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DICTAMEN DE CARRIÓ, OCAÑA, GUTIÉRREZ Y VITAR SOBRE EL LAVADO DE DINERO
“Un mecanismo preparado para la rapiña”

La primera minoría dentro
de la Comisión Antilavado, el grupo que lidera Elisa Carrió, presentó su dictamen en el que involucran a Menem y a Cavallo en un “sistema paralelo” para la especulación y la concentración. Detalles sobre la operatoria de Moneta y menciones a Chrystian Colombo.

Por Felipe Yapur

Las instituciones públicas, el régimen financiero, los principales actores políticos, empresarios y bancarios, y su articulación en “un sistema paralelo creado al servicio de la especulación, la concentración y la rapiña”, representan el núcleo de “la matriz del Estado mafioso” y que quedó plasmado en el informe final que presentó ayer la presidenta de la comisión antilavado, Elisa Carrió. Los diputados que acompañan el trabajo sostienen que esta arquitectura paralela, cuyos “responsables políticos” serían, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, su ex secretario Alberto Kohan, el ministro Domingo Cavallo y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, tuvo como “garante de la impunidad” a la Corte Suprema de Justicia. “Nuestra lucha no concluye con este informe, sino que continuará aun a riesgo de nuestras propias vidas”, sintetizó Carrió poco después de presentar su trabajo en la Cámara de Diputados.
“Menem y Cavallo compartían los mismos negocios ilícitos”, fue la explicación elegida por Carrió para sentar una tesis: cada negocio remitía, muchas veces en paralelo, por vía de sus funcionarios propios, al entonces Presidente y el entonces superministro de Economía.
El documento, de algo menos de 400 páginas, lleva la firma de otros tres miembros de la comisión, Graciela Ocaña (ARI), Gustavo Gutiérrez (Demócrata) y José Vitar (Frepaso). El trabajo incluye además un extenso anexo donde se ofrecen las pruebas y documentación oficial que dan cuenta de sus afirmaciones.
La presentación, notablemente más ordenada que aquella del 10 de agosto cuando se dio a conocer el informe preliminar, incluyó una sintética descripción del material recopilado y las conclusiones a las que se arribaron.
El informe Carrió es, como ella misma se encargó de remarcarlo, minoritario pero al mismo tiempo el que más adhesiones cosechó. Del resto de los integrantes hay tres despachos más. Los radicales Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer presentarán su trabajo recién la semana que viene. El de los justicialistas Carlos Soria, Cristina Kirchner y Franco Caviglia aún no tiene fecha. En tanto que el menemista Daniel Scioli ya hizo circular el suyo.
El trabajo de Carrió se centró en la investigación de los diferentes tipos de ilícitos que generaron dinero sucio en los últimos 15 años y cómo este capital se lavó en cuentas de bancos norteamericanos previo paso a través de bancos máscaras, cuentas negras y compañías financieras off shore vinculados a bancos de titulares argentinos. En segundo lugar, los legisladores analizaron cómo el dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, sobre todo narcotráfico, fue lavado por medio de bancos con autorización del Banco Central. Y por último investigaron qué tipo de inversiones se realizaron en el país con estos fondos ilegales.
Para explicar la “matriz del estado mafioso”, los legisladores buscaron discriminar, en el capítulo primero, los casos de lavado que ocurrieron a partir de hechos ilícitos cometidos en el país y de los que sucedieron fuera de la Argentina. Para el primer grupo se apoyaron en la descripción de cuatro casos considerados paradigmáticos: IBM-Banco Nación; Armas; Mafia del Oro y el caso Raúl Moneta-Jaime Luccini.
En el primero de estas causas –IBM-Nación–, el informe sostiene que los funcionarios públicos que aparecen involucrados están relacionados con el ex presidente Menem y con el entonces ministro Cavallo. Dicen además que la empresa por donde circuló el dinero sucio pertenecía a un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, vinculado a quien por ese tiempo ostentaba el cargo, Alberto Kohan. Y que el banco donde se depositó esa plata fue el Banco General de Negocios, “algunos de cuyos directores se encuentran estrechamente relacionados a Cavallo, José Rohm y David Mulfdord”. Asimismo, destacan que esta entidad hizo circular eldinero por diferentes bancos extranjeros e incluso por el Federal Bank, el banco cáscara perteneciente al menemista Raúl Moneta.
En el caso de Armas, los legisladores destacan entre los principales responsables políticos, además de Menem y Cavallo, a los entonces ministros de Defensa, Erman González y Oscar Camilión. En este punto, remarcan que aportaron al fiscal de la causa, Carlos Stornelli, extractos de una cuenta bancaria por donde circuló el dinero sucio.
La causa denominada Mafia del Oro incluye un detallado listado de las empresas y sociedades que fraguaron la importación de este mineral. Sobresale Handy & Harman, a la que le achacan la redacción de cartas que le remitieron a Cavallo y “donde describía cómo debían redactarse las resoluciones ministeriales” para la realización de transacciones comerciales. También hay un apartado para los bancos que participaron de la maniobra. Los más importantes son el Baires, Credit Suisse y el MTB Bank of New York.
Los casos Moneta y Luccini fueron incorporados porque demuestran la forma en que se canalizó el dinero a través de compañías off shore, algunas de las cuales sirvieron para la participación en grandes empresas como el CEI.
El informe tiene además un capítulo destinado a describir las operaciones de lavado cometidas fuera de la Argentina y cuyas ganancias fueron invertidas en el país. Aquí, los legisladores citan el caso BCCI. “Esta es la causa madre”, según lo definió Carrió porque a través de este banco se habría buscado “lavar dinero proveniente del terrorismo, el tráfico de armas, la prostitución, la evasión impositiva, el contrabando y el narcotráfico”. Los diputados aseguran que “el soborno” fue la estrategia clave en la operatoria de este banco. Y a manera de ejemplo citan los “pagos corruptos” a funcionarios del BCRA durante el gobierno de Raúl Alfonsín con el único objetivo de obtener la autorización para operar. También aseguran que está acreditada la relación entre Gaith Pharaon, titular del BCCI, y Kohan: “se hacían llamar socios”, indicó Carrió.
Además del modus operandi, el informe hace hincapié en la gravedad de la presencia de este banco en el país al recordar el documento que preparó la Asamblea Francesa el 10 de octubre pasado, donde da cuenta de la vinculación del BCCI con el grupo saudita de Osama Bin Laden.
En este título no sólo aparecen los nombres de Pharaon, Menem y Kohan. También nombran al traficante de armas Monzer Al Kassar, quien consiguió la ciudadanía argentina en Mendoza a través del juez Walter Rodríguez y el actual Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.
Las inversiones con fondos provenientes de carteles del narcotráfico Cali, Medellín y Juárez, es otro de los capítulos del informe presentado ayer. Aquí aparece el nombre del titular de Mercado Abierto, Aldo Ducler. Un hombre que tiene en su curriculum el haber sido asesor de Ramón Ortega y ex secretario de Hacienda de la dictadura en la misma época que Cavallo.
Los legisladores dan por acreditado que el cártel de Juárez depositaba dinero del narcotráfico en la cuenta que un banco máscara, el MABank, tenía en el Citibank de Nueva York.
Otro de los casos denominados paradigmático por los legisladores es el que involucra al Grupo Yoma. Lo utilizan para ejemplificar la forma en que las autoridades políticas favorecieron a sus amigos y parientes con dineros de los bancos estatales. “Esto ocurría mientras quebraban pequeños productores por falta de acceso a los canales de financiación”, dijo Ocaña durante la conferencia de prensa. Y se refería no sólo a lo que ocurrió durante el gobierno de Menem, sino a los que “continuaron durante la presidencia de Fernando de la Rúa, cuando era presidente del Banco Nación el actual jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, ex presidente de MacroValores, del Grupo Macro, de fuertes relaciones con el partido radical y uno de cuyos principales clientes fue Emir Yoma”.
Este sistema paralelo que aún funciona, según los diputados, se generó a partir de fallas que hay en la legislación pero también fruto de “la corrupción y el financiamiento privado de los partido políticos”. Este sistema, concluye el trabajo, salió a la luz también por algunas fallas. “El develamiento de la verdad fue posible gracias a que los actores políticos o financieros, por exceso de narcisismo u ostentación indebida del dinero mal habido, hicieron que la omertá tuviera las rajaduras necesarias para develar el corsi e ricorsi de una matriz ilegal y en muchos casos criminal que une a varios de sus actores, tanto del sector privado como del sector público”.

 

La posición de la UCR

Los radicales Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer también redactaron un dictamen en minoría, que sin embargo todavía no difundieron completo. Si en algo coinciden con el informe Carrió y el trabajo de Scioli es en reclamar la puesta en funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Pese a la promulgación y reglamentación de la misma hace aproximadamente 18 meses, aún se encuentra pendiente la designación de sus miembros”, reprochan los diputados. Como se ve, la opinión de la mayoría de los integrantes de la Comisión es que el Gobierno está muy lejos de mostrar una fuerte decisión política de combatir el lavado de dinero.
Pernasetti y Stolbizer hacen una segunda crítica al Poder Ejecutivo: la de que está promoviendo la repatriación de capitales sin pedir explicaciones sobre su origen.
“Dentro de las medidas que forman parte dle paquete económico impulsado recientemente por el Gobierno Nacional destinado a reactivar, refinanciar la deuda pública y financiar el sector productivo”, señalan, “se promueve el blanqueo de aumentos patrimoniales no declarados y que se hallan fuera del sistema financiero doméstico. Se hace imprescindible recomendar al gobierno que condicionen esos beneficios a la exigencia de la licitud del origen de los fondos, que deberá estar perfectamente acreditado”. Sobre las sociedades off shore, el dictamen propone la creación de un mecanismo de control especial. La idea es llevar un registro (en el ámbito de la AFIP o el Banco Central) donde consten las actividades que esas firmas desarrollan en el país.
Los diputados proponen además modificar la ley de estupefacientes, la de entidades financieras y reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Pernasetti y Stolbizer consideran en un aparte el lavado de dinero destinado a financiar acciones terroristas. En este caso la recomendación es que se ratifiquen y firmen los tratados internacionales sobre el tema, como la Convención de la ONU para la represión de la financiación del terrorismo y la Convención contra la delincuencia organizada internacional.

 

Scioli no quiere nombres

Daniel Scioli presentó un dictamen en minoría sobre el trabajo de la Comisión Investigadora. Su característica más llamativa es que en sus cuatro capítulos no se incluye un solo señalamiento de responsabilidades políticas en relación al lavado de dinero. “Dado lo delicado del tema”, escribió el diputado menemista, “el principio básico” seguido fue la “objetividad”. En este caso, “objetividad” debe entenderse como “no hablemos de Menem, Cavallo o Kohan; veamos sólo cómo mejorar la ley”. Si alguien sospecha que se cometieron delitos, que vaya a la Justicia.
En el primer punto de sus conclusiones, el dictamen Scioli considera que la ley contra el lavado de dinero (la 25.246) “carece de eficacia” por falta de reglamentación.
La 25.246 estableció la creación de la Unidad de Informacion Financiera (UIF), encargada de controlar todas las operaciones sospechosas (por su monto o por su origen) de lavado de divisas. En sintonía con el plan de déficit cero, Scioli advierte que la UIF “debería realizar su tarea con la misma dotación que actualmente tiene la Administración Pública”. Asimismo, recomienda sumar a su estructura “la colaboración del Banco Central y de la AFIP”.
Su segunda propuesta consiste obligar a los bancos a respetar la regla “conoce a tu cliente”, la norma de oro en la prevención del lavado; su no cumplimiento fue, precisamente, uno de los reproches centrales que hizo el subcomité del Senado norteamericano al Citibank.
Scioli considera que se debe mantener el secreto bancario (“no se debe caer en la confusión de plantear un debilitamiento de la confidencialidad bancaria”, dice) e incluso “fortalecer la confidencialidad para proteger el derecho a la reserva que tiene la inmensa mayoría de las opoeraciones lícitas”.
Finalmente, plantea la creación de una fiscalía especial dedicada a la investigación de casos de lavado y la puesta en marcha del Fuero Penal Tributario, anunciado en julio del año pasado pero todavía en veremos.

 

OPINION
Por Martín Granovksy

El mérito de la comisión

El dictamen definitivo del sector de la Comisión Antilavado que lidera Elisa Carrió da cuenta de cómo cambió la Argentina en solo tres meses. Desde el 10 de agosto en que la diputada entregó el documento preliminar a hoy, el país es otro.
Por lo pronto, la magia de la comisión es diferente. El 10 de agosto la estrella política de Carrió refulgía con tanta fuerza que cualquier político debía pagar costos altos por ir en su contra o ignorarla. Algunos decidieron pagarlos igual, como la peronista disidente Cristina Kirchner, pero funcionarios del Gobierno temieron quedar estampados con lavadores y, aunque no hicieron ningún esfuerzo real por investigar, trataron de que la ola indetenible no los ahogara.
El 10 de agosto Carrió asomaba como la política más popular de la Argentina. Sería, además, la triunfadora arrolladora y única de las elecciones del 14 de octubre. En su propio análisis, las elecciones ni siquiera eran decisivas, o lo eran en un segundo lugar después de lo que ella misma definía como “fin de régimen”. Vendría la hecatombe final y, al mismo tiempo, la pulverización de las estructuras políticas tradicionales, incluidos el radicalismo y el Partido Justicialista.
Tres meses después, la hecatombe siguió produciéndose, pero a la argentina. En grageas. Un poco cada día. Un declive constante, en lugar de un abismo. El descrédito hacia los políticos tradicionales avanza –no siempre por las buenas razones, porque el cualunquismo antipolítico cunde–, pero los partidos tradicionales allí están, y el peronismo se prepara para el relevo si no se produce el milagro último del crecimiento económico al 10 por ciento anual. Con más de un millón de votos, Carrió obtuvo un buen resultado para una fuerza flamante, pero al no presentarse en la Capital Federal como candidata a senadora no ganaron ni ella ni Alternativa para una República de Iguales. Lo que pudo ser un boom quedó como el comienzo de la posibilidad de construir otra tercera fuerza luego del fracaso frepasista.
¿Cuánto influyeron en ese resultado las críticas al primer informe y cuánto el diagnóstico equivocado sobre el momento en que estaba el régimen político? Difícil responder, pero puede apostarse a que pesó más lo segundo que lo primero.
De cualquier manera, ninguna especulación política invalida el esfuerzo notable de la comisión antilavado y de Elisa Carrió, Gustavo Gutiérrez, Graciela Ocaña y José Vitar por transparentar la zona más opaca de la Argentina: el manejo financiero. El mérito suyo es haber salido de la mera denuncia de corrupción de los funcionarios públicos para describir, también, cómo operan los corruptores privados. Y todavía hay muchos documentos por aprovechar.

 

Las claves del informe final

Carlos Menem se repite

Carlos Menem aparece en la causa criminal del caso Yoma entre los involucrados, junto a personajes como Emir y Karim Yoma, el cavallista Hugo Gaggero, el ex cavallista Aldo Dadone, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el ex subsecretario general de la Presidencia Félix Borgonovo. En este caso, siempre según el dictamen difundido ayer, Menem sería a la parte de la causa, autoridad gobernante y funcionario clave hacia el que se dirigían los vinculados. Los organismos bajo sospecha son la Dirección General Impositiva, la Administración General de Aduanas, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Naturalmente muchos de los nombres se repiten en la causa de la venta ilegal de armas, donde habría que agregar a Antonio Erman González y Martín Balza entre los ex funcionarios y a bancos y cáscaras como Extrabanca Uruguay, American Exchange, Banco Baires, Banco de Préstamos Cayman, Morgan New York, Multicambio y American Express.

Cavallo, el mando paralelo

La tesis del informe es que en todo hecho investigado sus funcionarios actuaron no necesariamente bajo el mismo mando pero sí en paralelo con los funcionarios que dependían de Carlos Menem. En la causa del oro, los presuntos delitos se cometieron en la Administración General de Aduanas y en la Dirección General Impositiva. Fueron claves los vínculos de los implicados con Domingo Cavallo y con Menem, a través del secretario de Minería Angel Eduardo Maza.

El amigo Mulford

El banquero del Credit Suisse First Boston estuvo el viernes último en un desayuno de figuras importantes del mundo financiero con el Presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Economía Domingo Cavallo, un viejo amigo de Mulford. Su nombre está en las causas del Megacanje, junto a buena parte del equipo económico y a directivos de otros bancos como el Santander, el JP Morgan y el Salomon Smith Barney. El documento también recoge sospechas sobre el Galicia y sus vinculaciones.

Kohan, siempre ahí

Para los diputados, el personaje clave es el ex ministro y ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan, con llegada directa a Carlos Menem. La causa incluye entre los involucrados e imputados a Gaith Pharaon, el propio Kohan, Javier González Fraga, Ricardo Gotelli, Marcelo Da Corte y Julio César Cataldo. La investigación remite, como escenarios para cometer el supuesto ilícito, al Banco Central, la Municipalidad porteña y el Ministerio de Economía. Los bancos involucrados abarcan al Banco General de Negocios de José Rohm, el Banco Roberts, Finamérica, Extrader, BCP, Banco de Italia y Brown Brothers Hairman Co.

Cómo operó Pedro Pou

La crítica contra el ex presidente del Banco Central Pedro Pou parte de que “una de las funciones esenciales del BCRA y, en particular, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, no es otra que le debido ejercicio del poder de policía financiero.” Es decir, “reglamentarla actividad financiera, controlar el efectivo cumplimiento de las mismas y aplicar sanciones ante la evidencia de las transgresiones”. El dictamen admite que el BCRA “adoptó normas para prevenir el lavado de dinero de actividades ilícitas, pero es obvio que no definió estructuras dentro del organismo tendientes a controlar y analizar lo previsto en dichas normas”. Dicho de otro modo: “Las normas debían ser dictadas para aparentar legitimidad externa y poder demostrar, fuera del país, que la Argentina, y en especial su banco central, estaban comprometidos con la prevención y control de lavado de dinero. Pero eran normas destinadas a no ser cumplidas: los bancos no debían ser suficientemente inspeccionados en este aspecto, los shell banks y compañías off shore no deberían ser especial objeto de investigación, porque en realidad el verdadero régimen financiero argentino habilita, protege y da impunidad a toda la operatoria de circulación de dinero por compañías máscaras, bancos cáscara, cuentas azules, etc. El propio Pou es titular de empresas máscaras. En suma, es parte del régimen.”

El mecanismo del lavado

El texto explica que las compañías shell (máscara) “se constituyen en lugares que no tienen marco jurídico y reglamentario adecuado, o lo tienen no lo aplican y también resultan ser poco cooperativos en las solicitudes de asistencia de los otros países. Generalmente estas compañías de máscara revista la característica de que su actividad se desarrolla fuera del lugar en donde están constituidas (off shore).” La etapa siguiente es la estratificación, que “consiste en realizar la mayor cantidad de operaciones, generalmente financieras y cambiarias, en el menor tiempo posible”. Y al final, la integración, “el momento de invertir el dinero que tiene su origen en un delito, en actividades lícitas.”

 

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