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Por Irina Hauser
 Para alivio del Gobierno, el
ex concejal Eliseo Roselló ayer se negó a declarar. Después
de haber pasado la noche en una celda de la Policía Montada, el
viejo puntero radical fue trasladado al juzgado de Alberto Baños,
quien lo esperaba para indagarlo por el cobro de 1.400.000 pesos de sueldos
de falsos empleados del disuelto Concejo Deliberante porteño. Roselló
acusó en 1996 a Fernando de la Rúa, entonces jefe de gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, de haber tenido a un “ñoqui”
del órgano legislativo como jardinero en su quinta de Pilar. Con
aquella denuncia comenzó una megacausa en la que él mismo
terminó implicado y que dejó al descubierto un aceitado
sistema de nombramiento de supuestos empleados que servía para
disfrazar una forma de financiamiento ilegal de la política.
La negativa de Roselló a responder preguntas desilusionó
a los investigadores, que esperaban su confesión y, quizá,
nuevas precisiones sobre cómo funcionaba la maquinaria de nombramiento
de ñoquis. Creen que su decisión pudo haber estado condicionada
por la actitud del Gobierno, que en los últimos días puso
claras trabas para su extradición con el temor de que reflotara
la historia del jardinero. De la Rúa, de hecho, sigue imputado
no procesado en el expediente.
El ex edil, acusado de malversación de fondos en relación
a 50 casos de ñoquis del desaparecido Concejo, estuvo prófugo
desde que en agosto de 1999 Baños pidió su captura. Lo encontraron
en Brasil el año pasado, instaladísimo, convertido en un
empresario dueño de una fábrica procesadora de ajo en la
ciudad de Campaña, en Mina Gerais. Pasó diez meses preso
en Belo Horizonte y los trámites para su retorno a Buenos Aires
estaban listos el 20 de setiembre. Pero el secretario de Seguridad Enrique
Mathov presentó en el juzgado una nota alegando que no había
disponibilidad de fondos para traerlo. La excusa, alevosa cuando faltaban
pocos días para las elecciones, le costó a Mathov una denuncia
de los fiscales Mónica Cuñarro y Marcelo Roma (a cargo del
caso junto con sus pares Augusto César Troncoso y Horacio Amelotti).
Roselló llegó ayer al juzgado vestido de traje con estampado
escocés pero sin corbata. Su negativa a declarar no cambió
demasiado el panorama de la causa. Lo más probable es que el juez
Baños lo procese, como hizo con todos los demás ex concejales
implicados, incluso con dos ex presidentes del Concejo Deliberante porteño,
el radical Juan Trilla y el justicialista José Manuel Pico. El
ex puntero del radicalismo es el único que queda preso por esta
pesquisa, pero no pidió su excarcelación. La mayoría
de los ex funcionarios –radicales, peronistas y ucedístas–
que habían sido procesados por el juez fueron beneficiados con
falta de mérito por la Cámara de Apelaciones, una decisión
que los fiscales cuestionaron porque no les cabe ninguna duda de que ellos
refrendaban con su firma y a conciencia los recibos de los falsos empleados.
En esta causa llegaron a estar citadas más de 700 personas, muchas
de ellas damnificadas porque su identidad fue usada para que alguien cobrara.
Más aún, hay casos de discapacitados, jubilados con dificultades
de movilidad y hasta un cartonero que no sabía leer y escribir.
Para De la Rúa, Roselló es un enemigo. Lo acusó,
en 1998, de pinchar sus teléfonos y extorsionarlo con la divulgación
de escuchas telefónicas en las que sus hijos Aíto y Antonio
hablaban con sus profesores de la Facultad de Derecho (UBA) pidiéndoles
favores para aprobar sus exámenes. El juez Baños le preguntó
ayer al ex concejal si prestaba consentimiento para ser indagado por este
tema, a lo que respondió con un rotundo no. A Roselló, tiempo
atrás, también se le atribuyó la difusión
de un video en el que se veía a Inés Pertiné con
un grupo de amigas viajando a Miami con gastos pagos por el ex dueño
de VCC Samuel Liberman.
EL
SECRETARIO DE DE LA RUA PIDIO QUE INTERVENGA BECERRA
Los fiscales, muy molestos con Gallo
Como si su propia función
no le alcanzara para generarse problemas, ayer el secretario general de
la Presidencia, Nicolás Gallo, sumó otro frente de conflicto;
su pedido de que se le inicie un sumario al fiscal Alejandro Molina Pico,
que había solicitado su declaración indagatoria, la de Fernando
de la Rúa y la del ex procurador Ernesto Marcer, por presuntas
irregularidades en la concesión de la autopista Arturo Illia, generó
una reacción inmediata de los hombres de la Justicia. Ayer, más
de cuarenta fiscales de instrucción repudiaron la actitud de Gallo
y redactaron una nota que le elevarán hoy al procurador general
Nicolás Becerra, para que ignore el pedido del funcionario.
La causa que molesta a Gallo obedece a su paso como secretario de Obras
Públicas del gobierno porteño, cuando éste era dirigido
por De la Rúa. En el juzgado del doctor Nelson Jarazo fueron denunciadas
supuestas irregularidades en la renegociación de la concesión
de la autopista Illia, por lo que Molina Pico solicitó la declaración
indagatoria de De la Rúa, Gallo y de Marcer. Otro problema que
se suma es que Jarazo, que rechazó esos pedidos, está ternado
para ocupar el Tribunal Oral Federal de La Plata Nº 3, y quien tiene
que resolver el destino del magistrado es precisamente De la Rúa.
Enterado del pedido del fiscal, Gallo aseguró que era un “disparate
para mediatizar las cosas”. Redoblando la ofensiva, el funcionario
delarruista le envió una nota a Becerra, solicitándole el
inicio de un sumario contra Molina Pico. Gallo justificó su pedido
al considerar que Molina Pico impulsó un “un acto procesal
plagado de inexactitudes y claramente discriminatorio”. Becerra,
por su parte, le pidió al fiscal “que ofrezca las explicaciones
que estime correspondan”.
Los fiscales se abroquelaron en defensa de su colega. A las 14 de ayer,
en el despacho de uno de ellos, cercano al Obelisco, se reunieron y dejaron
en claro que repudiaban el pedido de Gallo. Al final, redactaron la nota
que le harán llegar hoy a Becerra. Según fuentes judiciales,
no es la primera actitud belicosa de Gallo contra miembros del Poder Judicial;
también habría criticado a los fiscales durante la causa
por supuestas irregularidades en la parquización de la Plaza de
los Periodistas, en Flores.
En cuanto a Jarazo, fue recusado por Marcelo Santiago Gey por su situación
como candidato a un ascenso que tiene que definir uno de sus posibles
indagados. Además, el juez no solamente rechazó los pedidos
de indagatoria; según allegados a los investigadores, ordenó
medidas “complejas” y que llevarán “un largo tiempo”.
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