Para Augusto Pinochet aún no está dicha la última palabra. Ayer se sumó un nuevo capítulo al juicio que, prácticamente, había tenido su punto final con el controvertido fallo de “demencia moderada” por el cual fue sobreseído temporalmente el ex dictador. La Corte Suprema aceptó a tramitación el recurso de casación interpuesto por los abogados querellantes que impugnan la sentencia por vicios procesales y, en particular, porque la Corte de Apelaciones aplicó –para fundamentar el sobreseimiento por demencia leve– partes del nuevo Código Penal que aún no rige en Santiago. La Corte abre así una nueva instancia en la que los abogados querellantes y defensores podrán hacer sus alegatos y, luego, el tribunal deberá emitir su fallo. Aun cuando se prevé un mínimo de dos meses para que la Justicia se expida, ya se dispararon diferentes versiones sobre el destino del octogenario militar.
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile admitió por unanimidad el recurso interpuesto por los abogados querellantes. La resolución de los cinco magistrados implica que el caso no está cerrado y será revisado por la Corte Suprema, aunque Pinochet permanece en libertad y sobreseído temporalmente como encubridor de los 18 secuestros y 57 asesinatos calificados cometidos en 1973 por la comitiva militar represiva conocida como “Caravana de la Muerte”. En su fallo, los jueces Alberto Chaigneau, José Luis Pérez, Enrique Cury, Milton Juica y Jorge Medina sostienen que en este caso aunque el sobreseimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago fue temporal, en realidad tiene consecuencias para toda la causa y “sus efectos hacen imposible la prosecución del juicio en relación con el imputado Augusto Pinochet Ugarte”, por lo que resolvieron acoger el recurso de casación.
Los vicios de forma que expone el recurso habían sido avalados –en ocasión de su presentación judicial– por el defensor público, Alex Carocca y, por entonces, ese pronunciamiento había sido el único indicio de esperanza para una contraofensiva judicial que parecía tener pocas chances de éxito. La duda sobre la validez constitucional del sobreseimiento se debe a que el nuevo Código Procesal Penal con que se argumentó la “demencia subcortical” de Pinochet como causa de impedimento para una defensa personal, recién entrará en funciones en etapas paulatinas y este año sólo rige en dos de las 13 regiones del país, por lo que sus normas no pueden aplicarse en la Región Metropolitana de Santiago, como lo hizo la Corte de Apelaciones de Santiago.
El abogado Hugo Gutiérrez calificó la decisión del tribunal como “un triunfo”, ya que esto es una oportunidad en la que se podrá hacer ver que el fallo de sobreseimiento temporal “contradice principios fundamentales de un estado de derecho”. Por su parte, la diputada socialista Isabel Allende, dijo a Página/12 que “este fallo, por lo menos, abre la posibilidad de que la parte querellante pueda desarrollar sus argumentos”. Y aclaró: “No puedo aventurarme más que en eso”. Mientras tanto, el abogado de Pinochet, Pablo Rodríguez, aseguró que la decisión no supone un revés judicial para la defensa. Pero fue una de cal y otra de arena ya que el mismo tribunal declaró inadmisible un recurso de queja disciplinaria que también había sido interpuesto por los abogados querellantes.
Las posibilidades que se abren a partir de ahora son más de una. Si es aceptado el recurso, se anularía la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y, con eso, se reabriría el caso. Otra opción –según trascendidos en los medios chilenos– es que la Corte rechazaría el recurso pero por sus facultades de oficio, podría corregir y anular los párrafos que mencionan al nuevo Código y, así, mantener el sobreseimiento. Pero en ese caso, se abre una polémica ya que la demencia leve que los informes médicos atribuyen a Pinochet no alcanzarían para sostener su imposibilidad de someterse a juicio. El militar, para volver a evitar el juzgamiento sin que sea declarada su inocencia, debería sufrir de demencia lisa y llana. Para tal fin, sus abogados podrían pedir que se realicen nuevos peritajes médicos y, de paso, seguir dilatando al infinito elproceso. Pero lo más probable es que la familia Pinochet no admita semejante pirueta que dejaría a la figura del ex dictador más ultrajada de lo que está.
Hay que tener en cuenta que si bien el argumento de demencia moderada fue atribuido a una intensa campaña de su familia y sus abogados, el portavoz de los Pinochet, el general retirado Guillermo Garín, siempre se negó a hablar de “locura”, término que le endilgó a los adversarios de Pinochet para desprestigiarlo. Ante esta posibilidad se pronunció Allende: “La demencia refleja la mayor de las cobardías de una persona que presume ser inocente pero que es incapaz de aceptar la Justicia”.

EL BANZERISMO CONFIRMO LA PARTICIPACION EN EL PLAN
Hubo Cóndor boliviano, pero poco

Ahora es oficial, pero hasta cierto punto. El diputado boliviano Fernando Kieffer, ex ministro de Defensa durante el período de dictadura que presidió Hugo Banzer (1971/1978), declaró en un debate televisivo el lunes por la noche que Bolivia participó del Plan Cóndor, pero a diferencia de Argentina o Chile, de modo “accesorio”. Vale decir, Kieffer relativizó la intervención de su país en aquel combate contra todo el que fuera considerado enemigo de los militares y de este modo defendió la alianza cívico-militar que encabezó Banzer el 19 de agosto de 1971 para derrocar al populista Juan José Torres (aniversario cumplido recientemente). En el programa de televisión “De cerca”, el diputado Kieffer debatió en el espacio con el periodista argentino Martín Sivak, autor de la biografía no autorizada del ex presidente Banzer, El dictador elegido, adelantada en forma exclusiva por Página/12 hace dos semanas, que tuvo gran aceptación en los lectores de ese país en su debut este fin de semana, pero no así en el círculo cercano al ex mandatario.
“El Plan Cóndor por supuesto que existió y Bolivia participó en él, aunque en forma complementaria a los gobiernos militares de Argentina y Chile”, dijo Kieffer, en alusión a las acusaciones que pesan sobre el pasado gobierno militar de Hugo Banzer con respecto a su intervención en la operación militar de represión y exterminio a los opositores políticos a las dictaduras en América latina en la década del setenta. En la recientemente publicada biografía de Banzer, escrita por el argentino Martín Sivak hay documentos que confirman que Bolivia intervino efectivamente. El libro es la resultante de años de investigación de la vida política de Hugo Banzer, quien tras un golpe de Estado se colocó al mando de Bolivia y de quien se denuncia actos de corrupción, asociación ilícita y violación a los derechos humanos en el marco de la operación Cóndor (de 1971 a 77). Después de ese período, y con Bolivia ya en democracia, Banzer volvió al poder en elecciones libres hasta el 6 de agosto último, cuando se vio obligado a dimitir a causa del cáncer terminal que padece. “La obsesión de Hugo Banzer durante 19 años fue ser presidente constitucional –acusó Sivak–. Ahora, luego de conocer su enfermedad, quiere ser un monumento”.
Kieffer, líder de Acción Democrática Nacionalista, el partido que creó Banzer, sostuvo en respuesta a Sivak que la biografía no autorizada del ex presidente boliviano fue “encargada” con fines electorales, supuestamente por la oposición, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Un libro que tuvo una buena pegada en su llegada a Bolivia: se vendieron más de 3000 ejemplares en una hora y hubo quienes lo encargaron para la próxima entrega. Pero los banzeristas no están entusiasmados: “Es una mamarrachada”, opinó el ex ministro de Información de Banzer, Manfredo Kemptff.

DENUNCIAN MAS DE 500 CASOS EN LOS ULTIMOS 30 AÑOS
Ahora, los desaparecidos del PRI

Cuando Vicente Fox asumió la presidencia de México en diciembre de 2000, terminó con 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la promesa de examinar los abusos de derechos humanos ocurridos en los años 70. Durante los gobiernos entre 1970 y 2000, todos del PRI, el Estado se implicó en enfrentamientos con 29 grupos de izquierda diferentes, con un contingente de cerca de 1800 guerrilleros. Ese fue el marco que dejó en suspenso hasta el día de hoy la creación de una Comisión de la Verdad que investigue las 552 desapariciones que se registraron como saldo de esa época de violencia. La mención de una Comisión de la Verdad no le hace ninguna gracia al PRI, que todavía cuenta con gran poder en el Congreso.
Bajo el lema: “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, un centenar de personas reclamaron ayer acabar con la impunidad y castigar a los culpables de las desapariciones de sus familiares, con la pena de encarcelamiento. Más específicamente, acusan de más de 300 desaparecidos al gobierno de Luis Echeverría (1970/76), 100 con López Portillo (‘76/82), 57 con Miguel de la Madrid (‘82 /88) y 12 con Carlos Salinas y seis con Ernesto Zedillo (‘94/2000). Rosario Ibarra de Piedra, líder humanitaria y madre de un desaparecido, sostuvo que los ex presidentes del país desde 1970 deben ser juzgados por los desaparecidos, “ya que éstos fueron ubicados en cárceles clandestinas que estaban en campos militares y bases navales y los principales responsables son los jefes supremos de las FF.AA”. Ibarra encabeza el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos que creó en 1977, tres años después que fuera arrestado su hijo. militante de la guerrillera Liga 23 de Septiembre, quien desapareciera en cárceles que operaban militares y policías. De la gestión del presidente Fox, la madre del desaparecido advirtió que “no lo llamaremos el gobierno de cambio hasta que cumpla esta demanda”.

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