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SIETE AÑOS EN EL LIMBO
El dato es asombroso: el Estado nacional aún no logró
que el Parlamento le apruebe los gastos que efectuó en los
últimos siete años. Es decir, la manera como ejecutó
cada uno de los sucesivos presupuestos anuales. Todo está
trabado en la rendición de cuentas de 1994, respecto de la
cual no hubo acuerdo en el Congreso Nacional, lo que constituye
un hecho inédito. Pero todavía pueden sobrevenir otros
sucesos insólitos. En concreto, los doce miembros de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
compuesta por diputados y senadores, emitieron dos dictámenes
discordantes. Uno propone que se apruebe la llamada Cuenta de Inversión
(es decir, la explicación documentada de qué hizo
la Administración Pública con la plata). El otro insta
a devolvérsela al Poder Ejecutivo “para que en el más
breve plazo subsane todas las observaciones que impidieron un pronunciamiento
de la Auditoría General de la Nación”, la cual,
en efecto, no pudo pronunciarse ante la perplejidad causada por
buena parte de la deficiente información rendida por el PEN,
por entonces en manos de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como
ministro de Economía y de Obras y Servicios Públicos.
El proyecto de ley impulsado por el dictamen adverso, avalado por
el diputado radical Jesús Rodríguez, presidente de
la Comisión hasta fin de año (su antecesor fue nada
menos que el senador Emilio Cantarero), dispone además comunicar
a la AGN “para que en el plazo de 30 días de haber recibido
los ajustes y correcciones a la Cuenta de Inversión correspondiente
al ejercicio fiscal 1994 se expida sobre los mismos”. La AGN,
que depende del Parlamento, debería también auditar
“la totalidad de los ingresos por privatizaciones”, cosa
que no hizo, probablemente el punto más oscuro de las confusas
cuentas remitidas por el Gobierno.
Ahora podría muy bien ocurrir que la Cámara de Diputados,
al tratar los dictámenes contrapuestos emitidos por la Comisión
Revisora apruebe el proyecto de ley de rechazo, sugerido por los
aliancistas, mientras que el Senado opte por el dictamen aprobatorio,
provocándose así una impasse sin precedentes. Aunque
la AGN ya auditó las rendiciones de gastos hasta 1998 y giró
sus veredictos a la Legislatura nacional, ésta no puede expedirse
sobre 1995 y años posteriores sin haber resuelto la encrucijada
de 1994.
Respecto de los ingresos por privatizaciones, en los fundamentos
que acompañan el dictamen adverso a la aprobación
se cita que la AGN señala que los ingresos informados en
la Cuenta de Inversión como ingresos acumulados del ejercicio
1993 y anteriores difieren en un monto de 535,4 millones, “diferencia
que parece surgir de la exposición en el Cuadro de Privatizaciones,
incluida como importes a cobrar en ejercicios futuros”. El
informe de la Auditoría advierte que “la Cuenta de Inversión
no contiene notas aclaratorias que expliquen esta diferencia de
exposición”. A juicio de los legisladores, la Contaduría
General de la Nación no pudo responder satisfactoriamente
las observaciones de la Auditoría. “La magnitud de la
diferencia, que supera los 500 millones de pesos –afirman los
miembros de la Comisión–, no puede ser salvada con la
irrelevante explicación de la CGN.” Los parlamentarios
exigen “explicaciones acabadas y clarificadores” ante
la “falta de claridad de ingresos que fueron planteados como
de vital trascendencia por el Gobierno” de entonces.
Privatizaciones en
las sombras
La mala información involucra a numerosas privatizaciones.
A punto tal que la CGN llegó incluso a abstenerse de contestar
las observaciones de la Auditoría. Esto ocurrió en
casos como los de las centrales térmicas Litoral, Mendoza
y Puerto de Buenos Aires. Asimismo, la Contaduría omitió
comentar y derivó la responsabilidad a los entes primarios
en lo referido a ENTel, emisoras radiales y otras, mientras que
reconoció el error de exposición de los datos en lo
concerniente a Segba, Central Costanera,Edesur y Edenor, admitiendo
confusión en los casos de ELMA, Caja Nacional de Ahorro y
Seguro, y otros. Sobre el hotel Llao-Llao no hubo respuesta.
La Contaduría expresó que la mayoría de las
observaciones de la AGN apuntan a discrepancias entre la documentación
que recabó el auditor fuera del ámbito de la CGN y
la exposición de cifras que ésta consignó en
los cuadros estadísticos. “(La Contaduría) Parece
afirmar –conjeturan diputados y senadores que bocharon la Cuenta
de Inversión del ‘94– que los órganos responsables
(unidades de registro primario), o no ingresaron la información
al sistema, o, en el mejor caso, lo hicieron por circuitos no previstos;
ergo, los estados adolecen de falta de información.”
La CGN se defendió indicando que los errores formales y de
fondo existentes en los datos que recibió, o la omisión
de remitírselos, son responsabilidad de las unidades de negocio.
Los legisladores señalan que en este contexto toma fuerza
una recomendación de la Contaduría: que el auditor
verifique en la Secretaría de Hacienda si los contratos,
comprobantes y otros documentos entregados allí por las unidades
de negocio “abren el camino al conocimiento de las irregularidades
que se detectan”. La CGN reconoce la poca realidad del estado
de cuenta al informar que ha dispuesto una circularización
a todos los entes involucrados en cada proceso de privatización,
a fin de que recién dentro de la Cuenta de Inversión
del ejercicio 1998 se consignen con un mejor nivel de exposición
las transacciones correspondientes.
Mientras esta increíble situación se dilucida en el
Congreso, la AGN está virtualmente paralizada por la no renovación,
a comienzos de agosto, de los 280 contratos de su cuerpo de profesionales,
y otro centenar que corresponden a pasantes, ya que son estos temporarios
–la mayoría con varios años en el organismo–
los encargados del trabajo de campo. El personal de planta abarca
406 empleados. Según fuentes de la Auditoría, este
organismo de control sufre tres problemas económicos sumados.
Uno es el recorte de un 30 por ciento en el presupuesto para contratos,
impuesto por Hacienda. En segundo lugar, la vertical caída
en la recaudación de recursos propios, ya que otros entes,
como el Banco Central, el Nación, la ANSeS o el PAMI, para
los cuales la AGN realiza auditorías aranceladas, priorizan
pagar otras obligaciones, como sueldos o teléfonos.
A esto se añade un déficit de arrastre de 1.760.000
pesos, que la AGN está obligada a eliminar para fin de año.
En el rojo del 2000 pesó la decisión de la Auditoría
de no aplicar en su seno el corte de sueldos (12 a 15%) resuelto
por José Luis Machinea al promediar ese año. La crisis
actual genera un áspero cruce de acusaciones entre las diversas
corrientes políticas representadas en la cúpula del
organismo, encabezado por Rodolfo Barra. Este se distanció
en los últimos meses de los otros dos auditores generales
menemistas, César Arias y Héctor Durán Sabas.
Este asegura que Fernando de la Rúa está asfixiando
a la AGN porque no quiere que audite al Gobierno. Punto de vista
no compartido por los tres auditores que colocó la Alianza
en la cúspide: los radicales Francisco Fragoso y Alfredo
Fólica, y el frepasista Mario Fadel. Estos tuvieron la fortuna
de que Julio César Casavelos, el auditor justicialista próximo
a Oraldo Britos, se mantuviera a buena distancia de los menemistas.
Abusos de la Barra
La APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control)
escracha a su vez a varios auditores generales por haber abusado
del presupuesto de la AGN. En el caso de Barra, durante junio gastó
en contratos $ 30.530, mientras que Durán erogaba 19.428
y Arias, 17.395 pesos. En el otro extremo, Fragoso sólo ocasionó
pagos por 800 pesos. Por otra parte, entre la masa de contratados
hay, según otras fuentes, alrededor de un tercio que se dedica
a tareas políticas, al servicio de algunos jerarcas de la
AGN, y que siempre logran, por las buenas o las malas, que los indignados
coordinadores de los equipos de auditores externos (contratados)
les firmen las horas como trabajadas. Algunos opinan que esos honorarios
dilapidados podrían servir para comprar papel para fotocopias,
o sillas para que los que sí trabajan puedan sentarse. En
todo caso, esta desvirtuación política de la AGN contribuye
a la causa de quienes preferirían privatizar los controles.
Los organismos multilaterales de crédito presionan desde
luego en este sentido, para favorecer a las grandes firmas internacionales
de auditoría con las que mantienen sospechosa intimidad.
El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, comunicó
a comienzos de año a todas las Unidades Ejecutoras de los
proyectos que financia que debían contratar una auditora
privada (de una lista provista por el propio BID) en caso de que
la AGN no hubiese iniciado la tarea. Curiosamente, ni el Banco Mundial
ni el BID le pagan a la AGN las horas-hombre insumidas en la faena
de auditar los proyectos.
La impresión de que el Gobierno busca quitarse de encima
los organismos de contralor fue reforzada esta semana con la suspensión
hasta fin de año de todas las auditorías que tiene
a su cargo la Coordinación General de Contralor y Supervisión
de Registros Seccionales, con el supuesto fin de “reducir la
dotación de profesionales contratados para efectuar las tareas
de contralor y supervisión”. El subinterventor que maneja
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios resolvió que
el contralor quede en manos del Departamento de Inspecciones, que
depende de él mismo.
En cuanto a la AGN, Hacienda habría resuelto abrir un poco
la mano para que el organismo pueda realizar al menos las auditorías
a que está imperiosamente obligado, que incluyen la mencionada
Cuenta de Inversión (está revisando la de 1999), las
universidades nacionales, la intervención en Corrientes y
otras. En cuanto a los contratados, se los reincorporaría
con jornadas de 4 horas, en lugar de las 6 que cumplían,
pero no se sabe si a todos. Hasta junio (julio es feria, al igual
que enero) facturaban entre 17 y 8 pesos la hora, según la
antigüedad en la profesión, mientras que los pasantes
cobraban entre 6 y 4 pesos. Son cifras bastante módicas,
si se las compara con los 200 pesos por hora en que Horacio Tomás
Liendo tasa sus servicios de consultor externo del Ministerio de
Economía.
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