|
Por Cristian Alarcón
 La orden de ralear de chicos
pobres las calles bonaerenses que habían recibido los policías
de la provincia duró poco. Ayer, cuando en decenas de juzgados
se recibían denuncias por la circular en la que se ordenaban operativos
para sacar de la vía pública a los menores y jóvenes
mendigos, el ministro Ramón Verón primero, y el propio gobernador,
Carlos Ruckauf después, salieron a dar públicamente marcha
atrás con lo que juraron se trató de un “error de interpretación”.
El nivel y el caudal de los repudios a la medida que denunciaban la criminalización
de la pobreza pusieron contra las cuerdas de la opinión pública
al gobernador cuya política dilecta en materia de seguridad ha
sido la mano dura. Ruckauf reaccionó públicamente ante el
asunto con una frase llamativa: “La orden de la policía para
detener a chicos de la calle me sorprendió. ¿Cómo
no me va a sorprender? Me parece una reacción lógica”,
dijo con una inocencia cuestionada ayer por los observadores de la circular
ya extinta. Verón, en una tempranera conferencia de prensa debió
hacer un mea culpa por orden del gobernador consistente en asegurar que
en realidad la orden fue proteger a los niños que son explotados
por adultos.
“Yo quiero que estén presos los delincuentes que perjudican
a los chicos, que los violan, que los prostituyen, a los que los drogan
y les hacen vender drogas –dijo Ruckauf en la Rural al ser consultado
sobre el tema durante su visita a la Exposición de Gastronomía
y Hotelería de la Provincia–. No quiero chicos en los patrulleros,
quiero delincuentes en los patrulleros.” Los voceros oficiales le
aseguraron a Página/12 que el hombre que invitó a meter
bala a los ladrones se pasó el jueves rumiando la respuesta que
saldría a dar tras el escándalo que suscitó la publicidad
de la circular policial. El texto transmitido por radio a todas las comisarías
el día 6 de agosto dejó de estar en vigencia por obra y
gracia de las declaraciones de los funcionarios, aunque ayer las radios
de la Bonaerense no recibían aún la contraorden.
Al menos eso descubrió a la tarde la diputada nacional Alicia Castro,
quien junto a su par bonaerense, Susana Amaro, recorrieron comisarías
platenses para chequear si había niños detenidos y si la
medida continuaba rigiendo. Las integrantes del ARI habían presentado
un hábeas corpus preventivo ante el juez de Menores de La Plata,
Julio Bardi. “El comisario de la seccional novena nos contestó
que todavía no recibían ninguna contraorden”, le dijo
Amaro a este diario. Lo cierto es que la medida casi no habría
sido aplicada, más que en el departamento de San Martín.
Ayer el juez que denunció la existencia de la circular ante la
Suprema Corte bonaerense, Juan Carlos Cairo, contó en una entrevista
con Página/12: “Me llama un comisario al día siguiente
de escrita la circular y me dice que había recibido instrucciones
de sus mandos que todo chico que estuviera en la calle, mendigando, o
con un trapito, lo tenía que detener”. Cairo dice que la hizo
corta: le preguntó cuántos móviles tenía.
Eran tres. “Llénelos de chicos y lléveselos a Verón
a la residencia.” En su ironía estaba la negativa a dar curso
a la orden salida de Seguridad.
Cairo ya había tenido “pedidos anteriores” para que interviniera
sacando de los piquetes de su departamento judicial a los menores que
estuvieran a la intemperie. “Nos negamos a ser los encargados de
judicializar la pobreza que crece”, opinó ayer y relató
que “la realidad nos golpea a diario por chicos con falta de alimentación,
atención médica, escolaridad, descuido, carencia casi en
todos los sentidos”. Sobre ese tema no hablaron ayer los funcionarios.
Verón, en su reconocimiento público, partió por deslizar
que “tal vez haya un error en el texto que de lugar a una mala interpretación”.
“Hay un error en el texto frío de un telegrama que no sé
si sintetiza la intención de la orden”, agregó. La
verdadera intención del radio policial según el ministro
había sido “que el procedimiento” que impulsaba no era
detener a los chicos en riesgo, sino ponerlos a disposición de
los jueces. Lo que no explicó es el carácter de “amplios
operativos” que indicaba la circular aplicar hacia los chicos. Mientras
Verón invocaba ayer la ley de Patronato, vigente desde 1919, y
por la cual el Estado debe “proteger”a cualquier niño
en situación de “riesgo moral o abandono”, la titular
del Consejo Nacional del Menor y la Familia, María Orsenigo reclamaba
ayer al Congreso su derogación. Para la funcionaria la antigua
norma es la vía perfecta para “criminalizar la pobreza”
por lo que pidió que la ley del Protección Integral de los
Derechos del Niño, Niños, Niñas y Adolescentes, en
estudio en las comisiones en ambas cámaras.
|
Una denuncia contra
Impari
El hombre que firmó la circular del escándalo tiene
ahora, además de la triste fama de haberla firmado, una denuncia
penal en contra presentada por una Organización No Gubernamental
platense. El coordinador de la Oficina de Protección de Derechos
de los niños y adolescentes de la Fundación Anahí,
Marcelo Mendy, apuntó ayer en un escrito presentado ante
el juez de Garantías César Melazo, contra Carmelo
Impari, director General de Coordinación Operativa de Seguridad
acusándolo de los delitos de violación de los deberes
de funcionario público y abuso de autoridad.
“Más allá de que la medida haya sido suspendida
consideramos que acá se cometieron delitos y que es necesario
que un juez se expida”, le dijo Mendy a Página/12. En
el escrito la ONG plantea que “la sola idea del cumplimiento
efectivo de la medida de traslado compulsivo” de un niño
sería privación ilegal de la libertad. “Capciosamente
–sostiene Mendy– se busca unir dos situaciones que no
conviven al mismo tiempo, la de pobreza con el riesgo de integridad
física (...) para que no se destaque la olímpica incapacidad
de la policía de la provincia para luchar, precisamente,
contra los delincuentes que explotarían a los chicos”.
|
SIMULAN
FUSILAR A DOS POLICIAS DENUNCIANTES
“Pidan la baja a la fuerza”
Un matrimonio de policías
bonaerenses que declaró en la causa contra 24 oficiales del Comando
de Patrullas de Vicente López y de la comisaría de Florida
investigados por haber cometido distintos hechos de corrupción
fue sometido ayer a un simulacro de fusilamiento en una calle de la localidad
de Monte Grande. Roberto Lucero y María de los Angeles Romero denunciaron
que fueron interceptados cuando viajaban en su auto por dos hombres encapuchados,
que los obligaron a bajarse, y dejar a su bebé de un mes y medio
dentro del vehículo. Luego los obligaron a arrodillarse, les apuntaron
con armas a la cabeza y les ordenaron que “pidan la baja” de
la fuerza.
“No hagan nada porque los estamos midiendo”, les advirtieron
antes de irse los miembros de la patota que los agredió. Fue el
martes poco antes de la medianoche en la esquina de Cervetti y avenida
Fair, en Monte Grande. Los encapuchados iban en un Fiat Uno de color rojo
y llevaban pistolas nueve milímetros. La pareja denunció
el hecho en la comisaría del lugar y luego se presentó ante
el fiscal de San Isidro Hernán Collantes para pedirle medidas de
seguridad.
Collantes, que ya pasó por esa situación otras once veces,
cuando otros testigos fueron amenazas en circunstancias más apremiantes
que éstos, habló con el jefe de la Policía Bonaerense
para solicitarle que traslade a los agentes a la comisaría de su
domicilio. De esa manera intenta alejarlos del Comando de Patrullas de
Vicente López, el epicentro en el que están los acusados
por los testigos, que fueron liberados en enero por el juez de Garantías
Diego Barroetaveña, que entendió que no había mérito
para que siguiera detenidos, tal como había dispuesto anteriormente
la jueza Marcela De Langhe.
|
