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 La Corte Suprema decidió
ayer achicar el presupuesto del Poder Judicial. De todos modos, el recorte
tendrá un alcance limitado. Según fuentes del máximo
tribunal, sólo afectará a los “gastos administrativos”
y dejará intactos los sueldos de jueces y empleados. La resolución
autoriza a suprimir o renegociar contratos, eliminar horas extra e interrumpir
gastos no esenciales para el funcionamiento de los tribunales. Después
de aprobar la medida, los ministros instruyeron al administrador general
del Tribunal, Nicolás Reyes, para que adopte “las medidas
concretas y puntuales” que permitan instrumentar el ajuste.
En el Gobierno la medida fue tomada con tranquilidad, no causó
euforia, aunque tampoco generó rechazos. De todas formas, el Ministerio
de Economía siguió de cerca las negociaciones que se sucedían
en el Palacio de Justicia. El encargado de monitorear el tema fue el secretario
de Hacienda Jorge Baldrich, quien se reunió con Reyes para transmitirle
las pautas presupuestarias que regirán para el Poder Judicial de
aquí a setiembre. En el Ejecutivo esperaban que la Corte respetara
“el techo” que planteó Economía. En ese caso –decían–
“el objetivo estará cumplido”.
La Corte aprobó el recorte ayer a la mañana por un margen
de siete votos contra dos. A favor votaron Eduardo Moliné O’Connor,
Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Gustavo Bossert y Guillermo
López, además del presidente del Tribunal, Julio Nazareno.
Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano, en cambio, lo hicieron en disidencia
porque pretendían incluir dentro del tijeretazo los sueldos del
Poder Judicial.
En la reunión los ministros analizaron los resultados de un estudio
que le habían encargado a Reyes: éste debía detectar
qué gastos podían recortarse del presupuesto para poder
“acompañar el esfuerzo que los otros integrantes del Estado
y la comunidad toda vienen llevando a cabo para recuperar el equilibrio
de las finanzas públicas”. Una vez que vieron las conclusiones,
le ordenaron a Reyes que suprimiera los gastos para ejecutar “la
restricción presupuestaria que la Corte se comprometió a
realizar”.
Esa orden, sin embargo, incluyó una recomendación especial
para que el ajuste no se aplique sobre las “necesidades básicas
que deben ser satisfechas para permitir el normal desenvolvimiento de
este Poder del Estado”. De esa forma, los miembros de la Corte hicieron
lugar a las demandas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
(AMFJ) y de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación
(UEJN), que se habían manifestado contra una eventual quita salarial.
A primera hora de la mañana, la asociación que agrupa a
los jueces había emitido un documento en el que expresaba su alarma
ante la “pretensión de otros poderes de afectar el presupuesto,
las remuneraciones y beneficios previsionales”. El gremio de los
judiciales, por su parte, se había expresado a través de
su titular, Julio Piumato, quien denunció que existía un
“intento de golpe palaciego” encabezado por Boggiano para aplicar
los recortes salariales a magistrados y empleados.
El dinero con el que funciona el Poder Judicial tiene dos orígenes:
por un lado, los 650 millones de pesos que provienen del Ejecutivo, por
otro los recursos propios que ingresan por la ley de autarquía
económica financiera. De todos esos fondos, un importante porcentaje
(alrededor del 90 por ciento) se utiliza para pagar sueldos. Por eso,
si el ajuste no afecta los salarios, el recorte deberá ser bastante
importante en otros rubros, como infraestructura, viáticos, gastos
de funcionamiento, viajes, etcétera. De cualquier manera, el Gobierno
no descarta que, más adelante, se poden los salarios más
altos. En caso contrario, el descontento social contra los jueces sería
muy fuerte, por su nivel salarial, por ser el único poder del Estado
que no redujo sus ingresos y porque, además, no pagan impuestos.
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OPINION
Por Eduardo Aliverti
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Pegarle a la política
Cavallo guarda violín en bolsa a la hora de llamar por
su nombre a las cosas y los cosos que –según sus propias
palabras– especulan contra el país. En el Senado, todos
están en contra de lo que apoyan. Alfonsín guitarrea
como buen radical: llama a un gobierno de salvación nacional
y no dice cuáles medidas debería implementar un experimento
de esa naturaleza. En síntesis, siguen los aportes de los
políticos a la devaluación de la política.
Lo grave no es el descrédito personal de estos sujetos, claro,
sino la confusión popular que provocan cuando se trata de
identificar a los actores primarios de la agonía nacional.
La muy creíble encuesta de Zuleta Puceiro, publicada hace
unos días por este diario, revela que, a la pregunta de “quién
debe hacer el mayor esfuerzo en el programa de ajuste”, un
77 por ciento de ciudadanos contesta que “el gobierno nacional
y los dirigentes políticos”. Las operaciones de prensa
de la radio de los servicios y sus ejecutantes televisivos; más
la prédica cínica de mucho periodismo pretendidamente
“progre”; más la generalidad de los medios; más
la susodicha autodestrucción de los propios dirigentes siguen
ganando la batalla: mucha, demasiada, la mayoría de la gente,
cree o poco menos que esto se arregla ajustando senadores, concejales,
diputados o funcionarios. Hasta un punto en que mejor no pensar
qué ocurriría si se preguntase por la idea de cerrar
el Congreso para achicar gastos. De hecho, el partido de Cavallo
ya lanzó la de postergar las elecciones y nadie se anima
a esas extravagancias si primero no calcula que son aceptables.
Ni los voceros periodísticos de la derecha se animaron a
desmentir la cuenta que sacó Rodolfo Terragno. Esto es: que
si se cortaran de golpe todos los sueldos “políticos”,
desde el Presidente de la Nación hasta el último concejal
del último paraje del país, el ahorro no representaría
siquiera el equivalente a los intereses de la deuda durante 50 días.
Pegarle a la política es justo, porque está sirviendo
para garantizar la injusticia. Pero es gratis. Gratis para los periodistas
que de esa forma evitan hablar de los grupos empresarios que los
auspician. Gratis para los propios políticos, que eluden
así referirse a las medidas que deberían afectar a
aquellos mismos. Y gratis para el kiosquero, la tía Tota,
el taxista, la dama y el caballero que, en vez de complicarse la
vida con tantos números, toman el atajo de agarrárselas
con algún pirincho –o no– parlamentario.Si el rumbo
conceptual sigue siendo éste se puede firmar ya mismo que
no hay salida. Porque al saqueo de los dueños de la riqueza
y a la complicidad de funcionarios y políticos en general
se los puede combatir. Pero contra la pereza cerebral de las mayorías
es casi imposible.
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