Por Eduardo Tagliaferro

¿Quién dijo qué en la Argentina la Justicia es lenta? Contagiado por el vértigo empleado por la Corte Suprema para liberar a Carlos Menem y derrumbar la causa por la venta ilegal de armas, el fiscal de la Cámara Nacional de Casación, Raúl Pleé, fijó ayer su posición en la cuestión de competencia que definirá en qué tribunal quedarán unificadas las causas. Su dictamen demoró unas pocas semanas y el resultado estaba cantado. Consideró que las investigaciones deben radicarse en el fuero penal económico. Concretamente en el juzgado de Speroni, el mismo magistrado que pocos días después de indagar al ex presidente y a su ex cuñado Emir Yoma dictó la “falta de mérito” para ambos. Ayer Speroni rechazó el pedido de excarcelación de Erman González.
Pleé es un hombre con llegada privilegiada al ex presidente y a los principales miembros de su entorno. En Comodoro Py no es un secreto su fluida relación con el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. Como tampoco es desconocido que Becerra suele tener un teléfono rojo con uno de los principales operadores de Menem, el todavía senador Eduardo Bauzá.
Para sostener que las causas deben unificarse en el juzgado de Speroni, el fiscal de Casación consideró que después de que la Corte Suprema derribara las acusaciones por asociación ilícita, el contrabando “es el delito más grave” porque contempla penas que llegan hasta los 12 años de prisión.
La cuestión de competencia entre el fuero federal y el penal económico se desató luego de que el pasado 22 de octubre los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi reclamaron la unificación de los expedientes en los que se investiga la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En esa ocasión, los camaristas debían resolver la situación procesal de Menem. Después de estudiar durante tres meses la apelación del ex presidente al fallo del juez Jorge Urso, eligieron dar un paso al costado y trabar la cuestión de competencia. Aunque sostuvieron que las causas debían unificarse en el juzgado de Urso, como al pasar, afirmaron que el contrabando es la figura que atrae al resto de los delitos. Inocente o no, la frase fue tomada por Speroni para fundamentar su competencia en la investigación. Además de otorgarle argumentos al juez penal económico, los camaristas le facilitaron a la Corte Suprema el tiempo necesario para concluir con una maniobra que los medios de comunicación fueron anunciando con suficiente antelación.
El fallo de la Corte Suprema no pasó inadvertido para Pleé. El máximo tribunal no sólo descartó la utilización de la asociación ilícita, sino que también desacreditó la interpretación que los tribunales inferiores hicieron de la figura de falsedad ideológica de los decretos que ampararon la venta ilegal. Al explayarse sobre los cargos por malversación de caudales, la Corte reparó en el artículo 260 del Código. Figura que está al borde de su prescripción. Al sostener sus acusaciones, el fiscal Carlos Stornelli lo hizo por el artículo 261, que contempla penas más severas.
Después del fallo de la Corte y de que la Sala II le haya derivado el expediente a sus pares de la Sala I donde el menemismo tiene prédica propia, no hay que esforzarse mucho para afirmar que de las acusaciones que continúan en pie, la de contrabando es la que tiene penas más duras, como dijo Pleé. Eso no quiere decir que sea el tribunal de Speroni el que tiene más avanzadas las investigaciones. En Comodoro Py reconocen que la causa del fuero penal económico se construyó siguiendo los pasos de la de Urso. Incluso recuerdan que el pedido de fotocopias al fuero federal era una práctica habitual en el juzgado de Speroni. Más cuando se acercaban las fechas de las indagatorias.
El dictamen presentado ayer por Pleé es el primer paso para que los camaristas del tribunal de Casación, Pedro David, Juan Fégoli y Raúl Madueño den a conocer su resolución. Todo indica que los restos de la causa serán sepultados en el fuero penal económico. De esta manera, el ex presidente podrá tener otra alegría.

No me dejen solo

Speroni rechazó ayer el pedido de excarcelación presentado por los defensores de Antonio Erman González. El ex ministro es uno de los pocos involucrados que continúa detenido. En su caso, el fallo fue confirmado por dos tribunales. Sin embargo su recurso de apelación está a la puerta de la Corte Suprema. Los abogados Fernando Archimbal y Carlos Froment habían reclamado la “inmediata libertad” de Erman amparándose en el fallo del supremo tribunal. Al acusarlo por contrabando agravado, Speroni reparó en que el ex ministro fue uno de los firmantes de los decretos que sirvieron de paraguas para la venta ilegal. Los letrados consideraron que después del fallo de la Corte, no hay motivos para que su cliente continúe detenido. Si la Sala B del fuero revocara la prisión preventiva del general Martín Balza, será difícil describir la reacción de Erman, que de esta manera se convertirá en uno de los pocos responsables políticos que continuará preso.

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