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Por Cledis Candelaresi
 Los ñoquis solo pueden
eliminarse si se baja el costo de la política, impidiendo que los
partidos usen al Estado para financiar sus campañas. Se cambiará
la figura de los inspectores de la DGI para reducir la posibilidad de
que se corrompan. El Estado utilizará su condición de gran
usuario para ahorrar 20 millones anuales en el gasto en teléfonos.
El frepasista Marcos Makón derrocha ideas y propuestas como éstas
para instrumentar desde la Secretaría de Modernización,
que en los últimos días motorizó algunas de las medidas
menos controvertidas del ajuste, como la reducción de directorios
públicos y la rebaja mayor en las remuneraciones del nivel político.
–Da la impresión de que desde el Gobierno hubiera un embate
contra los contratados...
–No es así. Lo que vamos a hacer es modificar los regímenes
de contratación (hay tres) y unificar las tablas de remuneraciones
en valores un poco más bajos que los actuales. Pero es importante
destacar que el contratado es alguien que trabaja. Tal vez algunos entren
en la categoría de favorecidos o ñoquis. Pero el grueso
trabaja y no tiene, a diferencia de la gente de planta permanente, vacaciones,
aguinaldo ni derecho a obra social aunque esté diez años
en su puesto.
–¿La reforma del Estado supone achicar la grilla de personal?
Es de imaginar que el Déficit Cero debe inducirlos a pensar en
hacer más economías...
–Evidentemente para el año próximo va a haber un achique
de gasto, que obligará a ser más eficientes, básicamente
en la compra de insumos. No puede ser que el Estado pague la tarifa aérea
más cara porque a una persona se le ocurrió viajar a último
momento: un vuelo a Córdoba con anticipación cuesta 80 pesos,
contra 180 de una tarifa contratada poco antes del despegue. Tenemos que
usar el poder de compra que tiene el Estado para negociar. Vamos a revisar
el sistema de viáticos para que éste deje de estar ligado
a las remuneraciones de los funcionarios y tenga relación con los
costos del lugar al que van. También hay que ahorrar en telecomunicaciones.
El Estado Nacional gasta por año cerca de 120 millones de dólares
y, fácilmente, cambiando la contratación de las llamadas
interurbanas e internacionales, podemos bajar unos 20 millones.
–¿El Estado puede ir como un gran cliente a presionar por
una baja?
–La Secretaría de Comunicaciones está trabajando para
que el Estado pueda aprovechar la gran competencia que hay en ese segmento
de las comunicaciones, que está desregulado. Lo ideal es no ligarse
por mucho tiempo a una compañía sino ir contratando día
a día o semana a semana a la que ofrezca mejor precio. Todo ahorro
de gasto que se consiga en un rubro distinto del de personal, y en la
medida que se logre el equilibrio presupuestario, debe volcarse a recomponer
salarios y jubilaciones.
–¿No es utópico pensar en una recomposición
salarial cuando hay riesgos de que deba profundizarse el ajuste para cumplir
con el déficit?
–Si logramos realmente superar esta crisis y baja el riesgo país,
bajará el costo financiero para el sector privado. Así vamos
a tener una reactivación inmediatamente. Porque lo que pesa sobre
las empresas privadas es la tasa de interés más que el costo
laboral.
–¿Están pensando en achicar estructuras oficiales?
–Sí, pero esto no significa despido de personal. Es una política
de gobierno no despedir. Sí vamos a revisar los mil cargos críticos
que existen. Estos son lugares de excepción, que deben ocupar profesionales
muy especializados con remuneraciones especiales: una básica y
un adicional por “función ejecutiva”. Pero hay demasiados...
–¿Usted quiere decir que hay que descartar despidos?
–Absolutamente. Salvo en el caso de los entes residuales, que deben
desaparecer. La reestructuración de la Anses permitirá un
ahorro importante. Pero no en el gasto operativo. Es un organismo que
gasta para funcionar unos 200 millones de pesos al año, pero administra
17 milmillones. Lo sustancial es eliminar el fraude, que es diverso y
millonario.
–¿Por ineficiencia, falta de recursos técnicos o corrupción?
–Yo diría que las tres cosas.
–¿Pasa algo semejante con la AFIP?
–Ese es otro tema. La AFIP avanzó en métodos para controlar
los pagos de los contribuyentes ya registrados, pero no para incorporar
a nuevos contribuyentes, que deberían estar registrados. Entre
otras cosas, vamos a cambiar la figura del inspector. Este ahora visita
a las empresas para buscar información, mientras que en otros países
es a la inversa: a través de un sistema informático que
detecta inconsistencias, se selecciona el lugar para visitar. El inspector
de la DGI llega con toda la información para descubrir el porqué
de esas inconsistencias. Este mecanismo es un antídoto muy eficaz
para la corrupción, ya que limita la posibilidad de que los inspectores
hagan arreglos con las empresas.
–Jefatura acaba de publicar resoluciones que servirían para
combatir a los ñoquis. ¿Tiene un diagnóstico de dónde
están concentrados?
–En los organismos grandes hay más margen para el clientelismo
político y la existencia de ñoquis, aunque éstos
están distribuidos por toda la administración pública.
Si queremos eliminarlos, tenemos que bajar el costo de la política.
Como la política es tan cara, como las campañas duran mucho
tiempo y es tan costoso el acceso a los medios de comunicación,
se requiere mucha gente en ese proceso y los partidos políticos
no tienen recursos suficientes para costear esto. Así es que terminan
utilizando al Estado para que contrate gente. Si yo elimino los ñoquis
en algunos organismos pero no bajo los costos de la política, éstos
aparecerán en otro lado.
–¿Los ñoquis actuales son de este gobierno o hay residuos
de gestiones anteriores?
–Digamos que acá se formaron capas geológicas...
–¿Sería factible a nivel nacional aplicar una solución
al estilo del gobernador de Córdoba, (José Manuel) De la
Sota, convirtiendo en unicameral la legislatura provincial?
–Son situaciones diferentes. En las provincias no se justifica la
existencia de dos cámaras, del mismo modo que tampoco tiene sentido
que haya intendencias muy chicas que tienen cuerpos ejecutivos y concejos
deliberantes a semejanza de una ciudad grande. En conjunto, los poderes
legislativos de las provincias y de la Nación gastan 1280 millones
al año. Evidentemente, algo se puede ahorrar. En el Parlamento
nacional sí se justifican las dos cámaras, pero no que el
Senado tenga 48 comisiones, cuando existen 72 legisladores: a razón
de un senador y medio por cada una. Y cada comisión tiene su secretario,
asesores, técnicos. La pertenencia a una comisión, a su
vez, da posibilidad de hacer nombramientos. Pero bajar el gasto de la
política no es sólo esto.
–¿Qué más es?
–El gasto de la política también existe donde hay corrupción.
Donde hay sobreprecios que no van al bolsillo de un funcionario pero sí
a financiar una corporación política; cuando hay funcionarios
contratados que no trabajan para el Estado sino para otro lugar. Eso ocurre
en toda la administración pública.
–Muchas veces se habló de la necesidad de unificar planes
sociales para eliminar gasto burocrático y aprovechar mejor los
recursos. ¿Por qué no se hizo todavía?
–Justamente esta semana tuvimos una reunión con Desarrollo
Social para compactar todos los planes sociales y tenemos una determinación:
el primero de enero del 2002 estará instrumentada la Agencia Social,
algo que para nosotros es una cuestión de Estado. También
estamos trabajando con los ministerios de Infraestructua y Educación
para reformularlos íntegramente.
–Usted trabajó en dependencia directa de Chacho Alvarez, primero,
y lo hace ahora con Chrystian Colombo. ¿Qué diferencia encuentra
entre esas dependencias funcionales?
–Yo trabajo en la misma propuesta de reforma. Con Alvarez se diseñó.
Ahora se está instrumentando. Evidentemente, como miembro del Frepaso
tengo una gran afinidad con Chacho, con quien la coincidencia ideológica
es mucho más grande. Pero con Colombo trabajo bien, a pesar de
las diferencias personales.
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