Por Miguel Bonasso

Algún amigo de “los servicios” le habrá hecho saber que su captura era inminente y el teniente de fragata retirado Jorge Radice (alias Ruger o Gabriel) optó por entregarse en el Edificio Libertad, sede de la Armada. De ese modo, él y sus antiguos camaradas del GT 33/2 de la ESMA, los capitanes retirados Francis William Wahamond (alias Duque) y Juan Carlos Rolón (Alias Juan o Niño) lograron eludir (por ahora) las imágenes que tanto temen: caballeros del mar devenidos reos esposados subiendo las escaleras de Comodoro Py, acosados por los movileros e insultados por los hijos de las víctimas. A Emilio Massera no le hizo falta presentarse porque ya está con arresto domiciliario. Y el capitán de fragata retirado Jorge “El Tigre” Acosta también está detenido en Campo de Mayo por el delito imprescriptible del robo de niños. Todos ellos, más la jueza en lo contencioso administrativo Emilia Marta García y el escribano Arnoldo Dárdano (que al cierre de esta nota aún permanecía prófugo) fueron convocados a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío, acusados de varios delitos no excarcelables: asociación ilícita; supresión ilegítima de la libertad individual, desapoderación extorsiva de bienes y falsificación de documentos públicos y privados, en perjuicio de Victorio Cerrutti, Omar Masera Pincolini, Horacio Palma y Conrado Gómez, desaparecidos en enero de 1977.
En particular, la investigación del secuestro del abogado mendocino Conrado Gómez permitió encontrar pruebas decisivas para encartar a los represores del GT 33/2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Aunque todos ellos habían sido beneficiados por el indulto o por la ley de obediencia debida, una resolución de la Sala II de la Cámara Federal que excluye al robo de los bienes de los desaparecidos de los beneficios de la obediencia debida, permitió procesarlos. Igual que ocurrió antes con el robo de niños, se abrió una ventana judicial contra la impunidad que podría ampliarse merced al fallo de otro juez federal, Gabriel Cavallo, que decretó la inconstitucionalidad de la obediencia debida.
Las detenciones apenas fueron registradas por los medios a pesar de que revisten gran trascendencia para desentrañar importantes secretos del terrorismo de Estado, como el tema del llamado “botín de guerra” que le produjo decenas de millones de dólares a la asociación ilícita que comandaba el “Almirante Cero” e integraban los hombres de la ESMA. En particular, el contador público asimilado por la Armada Jorge Radice, un experto tirador y “un temible asesino” según su ex prisionero Martín Grass.
Radice, a quien su amigo el ex montonero y actual empresario de seguridad e inteligencia Rodolfo Galimberti define como un “ex combatiente” sin mayor responsabilidad en los secuestros y asesinatos perpetrados por la Marina durante la última dictadura, es una pieza clave para arrojar luz sobre un ángulo central (y particularmente repugnante) del terrorismo de Estado: la rapiña sobre los bienes de los desaparecidos como acumulación primitiva de un capital que se expandiría en las dos últimas décadas y generaría importantes grupos económicos y grandes fortunas personales. Esa investigación podría arrojar datos sobre lo ocurrido con la venta de armas a Croacia y con ciertos curiosos “suicidios” como el del ex ejecutivo del Banco Nación Marcelo Cattáneo o el capitán de fragata Horacio Estrada, también represor del GT33/2 y amigo, como Radice, de Miguel Angel Egea y Alberto Kohan.
Ruger es el hijo de un humilde zapatero. En la represión clandestina “apretaba el gatillo”, en la democracia integró la conducción del grupo de la derecha peronista Guardia de Hierro y fue asesor en el bloque de Herminio Iglesias. En el arranque del menemismo se vinculó a Alberto Kohan a través de su amigo y socio Miguel Angel “El Colorado” Egea, unempresario con varias causas por estafa, que diversas fuentes vinculan a la Triple A y los grupos de tareas militares de Córdoba. Especialmente el capitán del Ejército Héctor Vergez, torturador de La Perla y creador del grupo terrorista Comando Libertadores de América. Verges, de fluida relación con el dirigente peronista Julio César “Chiche” Aráoz era (casualmente) un experto en “reducir” bienes de los detenidosdesaparecidos.
Ruger se inició en los negocios sucios a nivel artesanal y minorista, en los tiempos terribles del Pañol Grande de la ESMA. Era cuando las ropas, los electrodomésticos y toda clase de bienes de los desaparecidos se acumulaban en el antiguo Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, en filas e hileras que evocaban la industria del terror en Auschwitz, las extracciones de oro dental practicadas por los nazis y negociadas luego por la banca suiza. Ya en esa época, recuerda un sobreviviente de aquel infierno, el “Tigre” Acosta le reprochaba al “combatiente” Radice haberse embolsado un “vuelto” de ciento veinticinco mil dólares.
Fue un buen comienzo. Lo perfeccionaría utilizando el trabajo esclavo de los detenidos-desaparecidos y creando una “inmobiliaria” para vender sus propiedades. En su testimonio ante la Cámara Federal, en ocasión del juicio a las Juntas, la ex prisionera Miriam Lewin testificó: “Yo mencioné antes que en la calle Zapiola (3696) existía un inmueble propiedad de los padres del teniente Radice, donde yo acudía a trabajar. Exactamente en diagonal a esa casa habitaba un primo de Radice, de alias Barbeta, una persona de ojos verdes, cejas negras, que estaba encargada de administrar para Massera propiedades que habían sido robadas o apropiadas a personas secuestradas; tengo conocimiento de que se organizó una inmobiliaria para la venta de esas propiedades. La detenida Hilda Noemí Actis es destinada a trabajar en esa inmobiliaria hasta que se le permite salir del país, bien entrado el año ‘79. En una oportunidad yo visito esa inmobiliaria (...) quedaba en la calle Ciudad de la Paz”.
Cuando Massera se retiró del comando en jefe de la Armada para hacer negocios y crear su partido de la Democracia Social, Radice pasó a trabajar con él en las oficinas de Cerrito al 1100. Allí se concertaron operaciones de venta de armamento al dictador nicaragüense Anastasio Somoza y realizaron importantes compras al calor de la tensión con Chile por el tema del Beagle. En 1979, alguien puso una bomba en esas oficinas; Massera y acólitos la atribuyeron falsamente a los Montoneros, pero la guerrilla peronista no tenía nada que ver: eran camaradas de armas “del almirante” despechados porque no habían recibido su tajada de las importantes comisiones que se habían cosechado. Dos años más tarde, hombres del GT/332 como el capitán de fragata Jorge Vildoza (alias Gastón), actualmente prófugo por el delito de robo de niños, seguían conduciendo la estratégica Comisión Naval de Vauxhall Street en Londres, donde se negociaban compras de repuestos para las fragatas y otros equipos bélicos por un valor superior a los 200 millones de dólares.
Posteriormente, cuando llegó la democracia, Radice eludió el castigo que le correspondía por su participación en la represión clandestina gracias a la ley de obediencia debida y pasó a convertirse en asesor parlamentario. El represor sospechado de haber participado en los asesinatos de Elena Holmberg y las monjas francesas (a las que llamaba con macabro cinismo “las monjitas voladoras”) logró pasar desapercibido como lobbysta de diversos negocios vinculados a la venta de armas. Con el menemismo iría más adelante, hasta llegar a ocupar un despacho en las oficinas presidenciales, al calor de Alberto Kohan.
En agosto del año pasado, cuando su camarada y socio, el capitán de corbeta retirado Ricardo Miguel Cavallo (alias Sérpico o Marcelo) cayó detenido en México, el nombre de Radice y los negocios tenebrosos de laESMA volvieron a salir a la luz. Cavallo, que está por ser extraditado a España a pedido del juez Baltasar Garzón, conducía el registro privatizado de vehículos de México (Renave) a través de una concesión obtenida por la empresa Talsud, con negocios vinculados a la identidad de personas y automotores en Argentina (Mendoza y La Rioja) y El Salvador. Entre las empresas asociadas a Talsud en las cuestionadas licitaciones de Mendoza y La Rioja, figuraba Seal Lock, de la que era socio Radice. Además, en su renovación de pasaporte, Cavallo había dado como referencia a Ruger, con quien también había coincidido en Martiel S.A. creada por Miguel Angel Egea, socio a su vez del Tigre Acosta en los astilleros Astilsud, donde se perpetró una importante estafa contra el Banco Central.
Ahora está detenido a la espera de prestar indagatoria y existen pruebas abrumadoras para condenarlo como partícipe de la asociación ilícita que, en enero de 1977, secuestró al abogado mendocino Conrado Gómez y lo despojó de sus bienes y de su vida.
Gómez era un excelente abogado, que siguió defendiendo presos políticos cuando ya era evidente que esa defensa podía costarle la vida. En su juventud había militado en el PC, pero después se había acercado a la izquierda peronista y a Montoneros. Como penalista le había tocado defender a más de un “pesado”, como el célebre contrabandista Vicente “Cacho” Otero, y había ganado mucho dinero. Tenía diversas propiedades y era dueño de unos veinte caballos de carrera. De los que Massera -conocido por su afición turfística– se apoderaría a través de una maniobra gestada por Radice en los sótanos de la ESMA. Allí le prepararon a Ruger documentos a nombre de Héctor Juan Ríos y Conrado Gómez fue obligado a firmar un poder para que el marino, haciéndose pasar por un emisario suyo, fuera a buscar los caballos a Paso de los Libres. El nombre falso volvería a jugar nuevamente en la creación de la empresa Wilri, así llamada por William Wahamond y “Ríos”, a la que otro prisionero, Victorio Cerrutti, cedería las propiedades de Cerro Largo con una pistola en la cabeza.
El 28 de enero de 1977, 18 días después de que Gómez fuera secuestrado, el escribano Dárdano certificaría ante el Jockey Club argentino que su firma, arrancada en el sótano de la ESMA, era auténtica.
Los caballos correrían en Palermo y La Plata, preparados por Aldo Maver, un cuidador mendocino que Gómez había traído a la Capital y que no vacilaría en traicionar a su protector y patrón, lo que en estos días le ha valido ir preso junto con la banda de los marinos. Y serán esos caballos, tenazmente perseguidos como prueba por Federico Gómez, (uno de los cinco hijos del abogado), los que servirán en el presente para juzgar y eventualmente condenar al falso Ríos, a sus cómplices y al ex comandante de la Armada como simples delincuentes a los que la Armada de la democracia no debería dar cobijo, ni siquiera como detenidos, en la sede de su comando.

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