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Por Carlos Rodríguez
 Fernando Antúnez, uno
de los tres detenidos por la violación seguida de muerte de la
docente María Fabiana Gandiaga, pidió ampliar mañana
su declaración ante el juez Alberto Seijas para “acusar a
otra persona que participó en el hecho” y a quien señaló
como “empleado de la sección intendencia” del club Gimnasia
y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), según anticipó a Página/12
el propio imputado. Antúnez volvió a insistir en su inocencia,
aunque existen pruebas que parecen confirmar su participación en
el crimen, entre ellas las marcas que tiene en la cara y en el cuerpo,
producidas presuntamente por la víctima al intentar defenderse.
Respecto de las razones por las cuales demoró hasta ahora la acusación
contra quien asegura que es “el principal responsable”, Antúnez
dijo que se calló “por temor a una venganza, ya que amenazaron
con matarlas”, aludiendo a su esposa y a su hija de cuatro meses.
“Yo presencié todo y acá hubo gente grande, con plata.
Yo sólo estuve en el lugar, no hice nada, lo juro”, siguió
diciendo Antúnez, quien hasta ahora no pudo convencer al juez Seijas,
quien la semana próxima podría resolver la situación
procesal de los tres detenidos. Además de Antúnez, de 21
años, están detenidos Miguel López, de 25, quien
también habló con este diario y también negó
los cargos en su contra, y Carlos Vallejos, de 21. A pesar de que López
está preso, entre otras cosas, porque fue acusado directamente
por Antúnez, ambos se encuentran presos, en celdas individuales
pero compartiendo los lugares de recreo, en el sector “J” del
pabellón de ingreso del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza.
Anoche, al confirmar que Seijas aceptó el pedido formulado por
Antúnez, quien será recibido mañana por el magistrado,
fuentes judiciales admitieron que les habían adelantado que en
la causa podría haber “una sorpresa que podría modificar
el rumbo de la causa”, pero tomaron tal posibilidad con pinzas. “Hay
que ver los datos que aporta el imputado”, apuntaron los voceros,
quienes admitieron, de todos modos, que nunca se descartó la presencia
de una cuarta persona “que participó o que supo todo lo sucedido
desde el primer momento”.
Las dudas del caso podrían llevar al juez Seijas a posponer la
resolución de las situaciones procesales hasta que tenga en su
poder los resultados de los análisis de ADN realizados sobre las
muestras de semen halladas en el cuerpo de la víctima. Trascendió
que se determinó la presencia de tres grupos sanguíneos,
lo que indicaría que fue violada al menos por dos hombres, ya que
la tercera muestra podría corresponder a la propia víctima.
Los tres detenidos niegan participación en la violación
y muerte de la maestra, pero de ellos Antúnez aparece como el más
complicado, por las marcas en el cuerpo y porque en su casa se encontró
el teléfono celular de la víctima.
“Yo estaba limpiando el hall de la planta baja, el que da a la calle
Bartolomé Mitre y empecé a sentir ruidos raros. Subí
las escaleras y llegué al entrepiso, abrí la puerta de un
baño que estaba en desuso y me encontré con todo”,
dijo Antúnez en diálogo telefónico con este diario.
Luego repitió la poco creíble historia de cómo le
fue entregado el teléfono celular “en parte de pago”
por una deuda, aunque ahora incluyó en la historia a una cuarta
persona. Aseguró que se trata de “un hombre que trabaja desde
hace años en el sector de intendencia del club” GEBA. Sostuvo
que “es muy conocido por todos”.
“Fueron él y Miguel (por López), ellos fueron los dos
autores”, afirmó una y otra vez Antúnez, quien en ningún
momento mencionó al tercer detenido, Carlos Vallejos, quien se
encuentra en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. “Cuando los
dos se dieron cuenta de que yo había visto todo, me amenazaron
de muerte, amenazaron a mi familia y por eso me tuve que callar la boca”,
dijo el acusado. Antúnez dudó cuando se le preguntó
acerca de las marcas visibles que tiene en la cara y en el cuerpo. El
juez Seijas ordenó pericias para determinar si había piel
bajo las uñas de la víctima, a fin de determinar el ADN
de esas muestras, si existen. “Las lastimaduras son porque el empleado
de intendencia me pegó varias veces al descubrir que los estaba
espiando. Tuve un ojo morado y tengo testigos que me vieron con esas marcas”,
afirmó Antúnez, quien prometió mañana llevar
las pruebas al juez de la causa. “Yo no sabía dónde
la habían enterrado (es textual), no sabía que la habían
enterrado bajo uno de los ascensores. Es mentira lo que dijeron algunos
diarios, yo no sabía nada de eso”, insistió el detenido.
“Ni siquiera tenía idea de dónde quedaba el baño,
llegué siguiendo los ruidos”, ratificó.
Consultado sobre la nueva versión que podría ser incorporada
a la causa, el abogado de la familia de la víctima, Juan José
De Valle, le dijo a este diario que “nunca se descartó la
posibilidad de una cuarta persona, es posible que así haya sido,
pero hay que ver lo que dice ante el juez porque también el hecho
de incorporar a otro imputado puede ser una buena forma de embarrar la
investigación”. De Valle consideró que el caso Gandiaga
es “uno de los más horrorosos de la historia” y describió
el baño del entrepiso como “un lugar horrendo, donde no hay
luz, ni natural ni artificial, al que se llega por pasadizos que ni siquiera
conocen los socios más antiguos de GEBA. ¿Cómo hicieron
para conocerlos tres personas que trabajaban en el lugar hacía
apenas unos meses?”.
En ese contexto, De Valle no descartó que haya participado “una
persona que conociera muy bien esos lugares, pero por ahora es sólo
una especulación porque hay que ver qué es lo que declara
y cuáles son las pruebas que aporta ante la Justicia”. El
abogado de la familia, como parte querellante, no tiene la posibilidad
de asistir a la declaración que hará mañana Antúnez.
SE
TRATA UN PROYECTO PARA ENDURECER SANCIONES
Mano dura para taxis truchos
Con la mira en la seguridad
a bordo de los taxis de la capital, el Jefe de Gobierno, Aníbal
Ibarra, aprovechó ayer un seminario internacional sobre seguridad
urbana para insistir sobre las sanciones contra quienes alguien sus autos
a choferes truchos, tras el crimen de Miguel Lecuna. “En los delitos
cometidos con taxis, vamos a ser absolutamente firmes”, dijo para
enseguida reclamar el traspaso de la Policía Federal a la ciudad.
El endurecimiento de Ibarra se basa en un proyecto que se tratará
hoy y contempla que aquellos titulares de taxímetros que permitan
manejar su coche a un conductor no habilitado perderán la licencia,
su vehículo será secuestrado y ya no podrá volver
a trabajar con él como taxi. Al mismo tiempo se desataba ayer una
serie de aclaraciones en torno al famosísimo identikit confeccionado
por la Policía Federal de uno de los supuestos asesinos de Lecuna:
el hombre señalado como el que apareció en todos los medios
es un preso, en cuyo retrato sacada de los archivos, justamente se basó
el testigo que dictó los datos del rostro.
Sin novedades en la investigación del homicidio de Lecuna, esposo
de la actriz y conductora Georgina Barbarossa, la Policía Federal
insistió ayer por quinto día consecutivo con la hipótesis
de que se trató de un intento de robo que “salió mal”.
Las puñaladas recibidas por Lecuna, en un breve lapso de tiempo
y espacio, se deberían según la versión de la que
aún no se han dado pruebas, simplemente a que la víctima
se resistió al asalto y obligó a los ladrones a neutralizarlo
mediante el viejo método de la puñalada. De hecho la noticia
del asesinato quedó relegada por las discusiones y declaraciones
que provoca el tema de la seguridad en los taxis. Hoy la Legislatura tratará
el proyecto para que aquel titular de un taxímetro que entregue
su vehículo a una persona por fuera de los requisitos legales,
pierda licencia, vehículo y hasta calidad de tachero.
Esas sanciones se sumaron al reclamo hacia el gobierno nacional del “traspaso
de la policía”, ya que “las demandas son cada vez mayores”
hacia su gestión que se encuentra “en condiciones de mejorar
la capacitación, la tecnología y aportar los medios”
a la fuerza policial para la lucha contra el delito. Justamente la elaboración
del identikit a través de un programa de computación provoco
toda una confusión con el rostro del preso Sergio Luque, cuyos
padres se pasaron el día de ayer llenando el vacío de los
noticieros con su clamor de aclaraciones. “El no es un asesino”,
se les oyó decir en cada uno. Pero la mejor aclaración llegó
del ministerio de Justicia, organizador del encuentro en el que hizo sus
declaraciones Ibarra: un vocero dijo que “el presunto identikit es
la foto de Sergio Luque, detenido en el penal de Marcos Paz”. Con
razón eran tan parecidos.
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