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Por
Irina Hauser
 Los
últimos meses de gestión del radical Oscar Shuberoff, que
hace 16 años está al frente de la Universidad de Buenos
Aires, no serán los más felices de su gestión. No
es por los azotes que sufre el sistema educativo: la Oficina Anticorrupción
lo denunció ante la Justicia por ocultar en sus declaraciones juradas
de bienes que tiene en Estados Unidos cuatro sociedades comerciales y
9 casas valuadas entre 100 mil y 150 mil dólares cada una. En los
próximos días le imputará, también, posible
evasión impositiva.
Los investigadores de la OA participan en una pesquisa radicada en el
juzgado de María Romilda Servini de Cubría y delegada al
fiscal Carlos Stornelli, que comprometería al rector de la universidad
más grande del país en relación al manejo del dinero
de la institución durante su mandato y a la evolución de
su fortuna personal. La causa se inició el año pasado con
una denuncia del ex director del Hospital de Clínicas, Juan A.
Mazzei, que le achacaba a Shuberoff varios delitos, entre ellos incumplimiento
de los deberes de funcionario público, malversación de caudales
y asociación ilícita. Después se fueron sumando denuncias
que señalaban su posible enriquecimiento ilícito y que el
rector refutó diciendo: “En todo caso hubo un ilícito
empobrecimiento”.
Según informes que envió el gobierno norteamericano a pedido
del organismo anticorrupción, relataron allegados al expediente,
Shuberoff tiene nueve regias viviendas con varias habitaciones cada una
en Washington y Virginia, que mantiene siempre alquiladas. También
constituyó en Estados Unidos cuatro sociedades de responsabilidad
limitada (Belgrano Company, Esmeralda Company, Flores Company y Caballito
Company) dedicadas al negocio inmobiliario, aunque sólo una estaría
en actividad. El rector comparte algunos de los inmuebles con Carlos Armando
Fasciolo, funcionario de la Cancillería actualmente asignado en
Seúl, Corea.
Con esa documentación y otros datos, el director de investigaciones
de la OA Manuel Garrido hizo días atrás una presentación
ante la fiscalía de Stornelli, en la que asegura que hay elementos
suficientes para decir que Shuberoff omitió intencionalmente en
su declaración de bienes buena parte de su patrimonio, algo que
según el Código Penal es un delito con penas de hasta dos
años de prisión e inhabilitación perpetua.
Cuando tuvo la oportunidad de dar sus explicaciones ante la OA, Fasciolo
no puso en discusión la existencia de las propiedades y se defendió
diciendo que él, por el cargo que tenía en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, no estaba obligado a presentar su declaración
jurada y que si lo hizo en 1999, habrá sido por “algún
error, tal vez de un también equivocado pedido del Sector de Recursos
Humanos de la Cancillería”.
Shuberoff, el único funcionario que conserva su cargo desde el
gobierno de Raúl Alfonsín, reconoció en su descargo
la existencia de las inmuebles en cuestión y dijo que no los declaró
porque los había dado en forma de pago en 1993 a Oscar Teodoro
Noy, quien ratificó esa versión aclarando que nunca se hizo
el traspaso legal. Según fuentes de la investigación, ni
Noy ni Shuberoff declararon las propiedades ante la AFIP.
El régimen de declaraciones juradas para evitar que los funcionarios
públicos se enriquezcan ilícitamente cobró vigencia
cuando el menemismo instaló la disuelta Oficina de Etica Pública,
que dirigió el ex decano de Medicina Luis Ferreira. En 1999 se
firmó un decreto que obligaba a todos los integrantes de la Administración
pública nacional a decir qué tenían y cómo
lo habían obtenido. Aquella obligación cobró fuerza
de ley meses más tarde, cuando se sancionó la Ley de Etica
Pública, que permitió agregar al Código Penal la
tipificación del delito de omisión de datos en la declaración
de bienes en el inciso 3 del artículo 268. Ahora es la OA la encargada
de recibir las declaraciones, que incluyen un ítem sobre “bienes
inmuebles radicados en el país o en el extranjero” y otro
sobre participaciones societarias.
Según el titular de la OA, Fasciolo, por su cargo de ministro de
segunda clase, debería como mínimo recibir sanciones especificadas
en el Régimen de la Función Pública y habrá
que analizar si le cabe algún delito.
En cuanto a Shuberoff, sostiene Massoni, “como contador de profesión”
con “una larga trayectoria en el rubro de la construcción”
no se le pudo haber escapado que “quien figura inscripto en los registros
pertinentes resulta ser para la ley el propietario, más allá
de los acuerdos privados que sobre ellos realicen”. Como rector,
dice, está sin lugar a dudas comprendido por la Ley de Etica y
le cabría una responsabilidad penal por la omisión detectada
en su declaración patrimonial del año 2000. A lo que se
podría agregar un sumario administrativo, tardío si se concretara,
ya que su hipermandato se termina en marzo y no aspira a más reelecciones.
Lo cierto es que el Consejo Superior de la UBA fue notificado.
El valor total de las casitas de Shuberoff ronda el millón de dólares.
Lo que la OA también denunciaría en los próximos
días –según pudo saber este diario– es la posible
evasión impositiva, ya que tener propiedades fuera del país
no exime, salvo raras excepciones, de pagar por ellas el impuesto a la
riqueza.
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