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Alderete busca
ser desprocesado
y zafar de la prisión
preventiva
Arslanian, su principal defensor, lo pidió en una presentación ante la Cámara. Confía en que el Tribunal le concederá su pedido. Su optimismo deriva de un fallo de la Corte Suprema que parece allanarle el camino.

Por Adriana Meyer

Víctor Alderete hizo los deberes para tratar de salir de la cárcel. Ayer, los abogados defensores del ex funcionario, detenido desde el 16 de junio de 2000 acusado de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, apelaron su procesamiento y prisión preventiva. El ex presidente del PAMI podría ser liberado si la Cámara Federal coincidiera con los argumentos volcados en el extenso escrito de los letrados. En Tribunales apuestan a una segura liberación, a partir del fallo de la Corte Suprema que prácticamente demolió el caso.
El recurso presentado se refiere a la segunda calificación penal que el ex juez federal Adolfo Bagnasco impuso a Alderete, como “jefe u organizador de una asociación ilícita”. Según León Arslanian, a partir de un fallo de la Corte Suprema de mayo de este año, “hay un hecho nuevo” que ameritaría la revocatoria del procesamiento y la prisión preventiva, con lo que “Alderete debería salir en libertad”. El defensor entiende que “la Corte le dijo al juez y a la Cámara que no estaban acreditados los hechos por los que fue dictado el procesamiento. No hay ninguna pericia, no está demostrado que se comprometieran fondos del Estado, no se resolvió la condición o calidad jurídica del PAMI –si es un ente público o privado– y tampoco está demostrada la posibilidad de un perjuicio”.
Poco antes de renunciar y pasar a la actividad privada, el 12 de febrero, Bagnasco le amplió el procesamiento a Alderete como jefe de una asociación ilícita y le trabó un embargo por 7 millones y medio de pesos. Pero lo había detenido en junio al acusarlo de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La gubernamental Oficina Anticorrupción (OA) había hecho la denuncia presentando cinco “contratostestigo” en los que Alderete ordenó el pago de prestaciones “con montos excesivos” en algunos casos e “incumplidas” en otros, convenidas con cinco sociedades anónimas: Adversiting Image, Instituto de Macropsicología, CerCoMan, Imara y Bureau Veritas. Si bien ese delito es excarcelable, el magistrado consideró que el ex funcionario podría “eludir la acción de la Justicia o entorpecer la marcha de la pesquisa”.
El 15 de mayo la Corte Suprema hizo lugar a un recurso presentado por Arslanian y revocó el fallo de Bagnasco, al que consideró “arbitrario y falto de fundamento”, y ordenó una nueva sentencia. Pero Alderete siguió preso en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería por el delito de asociación ilícita, dado que había sido procesado con posterioridad. De todos modos, la investigación de Bagnasco y el procesamiento quedaron tan severamente cuestionados que todos en Tribunales coinciden en aventurar que la Cámara casi no tiene margen para prolongar la detención del ex funcionario. La Corte también criticó duramente a los camaristas que habían confirmado el primer procesamiento de Bagnasco.
Envalentonada con ese fallo, la defensa de Alderete apuntó su artillería hacia los camaristas de la sala II, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi. Martín Irurzun no participa ahora del caso porque integró la sala I al momento de la resolución cuestionada por la Corte. Además, denunció a Bagnasco por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación de la libertad y prevaricato. El ex presidente del PAMI acusó al ex magistrado de utilizar su detención para beneficiar su potencial carrera política. El juez había hecho pública su predisposición a actuar en política pero nunca lo concretó.
“Los elementos de prueba que evaluó el juez para la nueva resolución son los mismos, pero con un agregado: en el ínterin no se produjo ningún hecho novedoso que ameritara cambiar la falta de mérito que el propio Bagnasco había dictado poco antes por el cargo de asociación ilícita”, señaló Arslanian en el voluminoso memorial de apelación presentado ayer. Elabogado explicó que “ninguno de los requisitos de la asociación ilícita concurren en este caso. No hay delito contra la tranquilidad pública. Se trata, en todo caso, de un delito patrimonial. Las personas no se asociaron para cometer una serie indeterminada de delitos. Sólo en el plano hipotético, para delitos muy determinados”. Y concluyó que “si triunfamos en la Cámara, Alderete debería estar libre”.

 

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