro país.
Pero el flamante interventor no lo dice; “en este momento no podría
pedir nada más”, asegura en cambio a Página/12. Abogado,
con 38 años de edad, sin militancia política, Lyall tiene
como principal capital político el ser un hombre de consenso. Su
estrategia para conservarlo, a juzgar por sus primeras declaraciones,
será mostrarse con un perfil esencialmente técnico.
El nuevo interventor de la Anses es misionero. Está casado y tiene
cuatro hijos. Se define como un lector compulsivo y no niega ser uno de
los hombres de confianza de la ministra de Trabajo. Conoció a Patricia
Bullrich hace poco más de dos años, cuando ella se convirtió
en secretaria de Política Penitenciaria. Lyall era director de
Recursos Humanos del SPN y ya tenía 20 años de trabajo dentro
de la repartición. Le acercó a su nueva jefa un proyecto
para modificar las normas del Servicio Penitenciario y terminó
sumándose a su equipo. Cuando Bullrich pasó a Trabajo, Lyall
se mudó como uno de sus asesores. En diciembre del año pasado
fue designado gerente de atención a los beneficiarios de la Anses.
Cuatro meses más tarde lo ascendieron a gerente general, como segundo
de Rodolfo Campero, a quien ahora acaba de reemplazar.
En el radicalismo aseguran que Lyall mantiene una “muy buena”
relación con Raúl Alfonsín, un vínculo que
creció a partir de sus funciones dentro de la Anses y por el trabajo
en conjunto con Federico Polak, ex vocero del jefe la UCR y hasta hace
15 días atrás interventor en el PAMI. Los alfonsinistas
le reconocen a Lyall entender de seguridad social y tener una formación
sólida en lo técnico administrativo. Y en gran medida vivieron
su nombramiento como una victoria sobre los planes de Domingo Cavallo,
a quien le hubiera gustado encumbrar Armando Caro Figueroa como titular
de un Ministerio de Seguridad Social con eje central en la Anses. “Lyall
no es uno de ellos; aunque tampoco sea radical lo vemos más cerca
nuestro que de Cavallo”, definió anoche un allegado al titular
de la UCR.
Aun así, el hombre logró el guiño de Domingo Cavallo
para convertirse en la máxima autoridad de la Anses. Con un designio
claro: impulsar un ajuste que, de acá a diciembre, deberá
sumar 440 millones de pesos.
Ayer, al oficializar su renuncia, Rodolfo Campero presentó un balance
de su gestión según el cual en el primer semestre de este
año consiguió un ahorro de 500 millones de dólares.
Lyall no lo desmintió y mostró una serie de coincidencias
básicas con su antecesor.
“El ahorro que mostró Campero es real, él efectivamente
ejecutó 500 millones menos que lo que se gastó en el mismo
período del año pasado”, dijo Lyall a Página/12.
También aseguró que no hay ánimo de privatizar.“El
compromiso del presidente de la Nación es no hacerlo. Lo dijo el
jefe de Gabinete de ministros, lo dijo el ministro de Economía.
No hay ningún plan de privatización de la Anses.”
–¿En qué va a consistir el ajuste?
–En una serie de medidas para combatir el fraude en la otorgación
de beneficios y controlar las asignaciones familiares. También
existe la decisión de dejar de cubrir el déficit de las
cajas jubilatorias de las provincias que no modificaron sus legislaciones
para armonizarlas con la nacional.
–¿Se habló el tema con los gobernadores?
–Se está hablando.
–¿Cree que es una medida que se puede tomar sin generar un
conflicto de peso?
–No lo creo, pero se manejará en el nivel político
que corresponda, con el ministro de Economía y el jefe de Gabinete.
Y en la medida en que las provincias empiecen a dictar las normas que
prometieron se habilitarán los recursos.
Lyall negó tener conocimiento de que, tal como denunció
el senador Leopoldo Moreau, existan presiones de los bancos para conseguir
la privatización de la Anses y se apuró a definir su gestión
como “totalmente despolitizada”.
Aun desde ese lugar, el interventor aseguró que puede garantizar
que no habrá despidos en el organismo. Su diagnóstico es
que no sobra gente y que el trabajo por hacer es redistribuirla para tener
más empleados en atención al público. El grueso del
ahorro, promete, se hará exclusivamente cortando nichos de corrupción
como los descubiertos en la provincia de La Rioja, modificando el régimen
de compatibilidades y apuntando a desarmar empresas fantasmas que tramitan
asignaciones familiares para beneficiarios truchos.
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