Por Javier Lorca

El Ministerio de Educación y los rectores están negociando una salida para la tensión que, comprimida en la comunidad universitaria, mantiene en suspenso el inicio de las clases por el recorte de los salarios docentes y no docentes. Una de las alternativas que estudian el ministro Andrés Delich y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es recurrir a los aportes patronales que más de diez universidades no pagan desde hace dos o tres años, según los casos. Hasta ahora, las partes no lo publicitaron porque no quieren que “la universidad aparezca como beneficiándose en un momento en que el ajuste alcanza hasta a los jubilados”. Los recursos que las casas de estudios conservan depositados en diversas cuentas bancarias superan los 110 millones de pesos: “La idea es usar esos fondos solidariamente con todo el sistema universitario y también darle una parte al Estado en estos momentos de crisis”, dijo a Página/12 el presidente del CIN, Adolfo Torres.
Tras reunirse durante horas el jueves pasado, Delich y los rectores acordaron formar una comisión conjunta para analizar tres puntos: el régimen de incompatibilidades docentes y su aplicación; el programa de incentivo a los docentes investigadores; y la cuestión de los aportes patronales.
Cuando, a mediados de los `90, se bajaron los aportes patronales que debían pagar las entidades privadas (universidades incluidas), las casas de estudios públicas reclamaron el mismo trato. Y muchas iniciaron juicios por discriminación: ellas debían pagar casi un 24 por ciento, contando los aportes para obra social, y las universidades privadas gozaban de un porcentaje inferior, variable según las regiones. Con algunos fallos favorables y mientras continuaban los juicios, en lugar de seguir pagando el total de los aportes, varias universidades públicas comenzaron a retener un porcentaje (el que las diferenciaba de las privadas) y a depositarlo en algún banco. Esto comenzó en 1998 y seguramente terminará ahora, ya que acaba de aumentarse el aporte de las entidades privadas. Pese a que hay reticencia a difundir cuántos pesos hay en juego, este diario averiguó que la UBA tiene depositados unos cien millones; la Universidad del Nordeste otros diez; y que la lista sigue hasta completar una decena de casos.
Los rectores pretenden que esos fondos (hoy trabados para las universidades y también para el Estado) puedan usarse ahora para enfrentar la crisis. La negociación con el ministerio está planteada como una forma de cancelar los 88 millones de pesos que el Estado le debe al sistema universitario, compromisos no devengados correspondientes a los presupuestos de 1999 y 2000. “Todavía no hay nada definido, pero sería una forma interesante para que las universidades puedan desahogarse un poco”, comentó un funcionario de Educación. Delich ya habría pedido la opinión de la AFIP y la Procuraduría General del Tesoro.
“La discusión va a ser muy compleja porque algunas universidades hemos pagado todos los aportes. Si les condonan la deuda a las que no pagaron, nosotros vamos a reclamar que nos devuelvan lo que ya pagamos”, avisó un rector. Para evitar eso es que se ha hablado de usar los depósitos “solidariamente” y de, a la vez, devolverle una porción al Estado. Pero hay otro problema: “¿Qué va a pasar con los rectores que no pagaron los aportes, pero que tampoco depositaron el dinero, sino que se lo gastaron?”, disparan algunos desde los pasillos del CIN, con estricta reserva de sus nombres.
Mientras sigue esa negociación a puertas cerradas, con el ajuste sancionado por ley se acabó la principal defensa que tenían las universidades: “El decreto que regía hasta ahora no podía alcanzar al sistema porque es autónomo –dijo el titular del CIN–. La ley le da mayor legitimidad al ajuste”. Cuando vayan dejando atrás el receso invernal, las casas de estudios deberán resolver cómo aplican hacia dentro el recorte.”Al ser autónomas y autárquicas, podemos reprogramar como queramos el ajuste y la escala salarial”, se dijo desde el Rectorado de la UBA. En ese marco, las casas de estudios no tendrían que regirse por el piso de 500 pesos para podar los salarios, aunque se prevé que la mayoría lo hará.
Una de las discusiones que se entablarán es si el recorte se aplicará por cargos o por legajos. Un docente con una dedicación simple o semiexclusiva está por debajo del piso salarial fijado. Pero muchos de los que están en esa situación tienen más de un cargo y suman un sueldo global mayor. Si la tijera se guía por cargos, saldrán indemnes. Si se guía por legajos (como se estima), saldrán podados. Algunas universidades impulsan la primera alternativa y el Gobierno, la segunda. Otro problema, ligado, es qué pasará con los que tienen cargos en diferentes instituciones. “Ahí va a ser imposible discriminar. En esos casos se van a salvar del recorte”, confió un rector.

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