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Por Cledis Candelaresi
 Douglas Lyall llegó
hace nueve meses a la Anses y acaba de ser encumbrado a la intervención
de la mano de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien dos veces
a la semana trabaja en un despacho contiguo. Desde su nueva función,
admite el millonario fraude que perfora las cuentas del organismo pero
intenta minimizar las sospechas de corrupción interna, así
como una virtual industria de juicios. Página/12 dialogó
con el flamante interventor sobre el ajuste que falta, el fin de las jubilaciones
especiales, y el llamativo caso de los jubilados de más de 110
años.
–¿Qué alcance tendrá el proyecto para eliminar
jubilaciones de privilegio?
–Involucra a todos los que aún no han obtenido su jubilación
y que hasta 1994 estuvieron amparado por regímenes especiales.
Estos fueron derogados por la ley 24.241, aunque sin designarlos especialmente.
Ese mismo año, el decreto 78 sí los detalló: son
básicamente legisladores, embajadores, secretarios de Estado, docentes,
investigadores. Pero muchas personas lo objetan acudiendo a la Justicia.
–¿Significa que un presidente, por ejemplo, ya no podrá
jubilarse después de su mandato, o que lo hará con el tope
de 3100 por mes?
–Todas las personas tendrán que acreditar 30 años de
aporte y cumplir 60 o 65 años de edad. Aun un presidente.
–¿Esa norma podría tener efecto retroactivo?
–No. Para la Anses, desde 1994 no existen más haberes especiales.
Pero quienes hoy cobren una jubilación de privilegio lo seguirán
haciendo.
–Durante su asunción, Domingo Cavallo habló del problema
de la mala administración de los recursos de la Anses, ¿a
qué aludió concretamente?
–No sé puntualmente a qué se refería el ministro
de Economía. Pero es cierto que es mucho lo que se puede hacer.
Existen muchas jubilaciones y pensiones otorgadas en forma irregular,
muchas de ellas transferidas desde las provincias. La Rioja es un caso
testigo, aunque también hay grupos de riesgo en Catamarca, Mendoza,
San Juan o Jujuy. También hay muchas irregularidades con la liquidación
de asignaciones familiares, a veces propiciadas por la propia normativa.
Cuando no existía un salario mínimo para pagarlas, había
empresas o pseudo empresas que declaraban ante la AFIP tener empleados
con salario de 1 peso.
–¿Cómo la AFIP no advertía que había
falta? Se trata, simplemente, de casos reñidos con el sentido común.
–Efectivamente. Por eso suprimimos el pago directo e impusimos un
salario mínimo de 100 pesos. Sólo en el primer mes no se
presentaron a cobrar asignaciones más de 4000 beneficiarios.
–¿Si están identificadas las transgresiones, por qué
no se erradicaron todavía?
–Es un proceso que lleva tiempo: primero hay que hacer el cruce informático
y luego las bajas. Además, es dinámico: se dan de bajas
asignaciones al tiempo que se incorporan nuevos beneficiarios.
–¿Cómo puede ser que la Anses tenga beneficiarios ingresados
por el apellido, otros por el nombre, otros por el documento?
–No es tan sencillo. La Anses es un organismo nuevo, de diez años,
que nace como la fusión de varias cajas y organismos que tenía
sus propios sistemas, montados sobre bases viejas. En muchos casos, por
ejemplo, éstas no incluían la fecha de nacimiento del beneficiario.
Cuando vino el efecto 2000, la Anses incorpora un nuevo software y, en
acuerdo con otros organismos de control, decidió fijar para esos
casos una fecha muy lejana en el tiempo para poder identificarla luego
y, con tiempo, hacer la corrección. Así se asignó
a algunos la fecha del 1º de enero de 1880...
–¿Eso dio como resultado de una auditoría interna que
la Anses pagaba jubilaciones a más 11 mil jubilados que superan
los 110 años?
–Exactamente. Pero la Anses no tiene esa cantidad de jubilados de
esa edad. Esa auditoría es de junio del 2000 y, desde entonces,
empezamos una tarea de reempadronamiento y censo. También celebramos
un acuerdo con elRegistro Nacional de las Personas para tener información
en tiempo real. Hoy tenemos 1032 personas con más de 100 años,
que sabemos que efectivamente están, hacemos un control mensual
y les pedimos mes a mes certificados de supervivencia.
–Hay también una proliferación de juicios por liquidaciones
defectuosas. ¿Puede pensarse en una estructura montada dentro de
la Anses para liquidar mal y estimular esas demandas?
–No. Hay pocos casos de errores matemáticos en las liquidaciones,
que el beneficiario puede corregir administrativamente. Pero, en mucho
otros, son jubilados disconformes con el haber que resulta de la aplicación
de beneficios concedidos según leyes vigentes. Por eso inician
demandas.
–¿Tampoco es llamativo que exista un puñado de estudios
jurídicos que concentran esas demandas? ¿Esto no alimenta
la sospecha de que puede existir una organización con lazos adentro
y afuera para fomentarlas?
–Es posible. Lo que pasa es que la materia previsional no es de las
más comunes, y los abogados deben especializarse. Tal vez por eso
son pocos.
–¿Entonces hay que descartar corrupción en la Anses?
–Es una estructura muy grande, que maneja mucho dinero...Pero en
la mayor parte de los juicios la ANSES no tiene ninguna posibilidad de
ganar, y en el 95 por ciento la Justicia se expide a favor del beneficiario.
Tengo que pensar que su pretensión es legítima.
–¿La reestructuración de la Anses incluye la privatización
de alguna función, tal vez cediendo atribuciones a las AFJP?
–De ninguna manera.
–¿Economía está impulsando algún tipo
de privatización?
–No. Tampoco. Lo que estamos haciendo es reformar nuestra organización,
reduciendo de 20 a 7 las gerencias generales. Las de segundo nivel serán
reducidas en un 50 por ciento. Pero a la Anses no le sobra personal. Lo
que sí vamos a hacer es distribuir a los 8000 empleados, la mitad
de los cuales están asignados a administración interna,
mientras existen deficiencias en la atención al público.
–El vicefeje de gabinete señaló como un problema que
la Anses tenga más de 2500 contratados.
–La Anses tiene 3000 contratados. Pero le aclaro que la remuneración
promedio total es muy baja: sólo 800 pesos y por eso hay mucha
movilidad. Cuando los empleados se capacitan, las AFJP los captan.
–¿Hay que descartar, entonces, que los contratados sean un
modo de pagar favores políticos?
–Quien recibe un favor político, aspira a algo más
que 700 u 800 pesos por trabajar todo el día atendiendo gente.
–¿Por qué cree que Leopoldo Moreau hace la encendida
defensa de la institución, acusando a Economía de querer
privatizarla si esto no es así?
–Al igual que otros legisladores como la diputada María América
González o el diputado Dumón, se interesan particularmente
por el régimen de seguridad social y organismos ligados, como PAMI
o Anses.
–¿Es un interés intelectual, no de otra naturaleza?
–Estimo que no hay otro interés. Debo pensar que no.
–Desde Economía o Jefatura se sugiere que la Anses es la asignatura
pendiente en el ajuste estatal.
–Pareciera que todo el ajuste debe pasar por este organismo. Es cierto
que de cada dos pesos que se gastan en este país, uno lo gasta
la Anses. Por eso nosotros tendremos que hacer el mayor esfuerzo. Pero
su presupuesto operativo es muy chico: 200 millones. El ajuste debe hacerse
en el presupuesto prestacional, que es de 17 mil millones. No para recortar
beneficios, sino eliminando formas abusivas.
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