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 El
Hospital Posadas, ubicado en la localidad bonaerense de Haedo, vuelve
a tomar protagonismo en estos días, después de que el 13
del mes pasado un operativo policial reprimiera a los trabajadores que
estaban en asamblea permanente, en rechazo al ajuste nacional que rebajó
los sueldos superiores a los 500 pesos un 13 por ciento. Ahora, un informe
realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), a pedido
del interventor del hospital, Ignacio Katz, señala distintas irregularidades
que se habrían cometido dentro del establecimiento. Sin embargo,
desde los sectores gremiales aseguran que lo denunciado por Katz “no
es nada nuevo”, y que responde a cuestiones denunciadas hace dos
años.
La Sigen le elevó al Ministerio de Salud de la Nación un
resumen de una serie de reuniones por el conflicto en el Posadas; en el
texto se informa que “el doctor Katz ordenó a la Auditoría
Interna del Hospital Posadas una serie de investigaciones que dieron como
resultado la existencia de distintas irregularidades, y respecto de las
cuales se dispuso el inicio de las acciones sumariales correspondientes”.
Katz precisó que, entre las irregularidades detectadas “hay
problemas con faltantes de drogas, que se han robado o cosa por el estilo,
exámenes de salud que se hicieron a gente que no es paciente del
hospital, facturación de services por aparatos que estaban en el
depósito y gente que cobra por determinado cargo en el hospital
y dentro de cierto horario, pero que en realidad trabaja en otro establecimiento”.
El Posadas, que recibe a 4500 pacientes diarios, tiene un status particular;
perteneció históricamente a la Nación, estuvo a punto
de ser trasladado a la órbita de la provincia de Buenos Aires,
y ahora se mantiene con fondos tanto nacionales como bonaerenses, a la
espera de que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
resuelva el problema.
Desde que el Gobierno lanzó la rebaja de sueldos para llegar al
déficit cero, los empleados del hospital se pusieron en pie de
guerra. Dentro de ese conflicto, el punto más caliente se vivió
el lunes 13 de agosto, cuando la policía desalojó por la
fuerza a los empleados del hospital. En una solicitada, los trabajadores
calificaron de “brutal” al operativo, y responsabilizaron a
Katz por el hecho. Pero según el interventor, fue él mismo
quien le pidió a la policía que diera por terminada la represión.
“Todo se inició porque los empleados no me dejaron entrar
al hospital, y los custodios de la Policía Federal dieron aviso
a la Justicia, que fue la que ordenó el operativo”, dijo Katz.
El interventor critica a los gremios y deja entrever que el plan de lucha
“obedece a que se quiere tapar el proceso de transformación
que hace la intervención”. Katz asegura que propone una eliminación
de la “corrupción estructural” y la “cultura del
trabajo” que dijo encontrar en el hospital. Y recuerda que él
fue quien abortó la llegada del comisario Jorge Colotto como encargado
de seguridad del Posadas, luego que los gremios denunciaran que ese personaje
habría participado de la represión ilegal.
Pero los gremios no tienen la misma imagen de Katz. “Sus denuncias
no agregan nada nuevo. Hay irregularidades que se denuncian que son ciertas,
pero es absurdo pretender que porque falten diez bidones de jabón
líquido se quiera hacer creer que detrás de todo esto están
los sindicatos”, le dijo a Página/12 un integrante de la Asociación
de Profesionales de la Salud del Posadas, que, junto con la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), son las señaladas por Katz como
las más conflictivas para con su gestión. “Además,
Katz no contestó los nueve pedidos de informes que le hizo la Unidad
de Auditoría Interna sobre el área de administración
a su cargo.”
De todos modos, ahora seguirán su marcha los sumarios para aclarar
las responsabilidades por los ilícitos, a pesar de las acusaciones
cruzadas entre sindicatos y autoridades del hospital. Mientras tanto,
el Posadas debe seguir atendiendo una demanda cada vez más creciente.
En un conurbano empobrecido y con una “emergencia sanitaria”
recién declarada.
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