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Por José
Natanson
 La ministra de Seguridad Social,
Patricia Bullrich, ha iniciado una disputa interna con final impredecible.
A José Dumón no sólo lo acusa de desactivar su proyecto
de transparencia sindical, sino que incluso va más allá:
está convencida de que el ministro de Trabajo ha firmado un pacto
de convivencia con los capos gremiales que tendría su traducción
concreta en un nombre, el de Alberto “Gato” Tomazone, un sindicalista
cercano a Armando Cavalieri que –según Bullrich– estaría
trabajando bajo las órdenes de Dumón. Pero el ministro de
Trabajo no es el único adversario. “Este chico se piensa que
vino acá a hacer clientelismo”, le dijo Bullrich esta semana
a un funcionario. Se refería a otro de sus compañeros de
gabinete, el titular de Desarrollo Social, Daniel Sartor, con quien mantiene
una disputa aún no saldada por las partidas asistenciales.
Bullrich llegó al gabinete en octubre del año pasado como
parte de aquel recambio famoso que disparó la renuncia de Carlos
“Chacho” Alvarez. Desde un principio, la funcionaria adoptó
un rol protagónico que la llevó a enfrentarse y aliarse
alternativamente con las principales figuras del Gobierno.
Un mes atrás, en una tensa reunión reservada en la Casa
de Gobierno, Bullrich se cruzó a los gritos con Chrystian Colombo,
a quien acusó de intentar desplazarla del Ministerio de Trabajo
para designar en su lugar a un radical que recomponga el diálogo
con los sindicalistas. Aunque es evidente que finalmente perdió
esta pulseada, Bullrich fue designada en un cargo clave que concentra
casi la totalidad de los recursos sociales del Estado nacional. A pesar
de su nuevo rol, la ministra no tiene intención de aflojar en la
pelea con los gremios y reclama en público que Dumón no
archive su proyecto para obligar a los capos cegetistas a presentar su
declaración jurada de bienes (ver recuadro).
Bullrich está convencida de que el acuerdo no se limita a anular
el proyecto, sino que va más allá. Según dice, la
presencia de Tomazone en un lugar privilegiado del Ministerio de Trabajo
es la prueba viviente del pacto Dumón-CGT. “Le regalaron el
ministerio a los Gordos”, se quejó ante un grupo de colaboradores.
La disputa por los planes Trabajar forma parte del problema. Aunque la
idea es centralizar todos los recursos sociales del Ejecutivo en el ambicioso
plan que manejará la cartera de Seguridad Social, Dumón
se resiste a ceder los 300 millones de los programas de empleo. El control
de los recursos también la ha llevado a una disputa con Sartor,
cuyo ministerio quedaría disminuido y se ocuparía casi exclusivamente
de atender situaciones de emergencia.
Bullrich dice que no tiene sentido mantener los planes Trabajar, una ayuda
focalizada y a menudo clientelar, si el objetivo es universalizar la seguridad
social. Sobre Sartor, directamente piensa que ha llegado para hacer clientelismo.
Por eso, la funcionaria está dispuesta a seguir con su plan: esta
semana presentará formalmente el Sistema Integral de Protección
a la Familia, que luego irá poniendo en marcha provincia por provincia.
Desde luego, tanta obstinación la ha llevado a enfrentarse con
buena parte del gabinete: además de Dumón y Sartor, con
quienes apenas se habla, Bullrich mantiene una relación fría
con Colombo y distante con Mestre, a quien define como un secretario del
jefe de Gabinete. Su situación podría complicarse aún
más si, como todo indica, De la Rúa designa a Rafael Pascual
en el Ministerio del Interior a partir de diciembre: el jefe de Diputados,
un delarruista histórico, nunca ha congeniado bien con los integrantes
del Grupo Sushi.
Tiene un aliado –precario y cada vez más débil–
en Domingo Cavallo: el ministro de Economía no sólo confía
en su eficiencia. También prefiere que sea ella y no un radical
quien se ocupe de la ayuda social del Gobierno.
En este esquema de virtual aislamiento, Bullrich cuenta con los jóvenes
amigos de Antonio de la Rúa –Andrés Delich, Hernán
Lombardi, LautaroGarcía Batallán, Darío Lopérfido
y Darío Richarte– como aliados en potencia. Y con el apoyo
del Presidente. “De la Rúa la considera ejecutiva y leal,
aunque no sea de su estilo. A veces se asusta cuando la escucha por televisión
y piensa que exagera, pero al final la defiende”, describe un hombre
muy cercano al Presidente.
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Transparencia o legalidad
“Me parece un absoluto despropósito no avanzar en la
transparencia de la actividad gremial. La transparencia es un valor
fundamental que no debería negociarse a cambio de nada”,
asegura la ministra de Seguridad Social, Patricia Bullrich. Se refiere
a la decisión del ministro de Trabajo, José Dumón
(foto), de acordar con los abogados de las dos centrales sindicales
dejar en suspenso una resolución que obligaba a los capos
gremiales a justificar su patrimonio.
El proyecto fue uno de los ejes políticos de la gestión
de Bullrich al frente del Ministerio de Trabajo. La relación
con los sindicalistas se enfrió a tal punto que Fernando
de la Rúa finalmente decidió trasladarla a otro cargo.
Para Bullrich, la designación de Dumón –un radical
bonaerense de buen diálogo con los gremios– como su
reemplazante fue una forma de ceder en la disputa con los gremios.
La funcionaria responsabilizó por la maniobra al jefe de
Gabinete, Chrystian Colombo.
Ayer, Dumón salió a responderle. Dijo que su cartera
decidió no avanzar en el pedido a los sindicalistas para
que presenten su declaraciones juradas “porque hay un problema
de legalidad ya que la ley establece que sea la AFIP la que reciba
la información sobre los bienes personales de los particulares”.
A través de un comunicado, el ministro sostuvo que va a trabajar
“con transparencia pero con legalidad” y explicó
que “según la ley, los funcionarios debemos presentar
nuestras declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción,
y los particulares deben hacerlo ante la AFIP. Aparentemente hay
un problema de ilegalidad en el pedido de presentación de
las declaraciones juradas, ya que según la ley el ministerio
no está autorizado ni a exigirlas ni a recibirlas, pero vamos
a seguir estudiando este tema”.
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