Por Irina Hauser

José J. Ponce, un albañil de 47 años que vive en el pueblo riojano de Olta, admitió ayer ante la Justicia que cobra desde 1999 una jubilación trucha del Banco de La Rioja. Un político local que estaba haciendo campaña le ofreció el retiro a cambio de que él y su veintena de familiares lo votaran, relató Ponce. Necesitaba la plata para mantener a sus ocho hijos, aseguró al presentarse espontáneamente en tribunales. Fue la primera de las 148 indagatorias a beneficiarios de jubilaciones que ayer mismo ordenó el juez Rodolfo Canicoba Corral al hacer lugar al pedido que formuló la semana pasada el fiscal Guillermo Marijuán.
En Olta nunca existió sucursal alguna del Banco de La Rioja. A Ponce le tramitó la jubilación bancaria Diego Alvarez, que era el titular del Organismo Interjurisdiccional que otorgaba los retiros y ahora es uno de los principales asesores del gobernador riojano Angel Maza, según informaron funcionarios de la causa. Alvarez también le consiguió un retiro privilegiado de 2152 pesos a su esposa, Silvia Estela Leo, a pesar de que jamás trabajó para el banco provincial. Ella integra la larga lista de llamados a indagatoria por los posibles delitos de defraudación a la administración pública y falsificación de documento.
Ponce tuvo menos suerte que Leo, ya que a él le asignaron 829 pesos mensuales. Ayer a la mañana golpeó la puerta de la fiscalía, en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002, y ofreció contar su historia. Acompañado por el defensor oficial Gustavo Kollmann, terminó declarando bajo juramento ante los secretarios de Canicoba Corral y el fiscal Marijuán, quienes quedaron conmovidos ante las palabras de ese hombre humilde que decía haber aceptado por desesperación la jubilación falsa a cambio de un favor político. Ante las preguntas, reconoció –por ejemplo– que había aportado su foto para el armado de un expediente apócrifo que consignaba una supuesta relación laboral con el banco de La Rioja desde el 10 de febrero de 1972 hasta el 31 de marzo de 1996. Los papeles llevaban un sello de Francisco Valdez, quien había sido gerente de la institución pero aseguró al declarar que la firma que aparecía no era la suya.
El testimonio del “arrepentido” Ponce revela uno de los “criterios” de otorgamiento de las jubilaciones falsas. Pero la compra de votos no era la única forma en que se podía llegar a ellas. En algunos casos bastaba ser amigo, familiar o conocido de algún funcionario provincial. De hecho, en la nómina de indagatorias entre otros figuran: el profesor de tenis de Zulemita, Edgar Romero Chacón, jubilado como bancario a los 34 años; la diputada Marta Rivadera, con un retiro de 2.918 pesos; Gladys Susana Maza, pariente del gobernador Maza, jubilada a los 44 años por 1.037 pesos por mes; el masajista de Carlos Menem, Miguel Buongiorno, con 2.139 de jubilación; el director del diario oficialista riojano El Independiente, Lucio Córdoba, aparece cobrando un beneficio de 1.743 pesos.
Los 147 interrogatorios pendientes comenzarán el 3 de septiembre. A esos casos corresponden jubilaciones otorgadas desde 1996 que oscilan entre los 800 y los 6000 pesos, lo que implicaría un fraude al Estado de alrededor de 10 millones de pesos. La pesquisa, de todos modos, abarca en total 747 casos y una defraudación estimada, por ahora, en unos 60 millones. Ponce, por su parte, tarde o temprano será procesado. Con todo, a medida que avancen los interrogatorios la pesquisa apuntará a establecer las responsabilidades de los funcionarios que crearon e hicieron andar la máquina de los retiros truchos. Ellos podrían ser acusados de asociación ilícita, como solicitó la ANSeS cuando denunció las irregularidades.
Los alcances de la causa preocupan al poder riojano. Cuando Marijuán regresó a Buenos Aires después de los primeros allanamientos en La Rioja, denunció que Maza había dicho ante la prensa que su presencia era una persecución política. Tiempo después, el fiscal recibió un pequeño ataúd con la leyenda “cortala con las jubilaciones”. En el ínterin, el camión que traía los expedientes jubilatorios fue atacado a balazos cuandoingresaba a Capital Federal. La semana pasada el gerente de Control y Prevención del Fraude de la ANSeS, Juan José Lexajeborde, recibió amenazas por e-mail. El senador Eduardo Menem también mostró su desagrado: “El fiscal quiere el bronce”, interpretó haciendo gala de la independencia de poderes.

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