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 Resquebrajado. Así se
encuentra el sistema educativo público bonaerense, mientras recibe
sobre sus espaldas el peso de la crisis económica que no respeta
fronteras dentro del país. El mismísimo director de Cultura
y Educación de la provincia de Buenos Aires, José Octavio
Bordón, confesó que le pedirá al gobernador Carlos
Ruckauf “la declaración de la emergencia social y financiera”
del sector y los gremios provinciales estarían prácticamente
decididos a no reiniciar las clases este lunes.
“Estamos en el medio de una crisis muy grande”, reconoció
Bordón ayer, al poner en funciones al nuevo director de Coordinación
de Consejos Escolares, Gustavo Grasso. Después de asegurar que
le pedirá a Ruckauf que declare “en emergencia” al sector
educativo, afirmó que van “a garantizar las clases”.
Sin embargo, desde el sector gremial ya están en guardia. Hoy se
realizará un plenario de los tres sindicatos educativos de la provincia:
el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
(Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato
Argentino de Docentes Privados (Sadop). Allí quedaría establecido
que los docentes no retomarán las clases este lunes.
“Acá hay que tomar un plan de acción de lucha contra
el ajuste, los intentos de recortes salariales, los congelamientos de
escalafón y para ponerle un freno a esta política de deterioro
de la educación pública”, le dijo a Página/12
Hugo Yasky, secretario general del Suteba. “A partir de la semana
que viene haremos un plan de lucha novedoso, con distintas medidas que
ya se irán conociendo”, agregó.
Los problemas del sistema de educación pública bonaerense
son múltiples. En primer lugar, para llevar adelante el ajuste
que pergeñó Ruckauf, Bordón decidió congelar
los aumentos por antigüedad para los docentes, como así también
los beneficios por zonas desfavorables, para quienes trabajan en escuelas
rurales. Por el otro, ya hubo demoras en el pago de la última cuota
del Fondo del Incentivo Docente, y Bordón ya anticipó que
no hay fecha de pago para los sueldos de julio. Además, hay que
sumar el crónico déficit de infraestructura en cientos de
establecimientos de la provincia.
“El gobierno bonaerense parece que acaba de descubrir que tiene un
déficit financiero que en realidad existe desde 1997. No podemos
aceptar que este agujero financiero se solucione echando mano del salario
de los trabajadores”, disparó Yasky. “Y si desde la provincia
tratan de pasarle la responsabilidad al Gobierno nacional, eso sería
transformar a los docentes en rehenes”, remató el gremialista.
Bordón ya abrió el paraguas, y vinculó el pago de
los sueldos de julio “a que ingresen los recursos de la Nación
y a que mejore la recaudación en la provincia”. Para peor,
los docentes de escuelas privadas que son subsidiadas enteramente por
el Estado provincial, también recibirán en Patacones la
parte de su sueldo que supere los 700 pesos. En territorio bonaerense,
hasta la educación parece estar al borde del default.
Informe: Alejandro Cánepa.
FALLO
CONTRA LOS PATACONES
Prohibidos los bonos
Mientras le reclama al Poder
Ejecutivo los fondos por coparticipación e intenta justificar la
demora de los pagos de sueldos por problemas en la impresión de
los bonos, el ajuste vía patacones implementado por el gobernador
Carlos Ruckauf sigue sumando fallos judiciales en contra. El conjuez de
San Isidro Gustavo Capponi hizo lugar ayer a la medida de no innovar presentada
por el camarista Fernando Maroto, ordenó al gobierno provincial
el uso de monedas de curso legal y requirió a la Fiscalía
de Estado provincial un informe circunstanciado de antecedentes y fundamentos.
La medida se suma al fallo del juez laboral Claudio Andino, que la semana
pasada le ordenó al gobierno abstenerse de pagar con bonos a los
13 empleados de la sala I de la Cámara Federal de San Isidro que
preside Maroto. El fallo de Andino fue apelado ayer por el gobierno. El
asesor de la fiscalía de Estado bonaerense, Roberto Ripobaldi,
puntualizó que la apelación del gobierno provincial al impedimento
de pagar en patacones quedó radicada ante la Cámara Laboral
del Departamento Judicial de La Matanza. El juez Andino había hecho
lugar a un pedido del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación
de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB)
y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), todos nucleados
en la central obrera CTA.
En su recurso de amparo Maroto solicitó que se declare la inconstitucionalidad
de la medida, sugirió la necesidad de investigar las causas del
colapso de la economía provincial, y afirmó que “utilizar
los salarios y remuneraciones de los miembros del Poder Judicial como
una variable de ajuste constituye una medida ilegal, arbitraria, injusta
y fundamentalmente lesiva de derechos constitucionales que de ningún
modo los poderes del estado provincial pueden afectar a su voluntad”.
También recuerdo que la Corte Suprema estableció la intangibilidad
de los sueldos de los jueces como “garantía de independencia
del poder judicial”, establecida no por los jueces en sí sino
“en mira a la institución de dicho poder”. Luego de conocer
la resolución y de escuchar las declaraciones de Ruckauf, quien
anticipó que la provincia no pagará en el plazo establecido,
Maroto adelantó que va a intimar al gobernador bajo apercibimiento
de incurrir en responsabilidad: “El juez dio una orden. El gobierno
no puede desobedecer y decir que no tiene plata. Si lo dice, tendrá
que explicar por qué”.
El secretario de la CGT rebelde, Hugo Moyano, sostuvo que el pago con
patacones “es un tema que no tiene solución”, porque
remarcó que “la gente tiene mucha bronca y no está
dispuesta a cobrar con papeles pintados”.
“Es difícil saber cómo se puede resolver esto: el Gobierno
nacional no puede pagar y en las provincias no hay un centavo”, indicó
Moyano a radio Splendid.
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