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Por
Eduardo Videla
 El
Gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires se pusieron de acuerdo
sobre el destino del predio donde aún se levanta la cárcel
de Caseros: la Nación cederá las dos manzanas del predio
a cambio de que se autorice la construcción de un edificio de ocho
pisos, que será la sede central del Servicio Penitenciario Federal,
al que las autoridades ya denominan Edificio Candado. También acordaron
demoler casi en su totalidad los muros de la cárcel vieja, ubicada
sobre la avenida Caseros, de la cual se preservará sólo
una parte por su valor histórico. Con respecto a la torre de veinte
pisos, ya estaba decidida su demolición y sólo resta saber
qué método se utilizará, para ponerle fecha al derrumbe.
En esas dos manzanas habrá edificios para viviendas, una plaza,
una escuela y un centro cultural. Las propuestas se volcarán en
la audiencia pública convocada para el 24 de agosto y quedarán
selladas en una ley, que sancionará la Legislatura a fines de septiembre.
“Hay un acuerdo por el cual la ciudad cedería parte de la
superficie que va a construir –escuela y centro cultural– para
permitir que se levante un edificio para el Servicio Penitenciario, destinado
exclusivamente a actividades administrativas”, anunció a Página/12
el secretario de Asuntos Penitenciarios, Alvaro Ruiz Moreno. Las negociaciones
también contemplan que la ciudad se haga cargo de los costos de
la demolición. El acuerdo, confirmado por funcionarios del Gobierno
porteño, está a punto de cerrarse y sería firmado
en los próximos días por el ministro de Justicia, Jorge
de la Rúa, y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal
Ibarra.
El futuro del predio donde hasta hace un año funcionó el
penal de Caseros se originó en la pretensión del Gobierno
nacional de obtener algún beneficio de la liquidación del
predio. Las dos manzanas, propiedad de la Nación, serán
puestas a la venta a la brevedad y el comprador deberá construir,
además de edificios para viviendas que comercializará, una
escuela, un centro cultural y una plaza. Así lo determina un proyecto
generado a partir de propuestas de los vecinos, que tiene media sanción
de la Legislatura.
En ese proyecto, la Nación sólo recibía el dinero
de la venta del predio. La principal presión vino por parte del
Servicio Penitenciario, que primero quiso preservar el viejo edificio
(Unidad 16) para construir un centro de capacitación penitenciaria.
Esa propuesta, finalmente, fue desestimada: la conservación de
esa muralla, carente de atractivo estético, era rechazada por los
vecinos de Parque de los Patricios. La última propuesta es la construcción
de un edificio para el SPF. “Se trata de 8 mil metros cuadrados,
en ocho pisos, donde se centralizarán todas las actividades administrativas
que el Servicio Penitenciario tiene distribuidas en unos diez edificios,
que serán desafectados. Queremos que tenga un edificio propio,
como la Gendarmería tiene el Centinela y la Prefectura el Guardacostas.
En las reuniones, ya lo denominamos como Edificio Candado”, adelantó
Ruiz Moreno.
El secretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno porteño,
Abel Fatala, confirmó que el jefe de Gobierno le envió la
semana pasada un pedido al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, “para
que el Ejército dictamine cuál es la mejor técnica
para demoler la torre de Caseros sin ocasionar perjuicios a los vecinos
y a los hospitales de la zona”. “Previamente, hay que hacer
todo el trabajo de desguace de rejas y de caños, así como
extraer el asbestos, un material que es nocivo para la salud. Este trabajo
demanda unos cuatro meses”, agregó el secretario de Planeamiento
Urbano, Enrique García Espil.
El diputado Marcelo Vensentini (Alianza), titular de la comisión
de Planeamiento de la Legislatura, estimó que el pedido del Ministerio
de Justicia es “razonable”, aunque aclaró que “la
propuesta debe discutirse con los vecinos en la audiencia pública”.
El proyecto con media sanción espera su aprobación definitiva
para después de la audiencia pública. La demolición
de la ex “cárcel nueva” ya estaba decidida desde hace
una año, cuando abandonó ese lugar el último preso.
La preocupación de los médicos de los hospitales Garrahan
y Udaondo por los posibles daños a los equipamientos que pudiera
ocasionar una implosión hizo que el Ministerio de Justicia sugiriera
utilizar el método tradicional de demolición, mucho más
lento. Los ingenieros del Ejército –que intervinieron en las
demoliciones del Albergue Warnes y Fuerte Apache– insisten en que
la implosión no genera riesgos. Todavía no hay una decisión
tomada.
Mientras tanto, el edificio viejo de Caseros (la U–16) aún
está habitado por 25 detenidos, entre ellos, los policías
procesados por el atentado a la AMIA, que serían trasladados en
los próximos días a la cárcel de máxima seguridad
de Ezeiza.
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