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Por Eduardo Tagliaferro
 Dos tribunales federales discutirán
judicialmente su competencia para esclarecer las explosiones de la fábrica
militar de Río Tercero, en 1995. El juez federal Jorge Urso determinó
ayer que su juzgado, que investiga la venta ilegal de armas a Ecuador
y Croacia, es competente en el caso, ya que considera que la voladura
fue uno de los hechos cometidos por la asociación ilícita
que realizó la maniobra. “No se dará lugar a la petición
del juez Urso”, dijo a las pocas horas de conocerse la resolución
del magistrado porteño un vocero del Tribunal Oral Penal 2 de Córdoba.
Urso coincidió con el dictamen presentado por el fiscal federal,
Carlos Stornelli, en el que se consideraba que las explosiones estaban
vinculadas al accionar de la banda que realizó la venta ilegal
de armas. A lo largo del expediente de Urso, Río Tercero aparece
como centro de operaciones de la maniobra ilegal. En la planta cordobesa
se intentó clonar los cañones italianos Oto Melara, vendidos
a Croacia y también se le pulieron los números y escudos
argentinos de los fusiles que integraron el cargamento enviado a los Balcanes
y a Ecuador. La vinculación entre las explosiones y la venta ilegal
se desprende “del encubrimiento que brota de las actividades desplegadas
en Río Tercero tendientes a ocultar rastros de las maniobras ilícitas
que se investigan en los presentes actuados desde el mes de marzo de 1995”,
afirmó Urso.
El dictamen de Stornelli, antes de que comenzará la feria judicial
de invierno, aceleró los plazos del tribunal oral cordobés,
que inesperadamente anteayer adelantó el llamado de ofrecimiento
de pruebas y notificó a los acusados. Ni bien se conoció
la decisión de Urso, el tribunal cordobés salió a
desestimar el pedido a través de un vocero. “El juez de Río
Cuarto (Luis Martínez) estuvo cinco años investigando, citó
a cuanto testigo y persona quiso declarar en su juzgado, trajo hasta peritos
de Estados Unidos y concluyó que no había pruebas suficientes
para determinar si era accidente o sabotaje”.
“Si algo está probado es que no fue un accidente”, confió
a Página/12 la abogada Ana Gritti, cuyo marido falleció
en la primera explosión y que es querellante en la causa. “Mienten
si dicen que no encontraron las pruebas. Le tienen miedo a decir la verdad
o tuvieron presiones políticas, porque las pruebas las tienen en
sus manos”, afirmó Gritti. “Las pericias químicas
del perito oficial, Marcos Sales, demostraron que el trotyl no arde por
accidente. Para que explote hubo que utilizar un detonador más
un reforzador”, concluyó en diálogo con este diario,
la letrada de Río Tercero.
“Toda explosión deja huellas y hay que saber leerlas”,
es la opinión que entregó públicamente el ingeniero
Alfredo Hraste, perito del operario de Río Tercero Omar Gaviglio.
El peritaje que Hraste entregó en la causa de Martínez en
Río Cuarto fue detallada por Urso y Stornelli al momento de fundamentar
la conexidad de ambas causas. Luego de analizar el trotyl y la existencia
de dos cráteres en el lugar original de la explosión, Hraste
concluye que esas fueron las huellas de un hecho simultáneo e intencional.
Más allá de las declaraciones a la prensa, el tribunal cordobés,
deberá pedir la opinión al fiscal del juicio oral, para
luego fundamentar su competencia de seguir con la causa. La disputa, entre
ambos tribunales, finalmente será resuelta por la Cámara
Nacional de Casación Penal, previa opinión de la Sala II
de la Cámara Federal porteña, tribunal superior de Urso.
Mientras se cumplan con todos los plazos legales, tanto el juzgado de
Urso como el tribunal oral cordobés, continuarán con sus
actuaciones.
“De probarse que el hecho fue intencional podría utilizarse
la figura de homicidio que es más grave que la de asociación
ilícita, por lo que esta presentación se le puede volver
un boomerang a Urso”, declaró a la prensa el vocero del tribunal
cordobés. Sin embargo el Código Penal, desmiente los dichos
del vocero del tribunal de Córdoba. El juicio oral cordobés
es bajo la carátula de “estrago culposo”. Si en las audiencias
surgen cargosde homicidio, serán de homicidio culposo, que de acuerdo
al artículo 189 del Código Penal, contempla como máximo
penas de hasta cuatro años.
Lugar al que concurrían traficantes de armas y operadores de negocios
sucios, la planta de Río Tercero tuvo entre sus visitantes a Diego
Palleros y a Monzer Al Kassar. “Fue un accidente, no atentado y ustedes
tienen la obligación de decirlo”, amonestó Carlos Menem
a los periodistas a las pocas horas de haber arribado al lugar del hecho.
A su lado con la vista baja, compartía sus dichos el entonces gobernador
cordobés y actual ministro del Interior, Ramón Mestre.
EL
JUEZ SPERONI PROCESO Y EMBARGO AL GENERAL BALZA
Esta vez es por el contrabando
Por E. T.
La causa del juez penal económico
Julio Speroni está preocupando a los hombres del menemismo. Por
lo pronto ayer sumaron otro motivo. El magistrado dictó la prisión
preventiva y ordenó el procesamiento del ex jefe del Ejército
general Martín Balza por el delito de contrabando agravado, una
figura no excarcelable que contempla penas que van de los 4 a los 12 años
de prisión. También le impuso un embargo por 700 mil pesos.
La prisión de Balza en el fuero penal económico se suma
a la que cumple por orden del juez federal Jorge Urso. Además de
complicar el futuro judicial del general, el fallo de Speroni es una señal
que no pasará desapercibida para la Sala II de la cámara
federal porteña. Anteayer la defensa de Balza apeló ante
los camaristas federales el procesamiento que le dictó Urso como
organizador de la asociación ilícita que realizó
la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Aproximadamente hace un mes, Balza había testimoniado durante unas
ocho horas frente a Speroni. En su descargo había dicho que “él
no firmó ninguno de los decretos que autorizaron la venta del material
bélico”. Sutilmente la afirmación contenía una
toma de distancia de Carlos Menem. Distancia que el general había
insinuado antes de quedar detenido por Urso cuando afirmó “que
había sido engañado”.
Los camaristas federales no solo deben resolver las apelaciones presentadas
por las defensas de Balza, Guido Di Tella y Erman González, sino
también la formulada por Carlos Menem. En este punto los tres camaristas
tomaron debida cuenta de la resolución de la Sala B de la Cámara
Penal Económico. El tribunal le ordenó a Speroni que indague
a Menem para dilucidar su participación en el contrabando de armas.
La medida contenía una virtual calificación sobre el ex
presidente. Por los menos dejaba abierta una fuerte sospecha sobre su
participación en la maniobra ilegal.
El menemismo espera con optimismo el fallo de los tres camaristas federales
(ver aparte). Intuye una posible libertad para El Jefe. La citación
en el fuero penal económico puede desactivar esa expectativa, ya
que sobre la mesa de arena, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo
Luraschi, deberán sopesar el costo que les reportaría la
medida, dado que existen altas probabilidades de que finalmente Menem
termine detenido por las causas del contrabando de armas y de pólvora
que instruye Speroni.
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