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Por S.V.
 La Comisión de Acusación
del Consejo de la Magistratura tomó ayer declaración a la
jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García,
quien según reveló Página/12 había participado
en el desapoderamiento de bienes de un grupo de desaparecidos. Al mismo
tiempo, en ausencia de los consejeros de la Alianza y sin ponerse de acuerdo
en los fundamentos, la comisión resolvió elevar al plenario
la solicitud de juicio político al magistrado mendocino Luis Leiva,
instructor original de la causa que involucra al ex banquero Raúl
Juan Pedro Moneta. La situación generó malestar entre integrantes
del organismo que consideraron improcedente aprobar un pedido de “jury”
sin exponer las causas que lo sustentan.
La citación de la jueza García se basó en una presentación
de los consejeros aliancistas Pablo Fernández –diputado por
el Frepaso– y Carlos Maestro –legislador por el radicalismo–
y en el pedido de desafuero realizado por el juez federal Claudio Bonadío,
quien investiga la apropiación por parte de altos oficiales de
la ESMA de los bienes del empresario mendocino Victorio Cerutti, el abogado
Conrado Gómez y el contador Horacio Palma. A fines de los años
70, la abogada Emilia Marta García (trabajando para el escribano
masserista Ariel Sosa Moliné) participó en calidad de síndico
suplente, síndico titular y por último accionista de Wil-Ri,
la sociedad formada en los sótanos de la Escuela de Mecánica
para traspasar a manos de la familia del ex almirante Emilio Massera valiosas
tierras de la localidad de Chacras de Coria pertenecientes a Cerutti,
Palma y Gómez. Wil-Ri era el nombre de fantasía que disfrazaba
sin mucha cautela a Francisco Williams y Héctor Ríos, las
falsas identidades tras las que se ocultaban el capitán Francis
William Whamond y el teniente Jorge Radice, ambos en prisión por
resolución de Bonadío. La jueza García no negó
los hechos que se le imputan pero dijo haber colaborado “sin saberlo”
mientras se desempeñaba como “practicante” en la escribanía
de Sosa Moliné. En su descargo, García argumentó
que su hermana, Graciela García Romero, había sido secuestrada
por la marina y, por lo mismo, mal podía haber servido ella a los
designios de los victimarios. “Mi familia fue víctima de aquella
historia. Hoy siento que me pasa lo mismo: aparecí en una libretita
de alguien –exageró, dramática, la jueza– y ahora
vienen a buscarme.”Lo cierto es que su hermana fue una estrecha colaboradora
de los marinos y en especial del capitán Jorge “Tigre”
Acosta. La declaración autoexculpatoria de Emilia García
hizo decir al justicialista Juan Carlos Pichetto que “la historia
es ridícula y no tiene sostén”.
En el orden del día de la comisión figuraba, asimismo, desde
la semana anterior el caso de Leiva. Los cuatro consejeros presentes (Fermín
Garrote, Pichetto, Augusto Alasino y Juan Gersenobitz) fueron unánimes
al resolver dar luz verde a la solicitud de enjuiciamiento del magistrado
mendocino. Fueron unánimes también al no mencionar la existencia
de un dictamen de desestimación firmado en minoría por dos
consejeros que se hallaban ausentes: Fernández (cuya renuncia aún
no ha sido aceptada ni designado su sucesor) y Maestro. Sin embargo la
unanimidad se fracturó a la hora de enunciar los fundamentos, puesto
que ni Gersenobitz ni Garrote respaldaron los formulados por Pichetto.
El mecanismo levantó la indignación de un grupo de consejeros
que no entienden de qué modo se solicita un jury sin presentar
cargos, en una flagrante violación –sostienen– al derecho
de defensa en juicio.
EL
EX JUEZ BRUSA PODRIA QUEDAR EN LIBERTAD HOY
¿Suárez Mason rumbo a Alemania?
Por V. G.
El juez federal Gabriel Cavallo
inició el proceso de extradición del represor Carlos Guillermo
“Pajarito” Suárez Mason por el asesinato de la estudiante
Elisabeth Kaesemann. El gobierno de Alemania, a través de un escrito
presentado por el abogado Alberto Zuppi, solicitó al magistrado
que dé curso a la solicitud aunque aún no se expidió
el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cambio, Cavallo aún
no recibió los papeles que España debe mandar en relación
a 18 represores, por lo tanto el policía Eduardo Ramos y el ex
juez Víctor Brusa podrían quedar en libertad.
Suárez Mason, que está arrestado en su domicilio también
por su responsabilidad en el plan sistemático de apropiación
de bebés durante la última dictadura, será llevado
hoy ante Cavallo y el juez le notificará que tiene la opción
de ser juzgado en Alemania sin que se realice el juicio de extradición.
Luego, las partes tendrán cinco días para ofrecer pruebas
y hacer recusaciones.
El fiscal Reiner Gamaelich consideró que Suárez Mason es
responsable del asesinato ocurrido en la noche del 23 al 24 de mayo de
1977 en su carácter de comandante en jefe del I Cuerpo de Ejército.
Esa noche, Kaesemann fue trasladada por las fuerzas de seguridad junto
con otros 15 detenidos, esposados y encapuchados, hasta la localidad bonaerense
de Monte Grande, donde fue ejecutada con disparos de arma de fuego a quemarropa
en la espalda y la nuca.
Hasta ahora, los jueces que recibieron solicitudes de detención
“con miras a extradición” de represores argentinos esperaron
que los papeles fueran remitidos por vía diplomática. Pero
como el Gobierno se opuso al trámite con el argumento de la defensa
del principio de territorialidad, los procesos de extradición nunca
comenzaron. El gobierno de Alemania se anticipó y presentó
un escrito no sólo en el Ministerio de Relaciones Exteriores sino
también ante el Ministerio de Justicia y ante el juez Cavallo,
por eso el magistrado pudo dar curso al pedido. Pero la Cancillería
–que está estudiando el escrito alemán en base a la
ley de cooperación penal internacional– podría detenerlo
al expedir su opinión, si esta es coincidente con lo que dijo cuando
Italia reclamó la extradición de Alfredo Astiz.
El requerimiento alemán es por el asesinato de Kaesemann y al fundamentar
la imprescriptibilidad del delito se lo califica como genocidio. Por eso,
si el juicio sigue adelante, la Justicia argentina deberá fijar
su posición sobre este crimen, que no está tipificado por
el Código Penal pero cuya convención internacional tiene
rasgo constitucional. Zuppi afirmó que el pedido de Alemania “cumple
con todos los requisitos exigidos: el hecho constituye un ilícito
en ambas naciones, la causa no está prescripta y son competentes
los magistrados que intervienen en el proceso”.
Cavallo también recibió en agosto un pedido de detención
de 18 represores acusados por el juez español Baltasar Garzón.
El magistrado hizo lugar a la solicitud pero concedió la excarcelación
de la mayoría de los militares y mantuvo bajo arresto a Ramos y
Brusa. Ambos podrían salir en libertad si no llegan los papeles
oficiales de España. Desde España, se informó que
el magistrado ya envió su escrito, pero el gobierno argentino aún
no lo recibió.
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