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Por
Horacio Verbitsky
 Pese
a toda la retórica respecto de la lucha contra el terrorismo, la
Argentina desertó de la reunión extraordinaria del Grupo
de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales
(GAFI), que se inició ayer y concluirá hoy en Washington.
La plenaria fue convocada para coordinar los esfuerzos de detección
y prevención del mal uso del sistema financiero mundial por parte
de los terroristas. La ausencia de funcionarios argentinos especializados
tomó como excusa la escasez de recursos debido a la política
de déficit cero. Pero, al mismo tiempo, el presidente Fernando
De la Rúa solicitó que se interrumpiera el proceso de selección
de los miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF), que
es el equivalente local del GAFI, y el ministerio de justicia tiene un
proyecto en elaboración para reducir su integración de once
a tres miembros, cediendo a los reclamos de los bancos, que aquí
resisten el control a sus operaciones. De este modo, la Argentina desatiende
las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, que decidió por unanimidad que los 189 estados miembros
de la organización debían combatir el financiamiento, entrenamiento
y movimientos de los terroristas. La Argentina es representada en la reunión
de Washington por funcionarios de la embajada, sin conocimientos sobre
el tema en debate. En el mejor de los casos podrán comunicar las
resoluciones finales adoptadas.
Enmienda
por decreto
Los tres primeros y principales puntos de la resolución adoptada
por el Consejo de Seguridad el 28 de septiembre prescriben prevenir y
suprimir el financiamiento de los terroristas, congelar sin demora sus
recursos y prohibir que se pongan fondos a disposición de organizaciones
terroristas. Los estados miembros deben informar antes del 28 de diciembre
qué medidas han adoptado para poner en práctica la resolución
que, de acuerdo con el capítulo 7 de la Carta, es obligatoria.
Tanto el GAFI como la UIF tienen como tarea adoptar medidas de control
que dificulten el lavado de dinero. Esto como es natural es resistido
por los bancos. El gobierno de los Estados Unidos tampoco había
mostrado mayor entusiasmo en el establecimiento y aplicación de
normas muy estrictas, porque esto molestaba a sus mayores bancos, tal
como ocurre en la Argentina. Pero la actitud estadounidense cambió
después de los atentados del 11 de setiembre, ya que los mismos
circuitos que se usan para lavar dinero producto de la corrupción
y el crimen organizado, sirven para canalizar fondos de organizaciones
terroristas.
La Argentina, en cambio, en vez de hacer más estrictas las medidas
de control, se propone relajarlas. La decisión fue anticipada el
viernes por el diario patronal Ambito financiero, en una sugestiva nota
bajo el amable título “Más burocracia para controlar
el lavado”. En tono presuntamente irónico rememora disposiciones
regulatorias de distintas épocas, sin relación alguna con
el tema en cuestión. La ley 25.246, sobre prevención del
encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, prevé que
la UIF esté integrada por once miembros, todos elegidos por concurso,
cuyo resultado es vinculante para el Poder Ejecutivo, según el
decreto 169 de enero de este año. Seis de ellos son concursados
por la AFIP, la Sedronar la CNV, el Banco Central y los ministerios de
justicia y de Economía. Los tres primeros ya habían elegido
de ese modo a sus representantes, los especialistas García Lorea,
Sain y Rabinovich; Justicia y el Banco Central, están a punto de
emitir su dictamen y Economía convocó a concurso el 24 de
octubre. Para los otros cinco cargos la inscripción en los concursos
públicos nacionales se cerró el 17 de octubre. Pero la semanapasada,
la Secretaría General de Presidencia envió a esos organismos
una carta firmada por De la Rúa solicitando la suspensión
de los concursos.
Fuentes del ministerio de Justicia dijeron que el hermano presidencial,
Jorge De la Rúa tiene en elaboración un proyecto que modifica
la ley de modo que la UIF sólo tenga tres integrantes: uno por
el propio ministerio de Justicia,otro por el Banco Central y el tercero
por el sector bancario. Salvo que el Congreso revoque antes la delegación
de facultades al Poder Ejecutivo, esta reforma a medida de los deseos
de los banqueros se haría invocando esa delegación.
Las
finanzas del terror
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo
de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito
es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales.
De tal modo procura impedir que recursos originados en actos delictivos
se utilicen en actividades criminales futuras y afecten a las actividades
económicas lícitas. Lo integran 29 países (entre
ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón,
España, Italia, China, Suiza, Hong Kong, Bélgica, Canadá,
Turquía, Argentina, Brasil y México) y dos organismos internacionales.
Es un organismo multidisciplinario que reúne a expertos encargados
de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas,
cuya secretaría ejecutiva funciona en París. Las Cuarenta
Recomendaciones que el GAFI formuló en 1990 constituyen el marco
básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas
para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico
penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y
la cooperación internacional. Los estados que no cumplen con los
lineamientos básicos establecidos por el GAFI son incorporados
a una Lista de Países y Territorios No Cooperantes. En Febrero
de 2000, Bélgica propuso incluir a la Argentina en esta lista negra,
porque no poseía una ley específica de lavado de dinero,
ni una UIF que centralizara la información financiera. Eludió
su descenso a esa peligrosa categoría gracias a la sanción
de la Ley 25.246, elaborada por la diputada Elisa Carrió y en junio
de 2000, pasó a ser miembro pleno del GAFI, que mantiene dos reuniones
ordinarias por año. La que concluye hoy en Washington es extraordinaria
y fue convocada a raíz de la nueva situación mundial. La
agenda incluye una descripción de los “métodos y técnicas
usados en el financiamiento del terrorismo” y un Plan de acción
del GAFI con recomendaciones especiales para combatir el financiamiento
del terrorismo. También se planea emitir nuevas orientaciones para
las instituciones financieras.
Valiente
muchachada
Relajadas las medidas de control sobre aquellas cuestiones prácticas
que están al alcance de su soberanía, el aporte de la Argentina
al esfuerzo internacional, se reduce a la remilitarización de la
seguridad interior que las Fuerzas Armadas propician con el pretexto del
11 de septiembre. En un reportaje concedido al comprensivo matutino “La
Nación”, el jefe de la Armada, almirante Joaquín Stella
dijo el domingo que debían “replantearse los conceptos de
seguridad y defensa”, de modo de “adaptarse sin prejuicios al
nuevo escenario mundial”. Stella agregó que la oportunidad
para ello será el tratamiento de la ley de inteligencia nacional,
que debería discutirse “más seriamente en el nuevo
Congreso”. El proyecto naval, que hizo suyo el presidente De la Rúa,
de vínculos familiares con la Armada a través de su cuñado,
el almirante Basilio Pertiné, crea un superconsejo de seguridad,
defensa e inteligencia, que deroga de hecho la división entre defensa
nacional y seguridad interior establecida por lasleyes respectivas. La
referencia de Stella al “nuevo Congreso” no es casual. Los propulsores
de esta reforma, que con el pretexto del terrorismo devolvería
a los militares las facultades de opinar sobre absolutamente todo, incluso
los planes de estudios en los colegios y el largo de las faldas de las
mujeres, saben que el Senado se propone votar mañana el proyecto
de ley que De la Rúa firmó el 22 de agosto, que preserva
la división entre seguridad y defensa y reafirma la conducción
civil del sistema nacional de inteligencia. El proyecto tiene dictamen
favorable de todas las comisiones involucradas. Los Jefes de Estado Mayor
intentan presentar el regreso de las Fuerzas Armadas a niveles de decisión
política y a tareas policiales como una respuesta moderna ante
las denominadas nuevas amenazas. El reportaje a Stella demuestra que,
en realidad, se fundamenta en conceptos tan rancios como el de las fronteras
interiores, que el ex dictador Juan Onganía teorizó en su
discurso de West Point hace 35 años y que la dictadura de Videla,
Massera & Cia. aplicó hace 25. No por azar Stella expresa su
esperanza de que “este nuevo terrorismo ayude a contribuir para que
se vuelva a repensar la parcialización de nuestra historia. Yo
abono la idea de una mirada amplia. En ese sentido, creo que esta experiencia
plantea la posibilidad de esa visión totalizadora de los años
de violencia en la Argentina”. Es decir, reivindicar la guerra sucia
y el terrorismo de Estado.
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