Por Raúl Kollmann

La mayor parte de los ciudadanos se pronuncia categóricamente a favor de todas las variantes que signifiquen una baja del llamado “costo político”, incluyendo una reducción del monto permitido de gastos de campaña electoral, convertir a los concejales en funcionarios que no cobren, fusionar provincias para bajar costos administrativos, bajarles el sueldo a los funcionarios políticos, abolir los senados provinciales y, obviamente, recortar el dinero que el Estado les da a los partidos. En una palabra, que el Gobierno trata de realizar una consulta popular sobre un tema en el que no se necesita consultar nada –en promedio, el 80 por ciento está de acuerdo– ya que esas posturas tienen que ver con el sentido común y también con una campaña del establishment que necesita echarles la culpa a los políticos en general y no, por ejemplo, a los grupos económicos, a los que han manejado la economía, al pago de la deuda o al modelo. Pese a que la Casa Rosada pretende diluir un poco su probable derrota electoral preguntando cosas obvias, siempre el tiro puede salir por la culata como ya ha ocurrido en numerosos plebiscitos.
Las conclusiones surgen de una encuesta que viene haciendo en el último mes la consultora Ibope OPSM, que conduce Enrique Zuleta Puceiro. Es parte de un estudio que se realiza habitualmente y que se denomina Monitor de Tendencias económicas y sociales. En total se entrevistaron 1200 personas en 53 localidades y la dirección técnica del relevamiento estuvo a cargo de Isidro Adúriz. En la encuesta se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.
En la consulta popular que pretende convocar el Gobierno seguramente estarán incluidas las preguntas que formuló Ibope a los encuestados. “Estos resultados no difieren significativamente de los obtenidos en encuestas anteriores realizadas en los últimos años,” señala Enrique Zuleta. “Indican, en general, el estado de crisis por la que atraviesa la política, los políticos y algunas instituciones representativas, no cuestionadas tanto en su esencia como en sus modos de funcionamiento efectivo en la sociedad argentina actual.”
En verdad, lo que se ve de los resultados es que la gente no quiere gastar nada en política e incluso está a favor de que los candidatos consigan el dinero de las empresas privadas, aunque ello implique después compromisos –obviamente non sanctos– con esos grupos económicos que los financien. La tendencia en el mundo es más bien la contraria: se tiende a un mayor financiamiento de los partidos por parte del Estado para reducir así la dependencia del agujero negro que significa el financiamiento privado. Una prueba cercana está en el preinforme que acaba de presentar Elisa Carrió: allí se ve nítidamente qué habrían significado los aportes de Gaith Pharaon, el Cártel de Juárez, Monzer Al Kassar, las relaciones con el Exxel Group, Alfredo Yabrán o Raúl Moneta.
Lo que sí está avanzando en el mundo es una reducción y el control de los gastos de campaña electoral. Por ejemplo, en numerosos países se prohíbe hacer publicidad o pegar carteles si no es dentro, por ejemplo, de las tres semanas de la elección. De la misma manera se limitan los gastos que se pueden hacer en televisión, lo más caro de una campaña. Algunas de estas medidas están en la propuesta de reforma política que impulsó el ex ministro del Interior Federico Storani, pero que hace siete semanas que el Senado se niega a votar.
Hay dos puntos en los que habría que mirar la opinión más de cerca: la fusión de provincias y la unión entre municipalidades. Como en toda encuesta argentina, el peso proporcional de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es muy grande y es probable que si se le pregunta a los habitantes de cada provincia es posible que se manifiesten abrumadoramente en contra de fusionar su provincia con otra. Lo mismo ocurriría con los municipios.
En la cuestión de los concejales ad honorem hay una fuerte polémica: están los que dicen que ello significa que la política y las concejalías pasarían a ser únicamente para gente con poder adquisitivo y también están los que consideran que los concejos deliberantes se deben reunir a la noche y que no debería significar la ocupación full time del concejal.
Como se ve claramente de la encuesta, los ideólogos de la consulta, Nicolás Gallo y Antonito de la Rúa, preguntarían cosas en las que hay casi unanimidad. No se trata de temas controvertidos como puede ser la pena de muerte, el aborto, el pago de la deuda externa o un acuerdo con Chile. Aquí, si lo que juega es sólo la opinión previa que existe sobre la reforma política, la lógica es que se conteste que sí a cualquier medida de reducción del gasto político.
Sin embargo, muchos plebiscitos terminan mal para quienes los convocan, entre otras cosas porque la gente los considera una maniobra. Esto puede ocurrir en esta consulta: tal vez el ciudadano reaccione manifestando que quiere que se bajen los gastos, pero también hay posibilidad de que crea que todo se hace para alivianar la derrota que se presume sufrirá el oficialismo en octubre. Hay célebres plebiscitos que se perdieron: Pinochet puso en marcha una consulta en la que gozaba, de entrada, del 80 por ciento de la aprobación y terminó perdiendo por goleada. En Europa se perdieron varios plebiscitos en los que el oficialismo impulsaba el sí a la Unión Europea y la gente votó por no. En la Argentina, el acuerdo entre el entonces gobernador Antonio Cafiero y el referente radical Leopoldo Moreau avalaba una reforma constitucional sumamente progresista y con el 90 por ciento de los votos detrás. Terminaron perdiendo por el 65 por ciento. O sea, como dicen los sociólogos, a los plebiscitos los carga el diablo: si hay malestar, bronca con el Gobierno y se considera que la consulta es una maniobra, podría ganar una campaña que llame a no votar o votar en blanco.
Como toda jugada política, puede salir bien, pero también significar una bancarrota aún mayor.

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