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Por David Cufré
 La rebaja de salarios y jubilaciones
será mayor al rango de entre 8 y 10 por ciento que estimó
el Gobierno el último miércoles, cuando dio a conocer el
ajustazo en las cuentas públicas. La disminución en los
haberes previsionales y de empleados públicos de julio rondará
el 13 por ciento. La mala noticia no termina allí: a pesar de que
Domingo Cavallo dijo que el recorte será transitorio, en lo que
queda del año se mantendrá en torno del 13 por ciento, bastante
más de lo que reconoció el Poder Ejecutivo en un primer
momento. Por otra parte, el equipo económico anticipó que
de persistir la sequía fiscal suprimirá el aguinaldo, pero
en este caso para no profundizar el tijeretazo sobre los salarios. Todo
esto lo comunicó ayer el secretario de Política Económica,
Federico Sturzenegger, quien explicó que el ajuste sobre salarios
y jubilaciones será más pronunciado de lo que se estimó
hace apenas 48 horas, dado que la proyección de déficit
fiscal para el segundo semestre se amplió a por lo menos 2300 millones
de pesos. Por otra parte, después de reunirse con Cavallo en la
quinta de Olivos, gobernadores justicialistas dijeron a la prensa que
el ministro dejó entrever que la rebaja salarial podría
alcanzar al 15 por ciento.
“La sociedad acepta plenamente que el ajuste lo haga el sector público”,
interpretó Sturzenegger, al anticipar cómo será el
recorte de gastos. De todos modos, aclaró que los detalles finales
se conocerán pasado mañana, “antes de la apertura de
los mercados”. En medio de una grave crisis política, con
los gobernadores del PJ abandonando la reunión en Olivos sin cerrar
un acuerdo, con Raúl Alfonsín reclamando cambios en las
medidas y con parte del Frepaso pensando en abandonar el Gobierno, que
Economía haya salido a advertir que el ajuste será mayor
a lo esperado sonó a provocación. Y más cuando Sturzenegger
adelantó que si en diciembre sigue la crisis fiscal, podría
suprimirse el aguinaldo de empleados públicos y jubilados, pero
eso sí, para no cortar más los sueldos. “Es una posibilidad
que nos parece sensata”, opinó.
En tono académico, Sturzenegger explicó por qué habrá
más ajuste, sin detenerse en un hecho básico: que toda la
ingeniería fiscal puede caer por la falta de apoyo político.
“En la proyección de déficit para el segundo semestre
–señaló– habíamos previsto ingresos por
800 millones de dólares, producto de la licitación de bandas
de telefonía celular PCS. Pero dada la situación, nos parece
prudente asumir que la licitación no se concretará este
año, y debemos estimar un déficit fiscal mayor”, detalló
en conferencia de prensa. “La recaudación mejoró, pero
tampoco está muy bien”, agregó, al admitir que el déficit
estimado es de 2300 millones o más. En consecuencia, el achicamiento
de gastos deberá ser mayor. “Los sueldos, jubilaciones y pagos
a proveedores podrían bajar un 13 por ciento en julio”, estimó.
Los argumentos a los que apeló Sturzenegger para justificar el
ajuste contradicen los que utilizaba el equipo económico al comienzo
de su gestión. Ahora, el discurso viró hacia la ortodoxia
pura, en línea con el pensamiento de economistas como Roque Fernández
o Guillermo Calvo, a quienes Cavallo acusó de traidores a la patria
hace apenas unos días. “El Gobierno ha propuesto un cambio
en la filosofía de enfrentar sus cuentas, al gastar sólo
lo que logra recaudar. Yo pongo esta acción al mismo nivel de la
puesta en marcha de la Convertibilidad”, enfatizó Sturzenegger.
Pero lo más llamativo es que el Gobierno hará un violento
recorte en los sueldos y jubilaciones, pero al mismo tiempo restituirá
a los contribuyentes los pagos del impuesto a las Ganancias que hicieron
durante el primer semestre. Esa medida se anunció hace tres semanas,
con intención de reactivar el consumo. Pero tiene un costo fiscal
de 300 millones de pesos. Supuestamente, en medio de un ajuste como el
que plantea Economía, no tendría sentido ponerle plata en
el bolsillo a gente que gana más de 1500 pesos, cuando por otra
parte se bajan jubilaciones de 300. PeroSturzenegger afirmó que
“se mantendrá la devolución a quienes pagaron Ganancias”.
–¿Cómo se explica? –preguntó Página/12
al funcionario.
–Nos parece que el sector privado ya hizo un esfuerzo importante,
y no queremos seguir cargándolo con impuestos. Creemos que es mejor
que el ajuste, por una vez, lo haga el sector público. -respondió
Sturzenegger.
Otra medida llamativa es que los empleados públicos que ganan más
de 1500 pesos serán favorecidos por la derogación del decreto
430, de mayo de 2000, por el cual se les recortaron 12 por ciento sus
salarios. La rebaja salarial generalizada, en torno al 13 por ciento,
impactará de lleno en los agentes estatales que ganan menos de
1200 pesos, mientras que en los que perciben más de ese monto,
el descuento neto respecto a lo que vienen ganando será del 1 por
ciento. “Nos parece equitativo que el descuento sea horizontal, porque
eso es lo que ocurre en el sector privado”, consideró Sturzenegger,
satisfecho con la equiparación, aunque sea para abajo.
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Trabajar, sin cortes
El secretario de Empleo, Horacio Viqueira, anunció ayer
que serán renovados unos 30.000 subsidios Trabajar de 150
pesos mensuales para desocupados que vencen este mes y que, como
informó este diario, iban a ser dados de baja porque el Ministerio
de Economía había congelado los fondos. Viqueira informó
que el Ministerio de Trabajo gestionó ante Economía
la partida presupuestaria para el pago de los planes de empleo,
la que alcanzaría la suma de unos doce millones de pesos
para los próximos tres meses. Sin embargo, la iniciativa
todavía no fue aprobada por la Secretaría de Hacienda.
Página/12 informó que Viqueira había puesto
en los últimos días el grito en el cielo al conocer
la decisión de Hacienda de no girar los recursos equivalentes
a unos 35.000 planes Trabajar que vencen en julio, dentro del plan
de “ahorro” presupuestario encarado por el equipo económico.
“Es una barbaridad”, le había reprochado el funcionario
al propio ministro Cavallo al enterarse de la novedad. Sin embargo,
ayer confiaba en que los funcionarios cavallistas cumplieran con
la promesa presidencial del miércoles por la noche de que
los planes sociales no iban a ser alcanzados por el ajuste. Curiosamente,
el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, insistió ayer
ante este diario que los recursos para los planes Trabajar “dependerán
de la marcha de la recaudación”, siguiendo la modalidad
de ajuste anunciada por el ministro de Economía. Por las
dudas, los desocupados nucleados en la federación de Tierra
y Trabajo anunciaron un nuevo corte de la Ruta 3, en La Matanza,
si no se renuevan los 30 mil planes de empleo.
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ADELANTO
DE IMPUESTOS DE BANCOS Y PRESTADORAS DE SERVICIOS
Pasando la gorra entre las privatizadas
Por Raúl
Dellatorre
Con ampulosidad, hubo quienes
hablaron de un “aporte patriótico”. Los directivos empresarios,
con más tino, hicieron referencia a un “anticipo excepcional
a cuenta de impuestos”. Lo cierto es que ayer empezó a barajarse
la posibilidad de un aporte extraordinario de las grandes empresas, en
particular de las herederas de las privatizaciones, para arrimarle al
Gobierno 1500 millones de pesos que, en principio, le permitirían
cerrar el déficit fiscal previsto presupuestariamente para la segunda
mitad del año. Mientras la petrolera Repsol YPF hizo punta haciendo
pública su contribución de 150 millones, fuentes del sector
financiero aseguraron que el núcleo de las principales entidades
sumaría un aporte de 500 millones. Una firma del sector telefónico
admitió ante Página/12 que participará en el aporte,
aunque recién el lunes definiría el cuánto y el cómo.
También se sumarían algunas de las cadenas de supermercados.
En cambio, otra licenciataria de servicios públicos negó
siquiera haber considerado esa posibilidad. “Si nos lo piden, veremos
qué hacer, pero la realidad es que no estamos en las condiciones
que puede estar YPF o una telefónica para dar ese tipo de ayuda”,
apuntó crudamente un vocero de la misma a este diario.
Un alto funcionario del Ministerio de Economía admitió que
se estaba trabajando la idea de una contribución empresaria como
adelanto de impuestos, pero aclarando que “son las propias empresas
las que lo están armando”. Sin muchas precisiones, informó
que el monto que se lograría juntar “superará los 500
millones, pero estará por debajo de los 1500”. Desalentó,
en tanto, la posibilidad de que con dicho aporte pueda dejarse de lado
el recorte de jubilaciones o se estreche el ajuste salarial.
Fueron las propias empresas aportantes –o potenciales– las que
mencionaron que la idea de contribuir con una cifra similar a los 1500
millones de pesos que inicialmente se mencionaron como desfasaje para
el segundo semestre –ayer Economía elevó dicha estimación
a 2300 millones– era, precisamente, con el fin de evitar el costado
más conflictivo del ajuste. “Si se evita el choque social,
el Gobierno podrá avanzar más tranquilo en la reestructuración
del Estado que tiene pendiente”, apuntó la fuente. Otro vocero
privado le preguntó a este diario si Economía ya se había
comprometido a no tocar las jubilaciones.
Nadie quiso explicar si había sido el gobierno el que pidió
el aporte, o fue el sector privado el que tomó la iniciativa. Lo
cierto es que la indefinición de muchas de las empresas imposibilitó
que ayer se alcanzara un acuerdo general. Desde España, las autoridades
del gobierno señalaron su preocupación por la situación
argentina. El secretario de Asuntos Exteriores, Miguel Nadal, admitió
que las firmas españolas radicadas en Argentina tiene “vocación
de permanencia” y que “no hay nadie que haya planteado marcharse”.
Esta postura del gobierno de José María Aznar fue el respaldo
que necesitaba Repsol YPF para lanzarse a la arena como la primera en
hacer público su aporte.
Poco después del mediodía, su vicepresidente corporativo,
Ramón Blanco, tomó contacto telefónico con el ministro
de Economía, Domingo Cavallo, para conversar sobre la situación.
Tras recibir el cuadro que le describió Cavallo, hizo consultas
a Madrid –donde estaba Alfonso Cortina, titular de Repsol– y
buscó acordar con un reducido núcleo de banqueros y empresarios
el aporte a realizar para difundirlo de inmediato. No lo logró;
a esa altura, muchos estaban más preocupados por partir hacia el
campo que en su aporte a resolver la crisis. Blanco decidió “cortarse
solo”: le informó a Cavallo que ponía a su disposición
150 millones de pesos como “contribución excepcional del impuesto
a las ganancias, a compensar en ejercicios futuros”. Y Repsol obligó
a otros a imitarla, al formular “un llamado a todos aquellos que
estén en condiciones,a realizar propuestas similares”.
Cuando todavía la mayoría de las empresas que podrían
participar no definieron su postura, el Grupo Productivo (Unión
Industrial, Cámara de laConstrucción y Confederaciones Rurales)
planteó objeciones, en un encuentro a última hora. Sus principales
dirigentes condicionaron el apoyo del sector a un plan de salvataje a
que los aportes de los bancos y empresas privatizadas “no sean reintegrables
por el gobierno”. “¿Por qué tendría que
reintegrarse esa suerte de apoyo patriótico a los bancos y a las
privatizadas y a los jubilados no?”, se preguntaron. Este fin de
semana darán a conocer el documento, en el que aseguran, de todos
modos, que “apoyaremos al gobierno a salir de la crisis”, pero
sin dejar de reclamar que “el ajuste sea equitativo.
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Bono “patriótico”
de salvataje
El equipo económico continúa las negociaciones con
un conjunto de bancos y empresas para emitir un “bono patriótico”
que permita cubrir los vencimientos de títulos hasta fin
de año del Gobierno, estimados en unos 4100 millones de dólares.
“Queremos hacernos de los 4100 millones que necesitamos hasta
fin de año, o de 4600 para cubrirnos hasta marzo del año
entrante”, reveló un estrecho colaborador de Cavallo.
“Se avanza en la colocación de un ‘bono patriótico’
entre bancos y empresas, incluyendo privatizadas, por 1500 millones,
un canje de Letras del Tesoro (Letes) por un monto similar y la
ampliación de la participación de las AFJP”,
agregó. Los 4000 millones de deuda que debe refinanciar el
Gobierno hasta fin de año son títulos de corto plazo
emitidos en el mercado local, que tienen un ajustado cronograma
de vencimientos cada quince días. Por eso, el Gobierno busca
escapar a la tensión de tener que renovar martes por medio
dichos títulos, lo que en las actuales condiciones de desconfianza
de los inversores lo pondría permanente al borde del abismo.
En la última renovación de Letes, Cavallo tuvo que
pagar una tasa del 14 por ciento, por un plazo de tres meses, lo
que terminó de acelerar la crisis financiera. Por otro lado,
el funcionario aclaró que “los vencimientos de los bonos
de largo plazo estarían cubiertos con los ingresos ya comprometidos
de organismos multilaterales de crédito”.
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El riesgo país
rompió otro record: 1612 puntos, pero llegó a tocar
los 1660.