Por Javier Lorca
Desde Resistencia

Reverso exacto de la primera jornada, en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ayer estallaron los peores pronósticos de los rectores para el próximo presupuesto. Las autoridades de las universidades públicas temen que, de la mano del Ministerio de Economía, en el 2002 se produzca un recorte cercano a la mitad de los 1800 millones de pesos que hasta hoy maneja el sector. La versión, confiaron los rectores, les fue comunicada por el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf. Con esa espada sobre sus cabezas, muchos rectores coincidieron en que no podrían abrir la inscripción de estudiantes el año que viene. Para evitar que la ola de rumores termine inundando a la universidad, el CIN acordó un plan de lucha: “Son tres líneas de acción –detalló el saliente titular del consejo, Adolfo Torres–. Pedir audiencias con el Presidente, el ministro de Economía, los gobernadores y legisladores. Generar desde el CIN actividades que le demuestren a la sociedad la utilidad de la universidad. Y convocar a una consulta popular sobre la educación pública y gratuita”.
Con calor, pero con calma en superficie, el plenario se abrió anteayer, cuando se produjo una reunión calificada ayer de “fantasía”. Ese jueves, funcionarios del Ministerio de Educación informaron al CIN que la idea de la cartera era mantener en el 2002 los mismos fondos para el sistema universitario, aunque advirtieron que se podrían sufrir recortes. Los rumores más tremendistas ya entonces circulaban por la Universidad del Nordeste, sede del plenario. Pero no afloraron hasta ayer.
“Se está pergeñando una maniobra para reducir el próximo presupuesto, una medida que llevaría al colapso de las universidades –blanqueó el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Omar Szulak–. No sabemos si el ajuste se va a plasmar directamente en el presupuesto o si el año que viene van a ir subejecutando las partidas hasta retener 900 millones.” Las versiones se completaron con el aviso del vicerrector de Lanús, Antonio López Crespo: “También se está estudiando la privatización del gerenciamiento de las universidades”.
No hubo disenso en el diagnóstico de lo que podría pasar. “La universidad tal como la conocimos desaparece el año que viene”, comentó Jorge Rabassa, rector del Comahue. “Con estas ideas alocadas de recortar, si se aplican, no deberíamos abrir la inscripción en el 2002, porque no estaríamos en condiciones de funcionar”, dijo Alberto Dibbern, de La Plata. Oscar Shuberoff, de la UBA, estimó lo mismo. Aunque otro acuerdo unánime fue expresado por Héctor Brotto (UTN), recién elegido titular del CIN: “La universidad debe estar abierta y funcionando. Vamos a hacer todos los esfuerzos para eso, pero sin dejar de expresar que estamos en contra de este modelo de país”.
De ahí en más, los rectores repitieron un debate ya consignado por Página/12 y que atraviesa a toda la comunidad universitaria: ¿cómo enfrentar al recorte salarial en marcha y a los virtuales ajustes que se vienen? Las respuestas fueron, básicamente, dos.
“Estamos manteniendo una posición demasiado cauta. Me siento como un hippie pacifista frente a un enemigo que nos quiere destruir. Nos falta ponernos camisas de bambula, vinchas y decir que queremos paz”, arengó Szulak. De General Sarmiento, José Luis Coraggio propuso “desarrollar una alianza estratégica con toda la educación pública, los sectores productivos y los sindicatos. También hay que convocar a la opinión pública, a través de una consulta popular”. Y cerró: “No alcanza con defender el presupuesto universitario. La universidad debe decir que esta política económica debe ser cambiada”.
Pese a que empezó diciendo “llegó la hora de pintarnos la cara”, Mario Marigliano, de Tucumán, esbozó otra respuesta: “Hablar con los diputados ylos gobernadores. No profundizar la crisis del país”. Tesis que profundizó Shuberoff. Frente a lo que llamó “rumores apocalípticos”, sugirió “generar políticas inteligentes que, sin volverse incontrolables, nos permitan lograr que los talibanes del mercado no sean escuchados”. Propuso pedir audiencia con el Presidente para decirle que “no se deje convencer de este disparate” (el tijeretazo). Alguno contestó: “Basta de rosca política”. Y otro retrucó: “No favorezcamos a los sectores que viven del conflicto”.
El plenario terminó consensuando un plan de lucha. Y con la sensación de que, si la tijera de Economía no llega a podar tan profundo como se rumorea, difícil será que no se lleve algún jirón de la educación pública.

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