Por José Natanson

El más duro fue el vocero Juan Pablo Baylac. Habló de “sedición”, los acusó de defender una “ideología vetusta”, de unirse “para promover situaciones de anarquía, para violentar”. Y concluyó: “El Estado tiene el poder de la ley y deberá ejercerlo. Esperemos poder garantizar la libre circulación y la paz entre los argentinos”. Apenas más suave, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, sostuvo que “todo tipo de protesta debe estar en el marco de la ley” y que, si insisten, “el Gobierno va a tener que actuar”. Ayer, un día después de que el congreso piquetero anunciara cortes masivos de rutas para el martes que viene, el Gobierno salió a responder con una serie de declaraciones en tono de amenaza. Igual, en la Rosada no quieren cerrar todas las puertas y Bullrich anticipó que hoy se reunirá hoy con los líderes de la protesta para buscar un acuerdo.
El martes, dos mil delegados de organizaciones de desocupados se reunieron en La Matanza y decidieron una escalada de lucha contra el ajuste: el martes habrá cortes por 24 horas en las 50 ciudades más importantes del país, que confluirán con la protesta de ATE. La semana siguiente se extenderán por 48 horas y en la tercera se estirarán a 72.
Ayer, el Gobierno salió a responder. Como en la clásica técnica de interrogatorios, dividió a sus funcionarios en malos y buenos. Como siempre, el rol de malo de la película le tocó a Baylac. El vocero oficial dijo que los piqueteros responden a una “ideología vetusta que no tiene ninguna posibilidad de gobernar seriamente un país” y que “es muy triste que unan para promover situaciones de anarquía, para violentar, para tener discursos que están más cercanos a la sedición que a la construcción”.
Baylac también se refirió a Luis D’ Elía, uno de los líderes piqueteros. “Me da mucha tristeza que un dirigente que se dice democrático intente restablecer el viejo modelo de la violencia, la anarquía, la insurrección, la sedición. Nadie quiere una pulseada de violencia, pero está claro que quienes van a ejecutar este plan están fuera de la ley. Quienes pretenden entronizar la violencia como método de protesta se equivocan, porque el Gobierno va a contestar con la ley y los jueces y las autoridades van a garantizar la libre transitabilidad de las rutas”, sostuvo Baylac. Y mencionó el artículo 22 de la Constitución, en el que se sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes” y que “toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo o peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
En otro tono, Bullrich explicó que “si hay un grupo político que se quiere organizar y está en contra del ajuste, puede hacer una marcha, un acto, puede hacer distintas cosas, pero lo que no me parece bien es que se hagan cortes de rutas”. Propuso “sumarlos, discutir”, pero advirtió que “lo que tienen que hacer es cambiar el método y, si no cambian, el Gobierno va a tener que actuar”.
La inquietud es evidente. Ayer, Bullrich, el ministro del Interior, Ramón Mestre, y el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, estuvieron conversando sobre el tema con De la Rúa, que les pidió que extremaran las negociaciones y las políticas preventivas. “Cualquier chispa se puede convertir en un incendio. Tenemos que tener mucho cuidado”, definía ayer a Página/12 uno de los encargados de manejar el tema.
La estrategia se divide en dos planos. Uno, conducido por Bullrich, se concentra en la negociación con los piqueteros, que hoy se reunirán con la ministra (ver aparte). Según decían ayer en la Rosada, la posibilidad de llegar a un acuerdo se complica por varias razones. “No tienen una conducción unificada y tampoco demandas puntuales. Son reclamos genéricos, como dar marcha atrás en el ajuste o la libertad de los presos sociales: eso es imposible de cumplir”, se quejaban muy cerca de De la Rúa.
El otro aspecto de la acción del Gobierno tiene que ver con la seguridad: por instrucción presidencial, Mestre y Mathov iniciaron ayer una serie de contactos con los responsables de la seguridad de cada provincia para coordinar políticas. Incluso, anoche se manejaba laposibilidad de que tres funcionarios del Consejo de Seguridad (el organismo que coordina políticas de seguridad en todo el país) se acerquen la semana que viene a los puntos considerados más sensibles. “La represión provincial corre por cuenta de las policías de cada provincia. La Gendarmería sólo puede intervenir por orden de un juez o a pedido de un gobernador. Pero la idea es que en ese caso siempre haya un contacto previo y un seguimiento desde el Gobierno, para no perder el control de la situación”, explicaban ayer en Interior.
Por eso, ayer en algunos despachos de la Rosada criticaban el tono de las declaraciones de Baylac. “No tiene sentido cerrar las puertas, salir a marcar los límites así porque la idea es justamente la contraria: negociar, manejarnos con cuidado. Lo último que nos conviene es una represión descontrolada”, reconocían ayer en la Rosada. Algo parecido había dicho Juan Pablo Cafiero: en declaraciones radiales, el ministro rechazó a quienes quieren enfrentar a los piquetes “poniéndose los cascos y preparándose para la guerra” y dijo que “hay que descomprimir la situación, buscar diálogos, tratar de entender cuál es la protesta legítima, ver si se puede prevenir esa situación”.
Sin embargo, ningún funcionario desmintió las amenazas de Baylac y, en voz baja, todos coincidieron en subrayar la inquietud por la ola de protesta. “El clima social está caldeado, el recorte afectó a muchos empleados públicos, subieron las tarifas, creció el desempleo. Además, no hay que olvidarse que la poda incluyó a las fuerzas de seguridad. El panorama es muy complicado”, resumía ayer, preocupado, un importante funcionario de la Rosada.

LA POLEMICA LEGAL: SABSAY, CAPURRO, BöHMER, BADENI
Cuando hay dos derechos en disputa

Por Victoria Ginzberg

¿Tienen derecho los desocupados a cortar las rutas e impedir la circulación de otros ciudadanos que desean llegar a sus casas o trabajos? ¿Puede el Gobierno desalojar por la fuerza y arrestar a quienes reclaman 120 pesos por mes para alimentar a sus familias? Como en buena parte de los debates jurídicos, los especialistas no se ponen de acuerdo. “El derecho de peticionar es legítimo pero no se pueden cometer delitos para ejercerlo”, aseguró el constitucionalista Gregorio Badeni. “El derecho a peticionar es de rango superior al de una eventual obstrucción del tránsito u otros problemas que puedan ser ocasionados y así lo expresó la Cámara de Casación Penal”, afirmó el abogado Juan Carlos Capurro, del Comité de Acción Jurídica (CAJ) de la CTA. Capurro recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está analizando una denuncia contra el Estado argentino en la que se manifiesta que existe una política de criminalización y represión física de quienes participan en protestas sociales.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay en un corte de ruta “se colisiona el derecho de libre circulación y tránsito” pero además, en caso de que la obstrucción entorpezca el paso de un camión de bomberos o una ambulancia, “se estaría colisionando el derecho a la vida”, que está por encima de todos los demás. “Entiendo que hay un estado serio de necesidad pero esto no puede ser óbice para el desborde social, porque si no la situación empeora”, aseguró el constitucionalista quien, por lo tanto, estimó que el la obstrucción de los caminos “como todo acto que se oponga el orden jurídico, da lugar a la represión, lógicamente dentro del marco legal”. Pero más allá del debate estrictamente jurídico, Sabsay estimó que la disolución de los piquetes “no cambia nada” porque lo que se necesita es “ir a las causas del problema y no a los efectos y para eso hay que establecer políticas de empleo o plantear un seguro de desempleo”.
Según el criterio de Gregorio Badeni, no hay delito si una manifestación circula por un camino sin el propósito concreto de obstaculizar el tránsito. Pero la situación cambia si se reúnen personas para impedir el normal funcionamiento del transporte terrestre, caso que podría ser penado con tres meses a dos años de prisión. “El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley, debe impedir que se produzcan esos hechos. Si no hace nada puede ser considerado cómplice”, señaló.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Martín Böhmer, estimó que no se puede asegurar categóricamente si los cortes de rutas son no delictivos. “Se trata de un problema de libertad de expresión y hay que tener en cuenta algunas distinciones: no son lo mismo los universitarios de Capital, que tienen otros medios para expresarse, que los desocupados de Tartagal, que no tiene otra forma de dar a conocer su problemática. También hay que analizar si se corta el único acceso a un lugar o si existen caminos alternativos”.
El abogado de la CTA Juan Carlos Capurro criticó al vocero del Gobierno, Juan Pablo Baylac, quien acusó de “sedición” a los piqueteros que se reunieron el martes en La Matanza. “Leyó un artículo que se refiere a grupos militares o civiles que se pueden alzar y tomar el poder. No se puede comparar eso con solicitar cuestiones elementales, como que paguen 2,5 pesos la hora a los trabajadores de la construcción o un plan Trabajar.” Para Capurro el debate en torno a la penalización de los cortes de ruta está cerrado de acuerdo a un fallo de la sala IV de la Cámara de Casación Penal que –según explicó– estableció que “el derecho a peticionar es de rango superior al de una eventual obstrucción del tránsito u otros problemas que puedan ocasionarse”. Las Cámara de Casación emitió esa resolución al dejar sin efecto la condena a cinco meses en suspenso que habían sufrido dos dirigentes sociales de Comodoro Rivadavia por haber encabezado un corte de la ruta 3 durante una hora. Capurro recordó que la CTA y el Centro de Estudios Legales y Sociales sepresentaron ante la CIDH denunciando la criminalización y represión física de los militantes sociales ya que existen al menos 2800 personas sujetas a procesos por su intervención en manifestaciones y protestas.

Bullrich propone a los piqueteros
una discusión sobre su metodología

La ministra los citó para hoy y les sugiere que abandonen los cortes de ruta. Los piqueteros analizan si concurrirán, pero no darán marcha atrás con la protesta. Sí estudian cómo atenuar las molestias a otras personas. Luis D’Elía, el jefe de los piqueteros de La Matanza, recibió la invitación de Bullrich.

Por Laura Vales

Cerca del mediodía, Patricia Bullrich decidió tomar el toro por las astas y faxear a los piqueteros una invitación para discutir en su despacho el tema de los cortes de ruta. Se topó con un inconveniente: el dirigente de los desocupados de La Matanza Juan Carlos Alderete no tiene fax en su casa. Lo asistentes de la ministra buscaron como alternativa uno cercano, pero no había ninguno en todo el barrio. ¿Ni siquiera habrá un locutorio?, preguntaron entonces. “No tenemos locutorio”, explicaron en La Matanza. Alderete vive en el asentamiento María Elena, en tierras que ocupó con un grupo de vecinos en 1983 y compró en cuotas diez años más tarde al gobierno provincial. Anoche, el ministerio no había encontrado la forma de hacerle llegar la invitación formal al asentamiento. Tampoco Alderete había definido junto a Luis D’Elía, el segundo invitado de Bullrich, si concurrirán o no al encuentro.
En cambio, los dos anticiparon que no habrá marcha atrás con los piquetes. El plan de lucha anunciado hace dos días, prevé tres semanas con cortes de ruta progresivos en las 50 ciudades más importantes del país. Las protestas comenzarán el martes próximo con cortes simultáneos de 24 horas; la segunda semana serán por 48 y la tercera se mantendrán durante tres días seguidos. La convocatoria del martes tuvo ayer un importante respaldo: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que hará un paro nacional el martes y adherirá a los cortes de ruta.
La ministra de Trabajo les salió al cruce con un argumento de alta sensibilidad: “Tienen derecho a protestar”, reconoció ayer; “lo que no me parece bien es que hagan cortes de rutas”. Bullrich propuso en varias declaraciones radiales que cambien sus métodos, suplantando los cortes por manifestaciones o actos. “Aunque si no lo cambian”, cerró en línea con el vocero Juan Pablo Baylac, “el Gobierno va a tener que actuar”.
Su planteo era considerado ayer entre los piqueteros a la vez “ridículo” e “inoperable”. En primer lugar, apuntan que el Gobierno parece no haber entendido del todo que, por la multiplicidad de organizaciones involucradas, está ante un proceso no es reversible y difícilmente revisable. “El plan de lucha no es mío ni de Alderete, ni siquiera de La Matanza”, señaló D’Elía, “sino una decisión tomada por dos mil delegados de organizaciones de todo el país. Lo único que queda por definir, de aquí al martes, es cómo se van a hacer los cortes”.
Si el movimiento de desocupados no tiene una conducción unificada es en gran medida porque no la quiere. Sus organizaciones de más peso son la Federación de Tierra y Vivienda –que D’Elía encabeza a nivel nacional y pertenece a la CTA– y los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa –que conduce, también como titular nacional, Alderete–. Tanto D’Elía como Alderete viven en La Matanza y hace un año comenzaron a cortar juntos la ruta, con la consigna de que cada grupo mantendría su autonomía.
En los piquetes, la gente de la FTV y la de la CCC no se mezcla: se puede distinguir a unos y otros por sus gorritos, sus carpas y hasta el lugar de la calle donde están parados. En las marchas también van separados, cada uno tras sus banderas. Y si se pregunta a la gente, contarán que en realidad hace relativamente poco los de un lado comenzaron a confiar en los del otro. El método de resguardar la autonomía, dicen, les dio resultados y no quieren modificarlo. En el congreso del martes a la FTV y la CCC se agregaron, con el mismo criterio, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Futrade y decenas de asociaciones vecinales.
Lo que sí se definió es la creación de un grupo con el objetivo de coordinar los cortes. Uno de los temores presentes es que la represión desatada en Salta se reedite, o que la situación se salga de cauce con la aparición de servicios que fogoneen cortes violentos. Por eso, el grupo empezó a delinear una estrategia con los siguientes puntos centrales:
Tomando un modelo ya probado en La Matanza, se dará a conocer con anticipación los lugares en los que se interrumpirá el tránsito. “La ideaes dejar en todos los casos abierto un camino alternativo al tránsito, para que la gente pueda ir a trabajar”, señaló Alderete.
Este cronograma de cortes será utilizado también como una manera de separar la paja del trigo. “Es el mejor resguardo contra la acción de provocadores. Queremos que funcione como garantía de que todo será pacífico y previsible.”
En tercer lugar, en cada cortes se sumarán a los piqueteros otros sectores, como docentes, estatales, jubilados con sus propias demandas.
Habrá también un reclamo general por la libertad y el desprocesamiento de los detenidos sociales (como Emilio Alí, José Barraza o Raúl Castells) y la derogación del decreto-ley del ajuste.
Si finalmente deciden concurrir a la reunión con Bullrich, anticiparon los dos dirigentes, será más que nada para informar esos puntos y entregarel petitorio votado en la asamblea.
En las oficinas de la ministra ayer se barajaba la idea de contraproponer mecanismos para encuadrar y dar un marco de legalidad a la protesta. Un camino sería la sindicalización del sector y la elección de representantes que puedan funcionar como “interlocutores válidos” ante el Gobierno. Pero la posibilidad, hasta ahora, sólo parece interesar a la mitad de las organizaciones involucradas. La FTV la ha reclamado; la CCC se opone porque considera que la desocupación debe ser entendida como un estado transitorio.

BAYLAC DESMENTIDO TRAS INTERPRETAR UNA ENCUESTA
Una refutación muy calificada

Juan Pablo Baylac se tomó en serio su rol de vocero presidencial. Tanto que ayer, entre tantas defensas de la gestión de Fernando de la Rúa, hizo una particular lectura de una encuesta, para considerar que la sociedad argentina le brinda un “rotundo” respaldo al ajuste lanzado por el Gobierno. Pero quien salió a contestarle no fue ningún miembro de la oposición, o algún aliancista crítico, sino el propio titular de la empresa que realizó la encuesta.
Se trata de Jorge Giacobbe, titular de la consultora Giacobbe y asociados, quien explicó a Página/12 que aunque la mayoría de la población de Capital aprueba la idea de llegar al déficit cero, rechaza contundentemente el camino que eligió el Gobierno para alcanzar ese objetivo.
“Hay una mayoría silenciosa que está brindando apoyo a las decisiones del Gobierno”, dijo Baylac, en una de sus habituales intervenciones públicas. Sin embargo, Giacobbe puso los puntos sobre las íes. “El trabajo sólo abarca a la ciudad de Buenos Aires, así que mal puede hablar Baylac de un apoyo de toda la sociedad. Y hablar de una ‘mayoría silenciosa es inexacto”, señaló.
Los números sobre la propuesta del Gobierno de impulsar el déficit cero son claros: un 62, 8 % la aprueba, un 33, 4 la rechaza, y sólo un 3,8 no sabe o no contesta. Pero, como indica Giacobbe, “hay una notable capacidad de la opinión pública en separar la idea de ‘déficit cero’ de la justicia de su mecánica instrumental original”.
En cuanto a la forma elegida por el Gobierno para realizar el ajuste, un 74 % de los encuestados no aprueba la disminución de los sueldos estatales, e inclusive dentro del 24, 6 % que sí apoya la medida, hay un sector que lo hace condicionado a que la guadaña pase nada más que por los salarios altos. El tema de las jubilaciones es más categórico: un 95, 6 % rechaza su recorte, y dentro del 3,4 que piensa lo contrario, varios encuestados aclararon que sólo se referían a los haberes de privilegio.

Informe: Alejandro Cánepa.

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