Por Julio Nudler

Mañana comienza la semana que puede decidir la suerte de la deuda argentina y de la convertibilidad. Tras la estancia de John Taylor, número dos del Tesoro norteamericano, en Buenos Aires, entre viernes y sábado, se aguarda el veredicto de Estados Unidos, cuando el informe del enviado suba al nivel de Paul O’Neill, secretario del Tesoro, y de allí a George W. Bush. Las alternativas pueden ser básicamente tres. La soñada por el gobierno argentino es que Washington instruya al Fondo Monetario para brindar una cuantiosa asistencia adicional, de como mínimo unos 5000 millones de dólares, mediante una ampliación del blindaje u otro mecanismo, y que el anuncio de esa decisión, o de la apertura de negociaciones con ese propósito, modere el riesgo país y frene localmente la corrida de depósitos. Caben, sin embargo, otras dos opciones. Una es que el auxilio externo resulte decepcionante, limitándose al desembolso anticipado de alguna cuota adicional del blindaje I, al saberse lo cual arrecie la fuga de depósitos, o que se consiga otro buen paquete de ayuda, pero resulte inocuo porque no convenza a los tenedores de títulos ni a los depositantes con plazos fijos que venzan estos días. En ambas disyuntivas, el último dique opuesto al torrente sólo podría soportar unas pocas semanas, dependiendo de cuánto se acelere la fuga. Con ésta se derrumbaría el Déficit Cero al escurrirse la recaudación impositiva, y en varios bancos el agotamiento de las reservas de liquidez destellaría luces rojas. A partir de ese punto, Fernando de la Rúa debería tomar la decisión más dramática de su presidencia: aguantar hasta el final la sangría de depósitos y reservas, o yugularla con la suspensión de pagos de la deuda, más el conjunto de otras medidas que probablemente deberían acompañarla, como un bloqueo selectivo de depósitos. El jefe del Estado tendría que elegir, además, entre devaluar el peso y dolarizar. Reventadas las reglas de juego que imperaron por más de 10 años, el marasmo no le daría tiempo para sentarse a pensar cuál camino tomar. Pero también necesitaría saber, en el mismo acto, quién ejecutaría el mentado Plan B. Parece en principio difícil, aunque no descartable, que sea Domingo Cavallo. Suplentes en el banco no hay, por lo que una vez más se piensa en Chrystian Colombo, quien ya fuera vislumbrado como sucesor de José Luis Machinea.
“La cesación de pagos sería hoy una medida popular en la Argentina, sobre todo si fuera la alternativa a anunciar una amputación del 25 por ciento en los sueldos públicos y las jubilaciones. Por tanto, es posible que Cavallo acepte encargarse del operativo”, razonó ayer ante Página/12 un economista radical que pidió anonimato. De algún modo, el cordobés sería fiel a su historia, vertebrada por la socialización de la deuda privada externa en 1982 y por el Plan Bónex a fines de 1989.
Sin embargo, aunque el impago de la deuda aparecería como un primer gran gesto de equidad, afectando a los acreedores (“¡ellos también pagan la crisis!” sería un bonito eslogan), sólo representaría uno de los pasos reclamados por el colapso. Dado que en los activos de la banca local hay bonos del Estado por unos 15.000 millones, algo habría que resolver respecto de los pasivos dolarizados del sistema financiero, en especial los plazos fijos, que además de bloqueados deberían sufrir alguna punción. Si a este cuadro se sumase una devaluación del peso, por el método de su flotación en el mercado, como ocurre en Brasil y en casi todo el mundo, los bancos también afrontarían serios problemas con otros activos dolarizados, como las carteras hipotecarias. Todo ello aumentaría la necesidad de afectar los depósitos en moneda extranjera.
Es este escenario, entrevisto por inversores y ahorristas, el que precisamente precipita la huida de fondos. Además del miedo a la devaluación, que determina una vasta brecha de tasas entre pesos y dólares, también escapan estos últimos. Esto indica que una dolarización unilateral no serviría de nada, o más bien les facilitaría, a quienes aún están en pesos, la emigración de sus fondos. Más eficaz, como recurso desesperado, sería dolarizar bajo la marquesina de un tratado monetariocon Estados Unidos, aunque para ello habría que suponer que la Reserva Federal lo aprobaría. Lo único que hay, por ahora, son versiones acerca de sondeos reservados con ese objetivo.
Pero tragos amargos habría otros varios, como la suerte que correrá el 62 por ciento (casi u$s 14 mil millones) de los fondos jubilatorios que tienen los aportantes en las AFJP y corresponden a títulos públicos. En cuanto a la manera de presentar afuera el corte de manga, la más natural sería argumentar que la Argentina reconocerá lo que es ya el actual valor de mercado de la deuda, es decir, aproximadamente un 60 por ciento. Esto es, una quita del 40 por ciento, vía capital o intereses, lo cual se parecería mucho a propuestas que circulan en el mundo académico-financiero estadounidense, como las de Charles Calomiris o Alan Meltzer.
En la disyuntiva de desconocer parte de la deuda y de ingresar en una renegociación de las condiciones futuras, De la Rúa podría apartarse del criterio con que eligió a los tres ministros de Economía que tuvo hasta el momento, y sobre los cuales mostró un temible poder de destrucción. Tanto Machinea como López Murphy y Cavallo le decían al presidente que debían mantenerse las reglas de juego (convertibilidad, etcétera). Ante sucesivos fracasos, lo que hizo el presidente fue sustituir a un ministro por otro que, en principio, le garantizaran una mayor confianza de los mercados, lo cual tampoco le valió de nada. Después del tiro del final, toda esta lógica perdería validez.
La nueva situación le plantearía al morador de Olivos un desafío hasta ahora impensado para él: tener que escoger entre una variedad vertiginosa de propuestas y senderos diferentes, sin contar con un cuerpo de asesores propios en cuestiones económicas, más allá de Fernando De Santibañes. En este contexto, una figura como la del actual Jefe de Gabinete, carente de equipo pero en pleno afán de estructurarlo, mediatizaría el problema para el conductor del Estado. De todas formas, ya hay piezas colocadas para la lucha que se vendría. La presencia de Roque Maccarone y, ahora, la de Mario Blejer en el BCRA se explica como la captura de posiciones estratégicas por parte de diferentes círculos financieros.
Cómo será la (continuación de la) pesadilla es un interrogante que irá develándose hacia el jueves o el viernes, cuando el Banco Central brinde los datos -primeros y aproximativos- de la variación de depósitos registrada 48 horas antes. En otros términos: si las noticias sobre el veredicto llegaran pasado mañana temprano desde Washington, el jueves podría medirse la primera reacción del público. Si no, el día siguiente. En ese momento podría inferirse el curso ulterior de los acontecimientos, aunque nunca con precisión. Lo novedoso de esta tumultuosa circunstancia es que si desembocara en cesación de pagos y ruptura de la convertibilidad, ante el Gobierno se desplegarían muchísimas alternativas de política, si bien bajo la presión agobiante de los grupos de interés. Esas múltiples combinaciones posibles contrastarían con el cepo actual, en el que la política económica se ha reducido a una cuenta de almacenero, pero ocurriría en condiciones durísimas por el impacto de una devaluación de imprevisible diagnóstico sobre una economía dolarizada.
Suponiendo que de Taylor a Horst Köhler, director ejecutivo del FMI, todos se coaliguen para rescatar a la Argentina, nada definitivo se resolvería con la ayuda, que lógicamente se sumaría a la deuda nacional. Pasado el sofocón, al país aún le faltaría una estrategia creíble de reactivación primero y crecimiento después, no sólo en términos económicos sino también de contexto político. Eludir el default no resolverá la falta de competitividad, agudizada por las devaluaciones ajenas. Vale decir que, incluso después de haber tranquilizado a los acreedores, la ausencia de despegue y las dudas sobre la paridad seguirían correteando como roedores por la escena.
En cualquier caso, ningún caudal de financiación multilateral resolverá por mucho tiempo el problema si los mercados de crédito voluntario no sereabren para el país más temprano que tarde en 2002, y la salida de capitales no se convierte en ingreso.

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