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Por Carlos Rodríguez
 ”Si Fabiana (Gandiaga)
no se hubiera perdido dentro del club Geba, nunca hubieran ocurrido ni
el crimen ni la violación.” El abogado Juan José de
Valle justificó a Página/12 el pedido de la familia de Gandiaga
para que se realice una investigación administrativa –paralela
a la causa penal– sobre cuestiones relacionadas con la habilitación
de las instalaciones y obras del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires
(Geba). Los primeros informes oficiales aportan datos desfavorables para
el club: las reformas nunca fueron habilitadas por la Dirección
de Fiscalización de Obras y Catastro (de existir autorización
habría sido vallado el sector al que Fabiana fue llevada engañada
por sus victimarios), no hay ninguna señalización que guíe
al que visita el club (esa falencia y la complejidad del edificio hicieron
que Fabiana se perdiera) y meses antes del hecho se dejó de contratar
policía adicional, a pesar de que ya se habían producido
robos y casos de amenazas o lesiones. Ahora, después de lo ocurrido,
volvieron los servicios adicionales de la Federal.
Los pedidos de informes fueron requeridos por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a solicitud de Andrés Cabana,
el viudo de Fabiana Gandiaga. Obras y Catastro confirmó mediante
un escrito que los inspectores detectaron “modificación de
obras al frente de Bartolomé Mitre 1165 que no cuenta con letrero
ni exhibe permiso de obra”. Esto sería imposible, ya que la
Dirección no recibió ningún pedido en ese sentido.
Dada las falencias encontradas, el 20 de noviembre se hizo una intimación
para que el club hiciera su descargo en 48 horas, pero hasta ayer no se
había obtenido una respuesta, según informó a este
diario Gustavo Lesbegueris, defensor del pueblo adjunto de la ciudad.
La misma Dirección, en otro informe, dejó asentado que el
edificio de Geba, con entradas también por Bartolomé Mitre
1149 y Perón 1154, cuenta con seis ascensores y un montacargas
que no recibirían mantenimiento autorizado desde julio del año
2000.
La empresa conservadora habilitada, cuyo titular es Héctor Castoldi,
aclaró que cumplió el servicio entre mayo de 1998 y julio
de 2000. Luego “no hay constancia alguna del ingreso de otra empresa
que realice la conservación de las máquinas”, dice
el informe de Obras y Catastro firmado por Angel Rodríguez, del
sector Control y Trámites de Conservación. El dato tiene
su importancia, dado que Fabiana Gandiaga se extravió dentro del
club, en buena medida, porque trató de regresar al sexto piso –donde
su hijo participaba de un torneo de taekwondo– y se perdió,
porque tuvo dificultades para encontrar un ascensor que funcionara.
La Defensoría consultó también a la comisaría
tercera de la Policía Federal, con jurisdicción en la zona.
El comisario Carlos Eugenio Minervini, a cargo de la seccional, hizo saber
que Geba “desde el año pasado no contaba con Servicio de Policía
Adicional, pero desde la ocurrencia de los hechos se contrató nuevamente
dicho servicio”. En los últimos cinco años se habían
reportado en esa comisaría siete denuncias por delitos que involucraron
al club: dos casos de robo, dos por hurto, uno por daño, uno por
amenazas, otro por daños y otro por lesiones por imprudencia o
negligencia.
El abogado De Valle le dijo a este diario que la presencia policial en
la puerta “podría haberle puesto un freno al accionar de los
autores del hecho”. Además del retorno de la policía
adicional, ahora las autoridades de Geba instalaron dentro del edificio
un circuito cerrado de televisión en los pasillos y en las principales
dependencias. El fiscal adjunto Lesbegueris informó que el 20 de
octubre, cuando ocurrieron los hechos, “no había señalización
que indicara correctamente las salidas y el lugar donde se realizó
el torneo de taekwondo”.
De Valle sostuvo que las primeros datos reunidos por organismos oficiales
“están señalando irregularidades que contribuyeron
a que pasara lo que finalmente pasó”. El abogado de la familia
Gandiaga recordó que el edificio de Geba es “un elefante blanco
dividido en tres sectores: el dela calle Perón, el del medio, y
el de Mitre”. La tarde del crimen, Fabiana Gandiaga “estuvo
media hora buscando cómo llegar al gimnasio del sexto piso”,
según declaró en la causa una amiga que la acompañaba
esa tarde. Cuando salió del gimnasio para comprar una gaseosa “usó
la misma puerta por la que entró (hay dos) y de todos modos se
perdió, lo que fue aprovechado por los asesinos”, que la llevaron
con engaños hacia el lugar donde se realizan las obras de remodelación
no habilitadas.
Los tres núcleos del edificio sólo se comunican a través
de los pisos segundo, sexto y octavo, mientras que por los otros “es
imposible pasar de uno a otro sector; el único lugar que está
totalmente conectado es el sótano, mientras que todo lo demás
es un verdadero laberinto”. Por eso se considera indispensable la
señalización interna, que no existe, salvo para los lugares
más habituales, donde se mueven los asociados, que por lo general
conocen bien esos caminos. Los resultados de la investigación administrativa
no tienen relación con la causa penal, pero tendrán importancia
vital en el juicio civil contra Geba.
UN
CHICO APARECIO COLGADO EN UNA COMISARIA
Muerte en un calabozo bonaerense
La relación entre la
Bonaerense y los menores sigue en crisis. Ayer, un nuevo caso de muerte
se sumó a la interminable serie ya denunciada, que a fines de octubre
pasado derivó en el despido del entonces ministro de Seguridad
de la provincia, Ramón Verón. En esta ocasión, un
chico de 16 años, detenido por robo en la comisaría de Villa
Tessei, Hurlingham, apareció ahorcado en su celda. Aunque oficialmente
fue informado como un caso de suicidio, el juez de menores interviniente
investiga si en realidad el joven recibió algún tipo de
ayudita.
El adolescente, cuyos datos no fueron proporcionados, permanecía
detenido desde hacía varios días en la comisaría
de Villa Tessei, acusado de robo. Ayer, durante la mañana, uno
de los uniformados de la seccional descubrió al detenido colgado
de una frazada.
El caso recayó en el juez de menores 2 de Morón, Gerardo
Frega. El magistrado ordenó la realización de diferentes
pericias para determinar si realmente se trató de un suicidio o,
si por lo contrario, fue inducido o, sencillamente, asesinado. En el juzgado
de Frega se mantenía absoluto hermetismo. La policía, a
su vez, insistió en que se trataba de un suicidio.
Las muertes de menores a manos policiales, o estando bajo su custodia,
jaquearon al gobierno bonaerense de Carlos Ruckauf, al punto de provocar
una crisis ministerial que derivó a fines de octubre pasado en
la caída de Ramón Verón, ex jefe policial, luego
de que la Suprema Corte provincial difundiera una acordada en la que mencionaba
60 casos de menores muertos en la provincia entre 1999 y este año.
Cuatro de ellos, informó la Corte en aquella ocasión, habían
muerto baleados por uniformados tras denunciar amenazas, persecuciones
y torturas. Se trata del “Monito” Gastón Galván,
el “Piti” Miguel Burgos, muertos en territorio de la comisaría
3ª, “La Crítica”, de Don Torcuato, y Fabián
Blanco y “el Duende” Juan Salto. Los dos primeros casos fueron
denunciados por Página/12 en abril pasado como parte de las actividades
de un escuadrón de la muerte y tomados por la Corte en su informe.
En reemplazo de Verón fue designado Juan José Alvarez, ex
intendente de Hurlingham –donde ahora ocurrió el nuevo hecho–
y ex secretario de Relaciones con la Comunidad durante la reforma de León
Arslanian. Apenas asumió, Alvarez se apresuró a tomar el
tema de los menores como cuestión de Estado y anunció que
“no quiero ni un solo menor en las comisarías”. Ayer,
una fuente ministerial aseguró a este diario que el traslado a
institutos del Consejo del Menor se encuentra “más trabada
de lo que debería ser. En Villa Tessei hay unos 20 menores detenidos.
No tendría que haber ninguno”.
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