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Por Maximiliano
Montenegro
 La negociación entre
los gobernadores y la administración central, encabezada por la
dupla Colombo-Cavallo, reconoce cuatro puntos claves. De ellos, en tres
hay acuerdo. Sin embargo, el punto de la discordia no es trivial porque
implica una definición sobre cómo plantarse frente al establishment
financiero. Los grandes bancos privados que operan en la plaza local aceptan
refinanciar las deudas de las provincias a una tasa menor, pero quieren
capitalizar los intereses restantes a partir del 2003, un esquema similar
al que ofrecieron las AFJP –controladas por los mismos bancos–
para el segmento de la deuda de la Nación. Los gobernadores rechazan
esa propuesta, argumentando que están proponiendo otro “megacanje”,
que dejaría activada la bomba del endeudamiento lista para estallar
a partir del 2003. El “mercado” amenaza con que cualquier quita
en la rentabilidad o el capital de la deuda sería interpretada
por los inversores internacionales como un default; la tan temida cesación
de pagos, de la que Cavallo trata de escapar desesperadamente desde marzo.
En el medio, el ministro no sabe cómo salir de la encrucijada.
Los puntos que se discutieron en las últimas horas en el Consejo
Federal de Inversiones son los siguientes:
 El reconocimiento por parte
de la Nación de la deuda que mantiene con las provincias por haber
recortado unilateralmente, desde agosto, el piso garantizado de coparticipación
a transferir a las provincias: 1364 millones mensuales. Se calcula que
esa deuda asciende a 600 millones de pesos entre agosto y setiembre. Y
que entre octubre y diciembre sumaría, como mínimo, otros
700 millones. De otro modo: entre agosto y diciembre, el giro de pesos
a las provincias estaría alrededor de un 18 por ciento debajo de
la garantía. A ese bache, de unos 1300 millones de pesos, los gobernadores
aceptan que la Nación lo cubra con la emisión de Lecop (Letras
de cancelación de obligaciones provinciales) por un monto equivalente.
Con las Lecop, los gobernadores más ahorcados financieramente pagarían
salarios; en tanto que servirían para abonar impuestos nacionales,
por lo que se buscaría transformarla en una tercera moneda, paralela
al dólar y al peso. En resumen: sobre este punto hay acuerdo, aunque
varios gobernadores quisieran pesos contantes y sonantes, en lugar de
terminar de empapelar sus provincias con bonos.
Para el 2002, Cavallo quiere
podarles a las provincias un 13 por ciento el piso garantizado de la coparticipación,
con el argumento de las transferencias significan un gasto corriente para
la Nación y esa misma quita se aplicó a los ingresos de
empleados públicos, jubilados y proveedores. Los gobernadores,
en cambio, se aferran al piso –acordado con el ex ministro José
Luis Machinea– como un derecho de igual entidad jurídica que
la propiedad privada. Después de varias idas y vueltas sobre el
tema, finalmente se acordó que el 13 por ciento en pesos que la
Nación retendría de la coparticipación sería
reconocido como un crédito a favor de las provincias. Las endeudadas
con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial podrían tomar
dicho crédito como un pago a cuenta. Mientras que las que fueran
acreedoras del Fondo, como es el caso de San Luis, recibirían un
interés equivalente al 4,5 por ciento anual. Es decir, de nuevo,
los gobernadores aceptan el recorte en pesos, pero como contrapartida
pretenden que la Nación lo documente con instrumentos de deuda
útiles para el pago de otras obligaciones.
El tercer punto en discusión
es una vieja deuda de Cavallo con los gobernadores, que ahora quieren
aprovechar la oportunidad para cobrársela. La ley 24.449 del ‘95,
durante la crisis del Tequila, elevó, a pedido del entonces ministro
de Menem, el IVA del 18 al 21 por ciento, pero con la condición
que los tres puntos adicionales no serían coparticipados a las
provincias transitoriamente; en tanto que la diferencia acumulada les
sería reintegrada en el futuro. Recién este año,
mediante el decreto 1004, la Nación reconoció una deuda
de 1200 millones de pesos por este concepto.Ahora, Cavallo aceptaría
otorgar a las administraciones del interior otro certificado, bono, o
pagaré, para documentar dicha deuda.
El cuarto es el punto que mantiene
paralizado un acuerdo final. La propuesta de refinanciación de
la deuda provincial aceptada por los bancos incluye, como anticipó
este diario, las siguientes características. Actualmente las provincias
pagan una tasa de interés del orden del 24 por ciento anual. La
oferta es reducirla al 7 por ciento por lo que queda de este año
y al 10 por ciento en el próximo; y capitalizar la diferencia de
tasa entre el 2003 y el 2012. Esa propuesta significa un “alivio”
en los intereses a pagar por las provincias de unos 340 millones este
año y de unos 1100 millones el próximo.
Sin embargo, los gobernadores no aceptan que se capitalice la tasa restante,
sino que quieren una disminución de tasas lisa y llana. Consideran
que de otra forma, al estilo del megacanje, significaría dejar
activada la bomba de la deuda a partir del 2003. Más aún,
consideran que éste es el momento de renegociar con los acreedores
una quita en la rentabilidad o en el capital de la deuda, aprovechando
la posición de fuerza que significa plantear que la alternativa
es que terminen sin cobrar nada. Y creen el mismo esquema de negociación
debería seguir el gobierno nacional para refinanciar a tasas más
bajas la deuda en poder de las AFJP.
Cavallo simpatiza con esa postura de los gobernadores. Pero su segundo,
el secretario de Finanzas, Daniel Marx, no se cansa de advertirle que
ese camino puede desembocar en una crisis financiera. “La idea es
que el acreedor gane o mantenga su situación actual; no que pierda,
porque entonces estamos en una situación de default”, amenazan
a coro desde el pool de entidades liderado por los bancos Galicia, Río-Santander
y BBVA Francés. “Es el gobierno el que nos vino a ver, desesperado
por una refinanciación”, agregan. Incluso, aseguran que con
las provincias ya están perdiendo rentabilidad al no aplicar un
“multiplicador” de la tasa que está en la letra chica
de los contratos y que podría llevarla a niveles todavía
mayores a los actuales.
Pero se resisten a asumir cualquier pérdida contable. Y se escudan
en el alerta que envió la semana pasada la calificadora de riesgo
Standard & Poor’s, que amenazó con poner a Argentina en
situación de “default selectivo” si se perjudicaba los
intereses de las AFJP, que tienen más del 60 por ciento de sus
fondos invertidos en títulos públicos.
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