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EL CONGRESO DEL PJ LE SACO A MENEM TODO EL PODER
Para barrer al menemismo

Corach y Arias perdieron los cargos de apoderados del partido, Duhalde es el nuevo interventor en la Capital. No hubo calor ni cánticos, faltaron representantes del interior y los pactos previos fueron inocultables.

Todos los discursos remarcaron
que hay que �sacar a los liberales� del justicialismo y �concertar con el pueblo�.

Por Felipe Yapur

Sin banderas ni cánticos, sin calor y sin color, el congreso nacional del Partido Justicialista resolvió –fruto del acuerdo alcanzado entre Eduardo Duhalde y los gobernadores– desplazar de todo espacio de poder partidario a los seguidores del detenido Carlos Menem. Esta decisión le costó al senador electo la entrega del control de la Comisión de Acción Política a los mandatarios provinciales, quienes definirán, entre otros temas, la convocatoria a elecciones internas desde donde saldrá “el seguro presidente peronista de 2003”.
El encuentro se realizó en el microestadio de Lanús con la presencia absolutamente mayoritaria de congresales bonaerenses, pero también de varias decenas de representantes del resto del país. Duhalde, que necesitó de una fuerte negociación con los gobernadores para convencer a algunos de participar de la reunión, se esforzó por mostrarse como un jefe congresal dispuesto a permitir un amplio debate. Pero disimuló mal: los acuerdos previos se notaban a la legua, así como también la notoria ausencia de congresales santafesinos y cordobeses que, a pesar de los desmentidos bonaerenses, prenuncian tormenta entre los gobernadores (ver página 6).
De todas formas, el armado le alcanzó a Duhalde para concretar una de sus máximas aspiraciones, desbancar al menemismo. Rodeado de los gobernadores Carlos Ruckauf (Buenos Aires), Néstor Kirchner (Santa Cruz) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), y del vicegobernador salteño Walter Wayar, y con la cantidad necesaria de congresales que exige la carta orgánica, desactivó el consejo nacional partidario, reducto donde el menemismo tiene mayoría.
Los discursos pronunciados en el “histórico congreso” –como lo calificó el propio Duhalde– se sucedieron con marcada coordinación y con un eje bien definido: destacar la necesaria organización del PJ con vistas a la “recuperación del poder” en el 2003. El ex gobernador bonaerense, por caso, anunció “el fin de la etapa de confusión del PJ empujado por una marea ultraliberal”. Sin duda, una singular definición del período menemista, etapa en la que todos, a excepción de Kirchner, supieron vivir con absoluta comodidad. Y para evitar suspicacias, Duhalde aclaró que todo lo decidido no tiene otro objetivo que beneficiar al partido. “Lo pasado pisado”, aseguró a manera de mensaje a sus archienemigos del menemismo.
Pero a pesar de la declamada amnistía para el menemismo, el congreso no perdió tiempo y decidió desafiliar al PJ de la Unión Democrática Internacional, la internacional conservadora a la que Menem adhirió y donde participan el Partido Republicano de Estados Unidos y el Conservador inglés de Margaret Thatcher. A renglón seguido, desplazaron a los menemistas Carlos Corach y César Arias del cargo de apoderados del partido y en su reemplazo designaron al duhaldista Jorge Landau y el ruckaufista Jorge Casanovas. Y, por si faltara algo, dieron por terminado el mandato de los interventores menemistas de los distritos de Corrientes y Capital Federal. A partir de ahora ocuparán esos puestos el ex integrante del Grupo de los 8 (el embrión del Frepaso), José “Conde” Ramos y Duhalde, respectivamente.
A su turno, Ruckauf buscó mostrarse alejado de estas definiciones partidarias y se limitó a desarrollar un discurso de barricada, propio de un candidato presidencial. “Hay una sola concertación posible, la concertación con nuestro pueblo”, dijo para luego calificar la administración de Fernando de la Rúa como “el peor gobierno nacional de la historia argentina”. A pesar de los tibios aplausos, y en consonancia de su socio bonaerense, convocó a “separar a los liberales del Movimiento Nacional Justicialista” y a participar de la “larga marcha para cambiar a la Argentina, pero una corta marcha para recuperar el poder”. Y sin más, se retiró inmediatamente del estadio.
El patagónico Kirchner, otro aspirante presidencial y uno de los más duros en la negociación con el Ejecutivo por la coparticipación, prefirió ser más concreto y dar pistas de los próximos pasos del partido: anuncióque el PJ presidirá las dos cámaras del Congreso, desde donde impulsarán un seguro de desempleo, la modificación del sistema impositivo y la restitución de los aportes patronales de las empresas privatizadas. “Debemos recuperar la rebeldía sin miedo”, se entusiasmó el santacruceño antes de destacar que “no va haber una conducción más representativa del peronismo que la que se decida a través del voto”.
Justamente este punto –el de la elección interna– es uno de los atributos de la comisión de acción política y que, de acuerdo a la opinión de varios congresales, deberá definir cuanto antes. Los duhaldistas sostienen que deberían ser convocadas para fines de marzo, al tiempo que juran que su líder no será de la partida: “Duhalde sabe que su tiempo pasó, que su imagen quedó pegada a la de Menem. Por eso sólo quiere ayudar a organizar el partido y que seamos gobierno en el 2003”.
Las decisiones del congreso todavía estaban frescas cuando comenzaron las repercusiones. Colaboradores del senador en retirada y ultramenemista, Eduardo Bauzá anticiparon que “el peronismo está al borde de la fractura, impulsada por los dirigentes de la provincia de Buenos Aires”.

 

OPINION
Por Mirta Mántaras *

Hay un nuevo espacio

Al confirmar la Cámara Federal la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de “punto final” y de “obediencia debida”, que había declarado el juez Cavallo en la causa Poblete, podemos decir que se abrió un espacio jurídico-político para que la Argentina deje de ser el paraíso de la impunidad y pueda juzgarse internamente a los autores de delitos de lesa humanidad. Este fallo podría ser recurrido ante la Corte Suprema, pero es improbable que ese tribunal modifique la decisión pues está fundada en sentencias de la propia Corte (por ejemplo en el caso Priebke) donde se declara que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y al ser crímenes internacionales se rigen por el “derecho de gentes” válido para todas las naciones por sobre cualquier ley interna. Dice el fallo de la Cámara que esas leyes resultan violatorias de los acuerdos internacionales y, por ello, nunca pudieron ser emitidas válidamente por el Congreso, ya que un principio del derecho internacional es la prohibición de contrariar sus disposiciones con leyes internas, toda vez que al Estado corresponde la protección y garantía del cumplimiento de derechos básicos, como son el acceso a la justicia y la sanción de los responsables de los delitos que ofenden a la familia humana. La sentencia dictada el 14 de marzo de este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “Barrios Altos”, Perú, es considerada especialmente en el fallo de la Cámara porque la Argentina está sometida a la jurisdicción de esa Corte y debe acatar su jurisprudencia. Esta doctrina sentada en la región es contundente en su repudio de las leyes de impunidad al punto de considerar que, pese a ellas, el carácter internacionalmente ilícito de los delitos se mantiene y es el Estado que las convalida el que efectúa una continuada violación de los derechos humanos protegidos por los acuerdos entre las naciones. En nuestra Constitución el artículo 118 (ex 102 de la de 1853) establece la aplicación del “derecho de gentes”, es decir, del derecho internacional, aspecto destacado en la sentencia de la Cámara, que siguiendo el actual consenso de la conciencia jurídica universal considera imperativa la aplicación de sus normas. Estas establecen categóricamente que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no pueden ser indultados o amnistiados, no permiten justificación mediante eximentes de responsabilidad como la obediencia debida y, por su naturaleza, son siempre extraditables. Concluyen los jueces con un corolario ejemplar: que decidir sobre la ineficacia de estas leyes no es una alternativa, sino una obligación.

* Abogada de Derechos Humanos.

 

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