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Por David Cufré
 El Gobierno no termina de preparar
el proyecto de presupuesto para 2002 y ya sabe que tendrá enormes
dificultades para que el Congreso lo apruebe. En Economía se especulaba
ayer con que la iniciativa llegará a la Cámara de Diputados
el próximo viernes, una vez que la misión del Fondo Monetario
Internacional haya dado su aprobación a las pautas de ingresos
y gastos allí incluidas. Los primeros delegados del organismo de
crédito arribarán mañana a Buenos Aires, mientras
que al día siguiente desembarcará el jefe de los auditores,
Tomás Raichman. Ante la resistencia de los propios diputados oficialistas
a votar un presupuesto con hiperajuste, Economía hizo un guiño
a los legisladores para que introduzcan cambios en el sistema impositivo.
Habría modificaciones en Ganancias y Bienes Personales, a fin de
lograr un aumento de la recaudación de 1000 millones de pesos.
La indefinición en un tema de alta sensibilidad como el pago o
no pago del aguinaldo a estatales y jubilados en 2002 demuestra el desconcierto
que existe en el Gobierno respecto del presupuesto. “Hasta donde
yo sé, la eliminación del aguinaldo no figura”, señaló
ayer el vocero presidencial, Juan Pablo Baylac, sin poder terminar con
la angustia de los eventuales afectados por la medida. “Pero si la
situación de la recaudación fuera muy crítica o se
dieran muchas otras circunstancias, el dinero que no esté no se
va a poder inventar”, agregó Baylac, dejando una puerta bien
abierta a la supresión del sueldo anual complementario.
El punto es que la oficina de Presupuesto y la Secretaría de Hacienda
de Economía van y vienen con sus propuestas de ajuste, tirando
distintas opciones de las que después se discute su viabilidad
política. Al parecer, lo que ya es decisión tomada en el
Ejecutivo es la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. Baylac
sostuvo que “es muy poco probable la existencia de ese fondo en el
futuro”.
La difícil tarea de llegar a déficit cero el próximo
año –objetivo en el que Cavallo insiste, a pesar de que ya
comprobó los efectos recesivos de esa política y la imposibilidad
de mantenerla cuando la recaudación se desploma– contendrá
un mix de ajuste y aumento de ingresos. En el proyecto de presupuesto,
el Gobierno dirá que la suba de la recaudación será
lograda gracias a algunos cambios impositivos. El ministro de Economía
había impulsado a diputados de la Alianza a presentar un proyecto
de ley para subir en 10 puntos la alícuota de Ganancias a las empresas
con rentas anuales mayores a 5 millones de pesos, y de un millón
en el caso de las personas. La resistencia del establishment a esa iniciativa
terminó haciendo que Cavallo se desdijera y dejara caer el proyecto.
Pero ahora hará un nuevo intento de mejorar la recaudación,
a través de otros instrumentos.
Los diputados Darío Alessandro, Horacio Pernasetti y Beatriz Nofal,
y el senador electo Carlos Maestro, están preparando, con aportes
de otros legisladores aliancistas, modificaciones a Ganancias y Bienes
Personales. Un legislador de esa bancada indicó que se busca un
aumento de ingresos de 1000 millones, pero reconoció que la suba
podría ser mucho menor. En tal caso, el Gobierno profundizará
el ajuste si la pauta de recaudación que figurará en el
presupuesto no se cumple. Hay tres propuestas centrales en estudio que,
de prosperar, serán debatidas la próxima semana en la Cámara
Baja. Ellas son:
 Personalización de Ganancias.
Las empresas harán una retención del impuesto sobre los
dividendos distribuidos entre sus accionistas. La propuesta de los legisladores
es que la norma alcance a los dividendos girados a los accionistas del
exterior, con una tasa que sería de entre 15 y 20 por ciento.
Rentas de sociedades del exterior.
Se cobrará Ganancias sobre las utilidades generadas en el país
por empresas radicadas en el exterior.
Bienes Personales. Las empresas
actuarían como agente de retención del impuesto a la riqueza,
logrando de ese modo mayor eficacia en la recaudación del gravamen.
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Caída de “sólo”
10 por ciento
De acuerdo con los últimos registros de la DGI, la recaudación
habría caído 9,8 por ciento en los primeros 21 días
de este mes respecto del mismo lapso de 2000. Ese dato fue festejado
en Impositiva porque implica una recuperación frente a la
caída de un 17,0 por ciento que registraba en los primeros
15 días de noviembre.“La caída de recaudación
fue del 9,8 por ciento hasta el 21, fueron en total 14 días
hábiles (laborales)”, explicó una fuente de la
AFIP. La recaudación de impuestos es un indicador clave para
seguir la evolución de la crisis. El Gobierno necesita mostrar
cuentas equilibradas para borrar el temor de los inversores de que
Argentina caiga en incumplimiento sobre el pago de su deuda. La
fuente informó que la recaudación del IVA cayó
16,5 por ciento respecto del mismo plazo de 2000. En tanto, el impuesto
a las Ganancias mostró un retroceso en ese mismo período
de 22,0 por ciento. La recaudación del impuesto a las transacciones
financieras, cuya recaudación el gobierno utilizará
como garantía de repago de nuevas deudas que surgirán
tras una masiva reestructuración de pasivos públicos,
fue en los primeros 21 días de este mes 228 millones de dólares.
En todo octubre se recaudaron por ese tributo 406,5 millones de
dólares.
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DETALLES
DE LA NUEVA MORATORIA IMPOSITIVA Y PREVISIONAL
Con una cuota mínima de 100 pesos
La Administración Federal
de Ingresos Públicos presentó ayer una nueva moratoria a
empresas y particulares, para deudas previsionales e impositivas anteriores
al 30 de setiembre. De esta manera, la AFIP busca reducir la evasión
y recuperar la capacidad de percibir recursos por parte del Gobierno ante
una recaudación que en los últimos tres meses registra mermas
del 10 por ciento en promedio.
A través de una resolución, la AFIP estableció que
el 15 de marzo vence el tiempo para acogerse a esta moratoria. Para el
pago de deudas impositivas, la AFIP establece planes de hasta 120 meses,
con un interés mensual del 0,5 por ciento y una cuota mínima
de 100 pesos. Para las deudas por aportes de la seguridad social, los
planes de pago pueden llegar hasta 36 meses. Estos mismos plazos rigen
también para las deudas de los monotributistas y de los trabajadores
autónomos, pero a diferencia de los otros contribuyentes, la cuota
mínima ascenderá a 50 pesos.
Para la cancelación de estas deudas, la Dirección General
Impositiva no aceptará el pago con títulos públicos,
tal como se viene haciendo con los pagos de impuestos. Para facilitar
la entrada a esta moratoria, cuyos pagos recién se efectuarán
el 15 de marzo, y para alentar una recuperación en la recaudación,
la DGI exige que los que ya quieren entrar en este régimen deben
pagar un anticipo equivalente al 3 por ciento de su deuda a partir del
mes próximo. Pero para alentar aún más estas facilidades
de pago a los morosos y evasores, el pago de este tres por ciento se puede
hacer en tres cuotas del uno por ciento en diciembre, enero y febrero.
Según cálculos de la AFIP, con la entrada en vigencia de
esta moratoria podrían conseguir ingresos por 40 millones de pesos
mensuales. Además, para mejorar la recaudación, la AFIP
contratará en los próximos meses a unos 350 abogados en
todo el país para cobrarle a una serie de morosos que adeudan unos
10.000 millones de pesos. Para reclutar a estos abogados, los interesados
deberán presentar sus antecedentes antes del 21 de diciembre en
registros que se habilitarán en los próximos días.
VETO
A LA LEY SOBRE EL PPP DE YPF
No va la indemnización
El gobierno nacional vetó
una ley del Congreso que establecía una indemnización económica
aproximada a los 1200 millones de pesos a favor de ex empleados de YPF,
que no quedaron incluidos en el Programa de Propiedad Participada al momento
de la privatización de la petrolera.
La referida ley suspendía por un cierto plazo todas las acciones
judiciales iniciadas por los ex empleados reclamando un pago equivalente
a su supuesta participación accionaria a través del PPP,
que representó 10 por ciento del capital social total. La ley 25.471
establecía también pautas para el cálculo de dicha
indemnización, que alcanzaba a unos 1000 empleados, pero el Gobierno
sostuvo en su veto –a través del decreto 1477/2001 publicado
ayer en el Boletín Oficial– que no corresponde pago alguno
por cuanto el retiro de ese personal se produjo antes de la efectiva privatización
de la compañía.
En los considerandos del decreto conocido hoy se argumenta que “no
cabe dudas que la privatización de YPF SA se materializó
el 7 de julio de 1993, fecha en la que se colocaron en los distintos mercados
del mundo las acciones Clase D para su venta al capital privado”.
El Ejecutivo sostiene que “fue a partir de ese momento que comenzaron
a generarse derechos” para los empleados de la compañía
interesados en suscribirse al PPP.
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