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Página/12
en Brasil
Por
Darío Pignotti
Desde San Pablo
 “En
democracia, las Fuerzas Armadas no deben cumplir funciones de policía,
eso es propio de una dictadura”. Es la lectura del investigador Fernando
Salla sobre la medida dictada por el gobierno brasileño ante la
cadena de rebeliones policiales desatadas y las que fermentan en 12 provincias.
Las imágenes de Bahía, donde los huelguistas suspendieron
la vigilancia en las calles, “parecían la de un país
en guerra civil no declarada, con ametralladoras pesadas apuntando a civiles
y soldados tomando la ciudad”. El jueves pasado, el presidente Fernando
Henrique Cardoso optó por la militarización en casos excepcionales
luego de recibir a una docena de gobernadores y consultar a sus ministros
José Gregori, de Justicia, y el general Alberto Cardoso, de Seguridad
Institucional. El jurista Gregori enfrentó la militarización;
el general Cardoso la defendió. Finalmente el presidente optó
por la opinión del militar.
La “violencia abierta o escondida” es un dato constitutivo del
“orden establecido en Brasil desde la esclavitud para acá”
y esta crisis “la pone en evidencia”, dice Salla, miembro del
reconocido Núcleo de Estudios sobre la Violencia de la Universidad
de San Pablo (USP). Salla desmontó con Página/12 las “múltiples
bombas de tiempo que esconde este proceso y no son consideradas seriamente
porque la opinión pública está angustiada, y un poco
histérica, por su propia inseguridad”.
–¿Cuáles son esas bombas?
–Hay bombas de efecto inmediato y de efecto mediato. El inmediato
son estas huelgas armadas de la policía, son hechos graves, no
por la reivindicación sino porque se comportan como corporación
y se apropian de las armas que la sociedad les entregó para otro
fin. La otra bomba inmediata es el debilitamiento del ministro de Justicia
José Gregori.
–Un jurista con antecedentes en la defensa de los derechos humanos.
–José Gregori es un hombre muy conocido en el foro paulista
por esos antecedentes. Es cierto que su cargo está debilitado también
por las presiones policiales y otros temas.
–¿Cuáles son las bombas de efecto retardado?
–La medida provisoria firmada por el presidente Cardoso mete a los
militares en tareas en las que no son aptos y que en una democracia no
les corresponden. Es preocupante. Es claro que los militares salen con
más poder aunque digan que no quieren actuar como policías.
Es claro que el general Cardoso también se fortalece y es claro
que ahora los militares recuperaron una atribución que les quitó
la Constitución de 1988. La militarización es un mal antecedente
en un país donde la cuestión social se trata como una cuestión
policial.
–Es sugestivo que los gobernadores del Nordeste hayan apoyado la
militarización en este contexto de sequía.
–El presidente tuvo el respaldo de los gobernadores de Pará,
Pernambuco y Bahía, provincias donde hay movilizaciones sociales
frecuentes y una miseria terrible que se amplifica con la sequía.
La confrontación con el Movimiento de los Sin Tierra (MST) suele
ser brutal con la policía de Pernambuco que ya lleva casi un mes
de paro. Imagínese que puede ocurrir si el Ejército llega
hoy a Pernambuco, donde el MST respalda el saqueo de gallinas porque se
están muriendo de hambre. Yo creo que en esas provincias los gobernadores
están a gusto si se descarga una represión salvaje y ellos
no pagan el precio político.
–¿Cree probable un estallido policial nacional?
–Mientras San Pablo y Río no se sumen será difícil
que suceda algo así, y de momento no parece inminente, aunque está
ocurriendo algo que noocurría con los cuadros inferiores: están
teniendo conductas más homogéneas. Los cabos, sargentos
y subtenientes, son los que amenazan una huelga nacional si tienen éxito
en una asamblea convocada de aquí a 15 días.
–¿Hasta donde puede llegar el movimiento?
–Nadie sabe bien, pero es cierto que tiene algunas características
singulares y hay mucho descontento en la base de la pirámide policial.
Es peligroso que esto madure porque la lógica policial está
alimentada de impunidad, violencia y corrupción. Si ganan políticamente
y se sienten más fuertes irán por más poder corporativo.
–¿Cuál sería el efecto fáctico?
–Si ganan más poder nadie podrá meter mano en las causas
por tortura o corrupción, ellos controlarán el proceso internamente.
Por eso se plantea en Brasil la posibilidad de que el Ministerio Público
y organizaciones humanitarias actúen con poder auditor dentro de
la policía.
–Hay quienes proponen democratizar la policía. ¿Es
posible?
–Es imposible por su propia lógica funcional. No se puede
deliberar mucho a la hora de reducir un asalto. Creo que pese a eso puede
reformarse una verticalidad y unos reglamentos muy rígidos que
se heredan de los tiempos en que la policía dependía de
los militares.
–¿Cuánto influyen las huelgas en la opinión
civil frente a la violencia?
–Mucho, porque siembran el desamparo y favorecen la histeria colectiva,
dan la palabra a los sectores conservadores. Es interesante como los hechos
de Bahía le dieron la palabra a quienes piden pena de muerte o
reducción de la edad mínima para condenar a un menor. Aunque
no toda la opinión pública brasileña es conservadora
o pro mano dura.
–El coronel Ubiratan, condenado a 632 años por la matanza
de 111 presos en 1992, fue muy aplaudido por el público hace 15
días.
–Fue aplaudido por una clase media y alta que celebra este código
penal que defiende mucho la propiedad y poco la vida. Ese sector de la
población que blinda sus autos (Brasil es el tercer mercado mundial
de blindaje) a veces se muerde la cola cuando descubre que vive en ghettos
porque afuera hay una guerra de policías, delincuentes y pobres.
–El delegado policial José Vicente, personaje atípico,
dijo que la ley sólo se aplica contra tres p: pobres, putas y pretos
(negros).
–A eso es que está acostumbrada esta policía, mientras
da amparo al delito organizado. Esta policía ha sido educada en
la doctrina de criminalizar la pobreza. De dar palos y tiros al pobre,
por derecha o con los escuadrones de la muerte. Yo quisiera ver a los
huelguistas reclamando contra esos escuadrones de la muerte.
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