Por Martín Piqué

Parece una telenovela, de esas que se prolongan casi hasta el hartazgo: la negociación entre los gobernadores y el Ejecutivo por la coparticipación federal de impuestos se suspendió por quinta vez desde que comenzaron las reuniones. Esta vez, las tratativas fracasaron porque la Nación no se comprometía a garantizar la refinanciación de las deudas provinciales al 7 por ciento, un reclamo indeclinable para los mandatarios reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El malhumor se potenció, además, por el sorpresivo viaje de Domingo Cavallo a Washington. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los gobernadores reforzaron sus demandas con una “contrapropuesta” consensuada por todos –tanto del PJ como de la Alianza– que fue enviada por fax al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. El Gobierno deberá responder hoy a las 12, cuando se reanuden las negociaciones.
Todo había comenzado al mediodía en la Casa de Córdoba, donde José Manuel de la Sota recibió a sus pares del PJ, a excepción del santiagueño Carlos Juárez y del bonaerense Carlos Ruckauf, quien se encontraba sobrevolando las inundaciones junto al presidente Fernando de la Rúa. Eran las horas del mediodía, y Carlos Reutemann anunciaba que los gobernadores del PJ presentarían “una contrapropuesta de cinco puntos”. Mientras los peronistas redactaban lo que luego se difundió como el “Compromiso Federal por el crecimiento de la Argentina”, los de la Alianza se encontraban reunidos con Colombo. Luego se dirigieron a la representación de la provincia del Chaco –ubicada al lado de la sede cordobesa– donde analizaron el documento que proponían los justicialistas.
A la tarde la acción se trasladó al quinto piso del CFI, en San Martín y Tres Sargentos, donde los radicales, más el neuquino Jorge Sobisch y el frepasista jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, propusieron algunos cambios que fueron aceptados e incluidos en el texto original escrito por los peronistas. De todos los aliancistas, los únicos ausentes eran Oscar Castillo (Catamarca) y José Luis Lizurume (Chubut).
La presentación ideada por los gobernadores del PJ se concentra, exclusivamente, en torno a cinco puntos (ver aparte).
En uno de los puntos más problemáticos para el Gobierno, el cuarto, los gobernadores remarcan que la Nación debe garantizar “la refinanciación de las deudas de las provincias al 7 por ciento sin capitalización sobre tasa, con dos años de gracia de amortización de capital y 15 años de plazo”. Esa garantía, precisamente, es la que el Ejecutivo, a través de Colombo y del secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, aún no ha podido asegurar. Porque la banca privada no parece muy dispuesta a aceptar una tasa tan baja. “Desde el efecto tequila, nadie refinancia al 7 por ciento, me suena a irrealidades”, comentó ayer un gobernador del PJ, escéptico, a Página/12.
A cambio de la refinanciación del 7 por ciento, las provincias beneficiadas se comprometen a aceptar un recorte del 13 por ciento en los montos coparticipables que reciben cada mes del Gobierno nacional. Finalmente, en el quinto punto del documento se ratifica “la emisión, validez y circulación de los Lecop” hasta la suma de 1300 millones.
A pesar de la energía puesta en la “contrapropuesta”, nadie quiso arriesgarse demasiado con respecto a su factibilidad. El propio De la Sota, por ejemplo, reconoció que no podía “dar una opinión sincera” sobre su éxito porque no conocía “la opinión del gobierno”, aunque luego subrayó que “todos los signos políticos nos pusimos de acuerdo”. Al mismo tiempo que De la Sota mostraba su habitual prudencia, los peronistas del Frente Federal se pintaban la cara y hablaban de “ánimos rupturistas”.
La bronca de los peronistas de las provincias “chicas” tenía varios motivos: el primero, básicamente, se centraba en las diferencias entre las propuestas del Ejecutivo y lo que antes había prometido. “Lo que pactan no es lo que escriben –se quejaba ante este diario un gobernador del FrenteFederal–. Pactan una cosa y escriben otra. El señor Liendo y el señor Baldrich no entienden nada de política.” Otro mandatario agregaba en la misma sintonía: “El problema es que no le creemos al gobierno ni a Cavallo, que acuerdan una cosa y escriben otra”.
A ese punto irritante se le sumó luego la ausencia de Cavallo, quien se había partido intempestivamente a Estados Unidos. “Esto es joda, primero se fue De la Rúa a España, y después Cavallo se va a Estados Unidos”, se reía uno de los principales operadores de las provincias chicas. En ese momento, la reunión parecía naufragar: los peronistas se mostraban de acuerdo en seguir presionando al Gobierno, mientras que los radicales aparecían divididos: Sergio Montiel y Alfredo Avelín secundaban a los del PJ, hasta tal punto que Angel Rozas –el encargado de hablar con Colombo– bautizó “Bin Laden” al sanjuanino. Pablo Verani, en cambio, se mostró más proclive al Ejecutivo. La reunión terminó sin más definiciones, cuando Adolfo Rodríguez Saa anunció el cuarto intermedio hasta hoy a las 12.
En el caso de que el Gobierno no acepte la contrapropuesta, en el PJ ya preparan varias acciones legislativas que funcionarían como “castigo”. Uno de los referentes del Frente Federal adelantó ayer a este diario que la bancada del PJ en el Congreso no sólo volverá a la carga para intentar derogar la ley que le dio a Cavallo las facultades extraordinarias. “Mañana (por hoy) le sacamos los superpoderes”, comentaba, exultante, a Página/12, para luego agregar que los legisladores peronistas impulsarán otro punto que podría enervar aún más al Ejecutivo: la coparticipación del impuesto del cheque, un viejo reclamo de las provincias, al que ahora que se ven fuertes (después de las elecciones del 14 de octubre) creen estar en condiciones de convertir en ley en el Parlamento.

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