Por Martín Granovsky

El juez que casi puso preso a Augusto Pinochet en España y actualizó la investigación sobre la masacre argentina tiene contextura de arquero (que lo es, en los ratos libres), ojitos irónicos y un estilo sin vueltas que prefiere respuestas nítidas. En medio de cuatro tazas de café, un jugo de naranja y dos huevos fritos, y luego de sus habituales tres horas de sueño, Baltasar Garzón compartió ayer un largo desayuno con Página/12 y La Nación. De visita en la Argentina por invitación de la Comisión Provincial de la Memoria, de Buenos Aires, Garzón sólo aclaró que no hablaría con detalle de ningún caso judicial para no dar argumentos a ningún pedido de recusación.
–Cuando comenzó a extenderse el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo con el pedido de extradición de Pinochet, la crítica dijo que los países poderosos estaban ejerciendo un derecho colonial contra los débiles. ¿Su balance es ése?
–No, porque esa es una definición interesada, lo mismo que centrar la crítica defendiendo la territorialidad y la soberanía. Esas son excusas para enviar el mensaje real, que es éste: “No meta las narices donde no debe”. Lo mismo que éste: “No investigue porque su investigación afecta al poder”. Es como si una pesquisa judicial perjudicara una estructura que empieza por resguardar el buen nombre y la garantía de la patria. Y así es como se confunde la razón democrática con el interés particular de los afectados por una investigación. Yo, en cambio, parto de otro principio. El Estado es el encargado de preservar el equilibrio de la sociedad, siempre hay que identificar cuál es el bien jurídico a tutelar y cuáles son las víctimas si ese bien jurídico no es protegido. Si deben garantizarse la seguridad y la libertad para el buen funcionamiento de la comunidad internacional, y la víctima si no se lo hace es la propia comunidad internacional, pues, ¿qué duda hay de que estamos en presencia de un delito internacional? En este marco, el juez tiene la obligación de cumplir con normas capaces de evitar que el mundo sea una selva. Y de ahí deriva el principio según el que cada magistrado debe aplicar el principio de la justicia penal universal.
–¿No es un principio que ataca la soberanía?
–Al contrario. Es parte de la soberanía del Estado. El Estado debe perseguir penalmente el delito y si, a veces, hay normas que lo impiden, entonces estarán contradiciendo la legislación internacional.
–¿Aunque haya leyes nacionales?
–Es que las leyes no pueden ir contra la ley penal internacional.
–En este punto, la crítica dirá que en un país se han votado leyes para consolidar la democracia y que la justicia penal universal pondrá en riesgo la democracia y, por lo tanto, incluso la ley.
–No comparto el planteo, pero lo entiendo. Suele venir del poder político. Sin embargo, no es un planteo que corresponda al poder judicial, y yo creo en la división de poderes. Y, además, ese planteo suele asociarse al oportunismo de determinadas personas que pretenden obtener impunidad para algún sector. Quieren que el Estado, como representante de la sociedad en su conjunto, trate de otra manera a crímenes concretos. Uno siempre sanciona individualmente. Si uno sanciona, después de comprobar el delito, a responsables de estafas, por ejemplo, a nadie se le ocurre pedir una impunidad genérica, ¿no? Me refiero a una impunidad de sector. La protesta surge cuando interesa que determinada clase de personas no resulte afectada. Es cuando se confunde la buena razón de Estado.
–¿Hay una buena razón de Estado?
–La democracia. Pero se la confunde con una razón de Estado que conceda impunidad para delitos de lesa humanidad o generados por el robo de caudales públicos. Y la discusión es la misma en todos lados. En España, en Italia, en la Argentina... Cuando un juez falla contra esa mala razón de Estado y no favorece la impunidad aparece el argumento de que la Justicia se hizo política. El poder siempre quiere que la Justicia funcione con discreta ineficacia. Yo no estoy de acuerdo.
–¿Qué propone?
–Como juez, mi función no es juzgar la historia. Es buscar pruebas y llevar la instrucción a un juicio oral y público para que haya un proceso justo. Justo para los acusados y justo para resarcir a las víctimas. Es obvio que hay indultos y medidas de gracia, aunque no amnistías. En España la amnistía no existe como figura legal. No se permite ninguna norma de impunidad general. Pero pensémoslo desde otro lado. A la larga, ese tipo de impunidad cae por su propia base. El ejemplo es el de (el ex presidente peruano Alberto) Fujimori en 1995 y 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que las leyes especiales dictadas por él son nulas. No quiero meterme en el proceso judicial argentino, pero también está el caso de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sobre la que falló el juez Gabriel Cavallo.
–O sea que no hay, o no debe haber, un principio general o sectorial de impunidad.
–Cuando alguien lo plantea, debe contestarse lo siguiente: “No, mire, la vida no es suya, ni la libertad de los ciudadanos es suya. Es un bien jurídico, y además un bien internacionalmente protegido”. ¿No es curioso que un dictador no respete las fronteras para matar y pida respeto para ganar su impunidad? Cuando desde el poder se habla del interés de los ciudadanos, ahí hay que echarse a temblar.
–¿Está de acuerdo con la idea de que, a penas más duras, menos delito?
–Ni más, ni menos duras. Las necesarias. Soy visceralmente contrario a la pena de muerte, y no hablo de que alguien experimente en su fuero interno el deseo de que otro muera para pagar un crimen. Digo que la violencia ilegal no puede ser respondida por la vía legal.
–¿Qué son “penas necesarias”?
–No la muerte. Con períodos largos es más que suficiente. Y luego está la resocialización en la cárcel, porque si no no se habrá conseguido otra cosa que mantener encerrado a un individuo. Cuando hablo de períodos largos, hablo de que si la pena son 30 años, no puede pasar enseguida a 14 y luego terminar en 8. No es serio, cuando hay penas de hasta mil años.
–¿Qué pena le hubiera correspondido a Pinochet?
–No voy a decir nada de esto. Y no es que no me guste opinar. Es que no debo ni quiero hacerlo. El juez no debe valorar ni confrontar con los justiciables. Lo que merecen los justiciables, no es el juez quien debe decirlo. Por otra parte, ¿cómo hablar ligeramente de las penas? La madre que ha perdido al hijo, ¿se resarcirá en su dolor con 15 ó 20 años de pena, o con cinco? Es imposible. Son otros parámetros. Si yo perdiera un ser querido, una mujer, un hijo, un amigo, no habría sanción suficiente que me resarciera de esa pérdida. Pero como pertenezco a una sociedad, si la pena para el delito es de 20 años, bueno... lo acepto.
–Usted habla mucho del poder. ¿La función del juez es luchar contra el poder, o forma parte de él?
–Yo, como juez, me incluyo. Hay un poder político, un poder económico, y también un poder mediático. Muchas veces, cuando hablo del poder me refiero al poder mal ejercido, al poder como dominación cuando sale de los márgenes de la legalidad que la propia sociedad se ha dotado. Cuando abusa del poder. Si el juez debe tomar una decisión y no la toma, formará parte de ese poder mal ejercido del cual los ciudadanos son víctimas. De ese poder utilizado sesgadamente en interés de quien lo detenta. El cargo público debe usarse en favor de los ciudadanos, pero todos sabemos que no ya en condiciones de dictadura sino de democracia el cargo se usa en provecho propio. Se habla de mi cargo, mi auto, mi comisión. Es un usopatrimonialista del poder. Y que nadie te lo quite. Recuerdo cuando en el ‘93 se discutía la integración de las listas del Partido Socialista Obrero Español para el parlamento de Castilla la Vieja y había el riesgo de que entrara el número uno pero no el número dos. El que iba para uno estaba políticamente calcinado. Cuando se le planteó que debía ir de dos, preguntó: “¿Qué voy a hacer yo de mi mujer y de mis hijos?”. Eso no puede ser. Pues, póngase usted en una esquina y pida.
–¿Cree, como dicen los conservadores en Italia, que hay una invasión de la política por parte de los jueces?
–En Italia, en España, en Francia, nadie critica a los jueces si investigan al caco que te roba la cartera o a pequeños estafadores. Pero si tratas casos importantes, te dirán que afectas la seguridad del Estado. Es el mundo al revés.
–¿No hay dictadura judicial?
–Los jueces, en general, no han socavado la credibilidad de la política. Ya estaba socavada cuando muchos, con honrosísimas excepciones, prescindieron de los ciudadanos. Y fue incluso peor cuando recurrieron a conexiones con las mafias, a la desviación masiva de fondos, a concesiones interesadas. Eso fue lo que en Italia acabó con un sistema. No los jueces. No hay que matar al mensajero. El Poder Judicial, eso sí, es equilibrador, no controlador. Por otra parte, si el juez favorece a sus amiguetes en una función delictiva, comete delito.
–En la Argentina la defensa del poder político es que las decisiones políticas del Ejecutivo no son judiciables.
–Con ese criterio, no se podría enjuiciar la decisión de un funcionario de matar, si esa decisión es política. Te dirá: bueno, es que hacía falta matarlo. Como juez yo solo me pregunto: ¿mató? Hay que aclarar bien estas cosas, porque estamos en una sociedad mediática y en este tipo de sociedades la forma de plantear las cosas es decisiva.
–¿Le sirvió su paso por la política?
–No tuve mucho tiempo de tomar distancia, porque estuve a cargo de la coordinación de la lucha contra la droga. Pero diría que el paso por la política es, casi, necesario. Y no contamina, como se dice, mientras uno no quebrante la ley, claro. La política te da una visión general para entender cómo encajan las piezas. Aunque hay decisiones que no se entienden ni desde adentro... Yo veo un riesgo en el corporativismo.
–En el espíritu de cuerpo.
–Sí, es uno de los peores cánceres, porque la sociedad necesita creer en el sistema que la rige y nunca hay que darle la espalda. Si no, se crean dos sociedades, la oficial y la real. Me acuerdo que en el ‘92 Italia estuvo en una crisis tan grande que ni siquiera eligió presidente. Tuvieron que matar al juez (Giovanni) Falcone para que nombraran al jefe del Estado. Lo recuerdo a Giovanni Spadolini comprometiéndose a impulsar la designación recién en ese momento. Recuerdo el paso del féretro de Falcone por las calles de Palermo. Cuando la gente veía a los políticos pasando delante del ataúd del juez, o les daba la espalda o les arrojaba monedas. La mafia ataca a los que el Estado no sabe proteger. Y es grave que los ciudadanos se distancien del Estado.
–¿Se distancien cómo?
–Si el ciudadano ve que hay personas que hacen esfuerzos por protegerlo, se siente cerca. Es serio cuando la distancia se ensancha y la reacción pasa a ser “Déjenme en paz, no les creo nada, ustedes limítense a solucionarme los problemas”.
–¿Y cómo es su protección personal?
–¿La de seguridad? No me compete. Son muchos años viviendo al filo de la navaja, o en la cuerda del funambulista, como decimos en España. La protección debe hacerla quien está encargado de ella. Soy funcionario y mi obligación es trabajar para ganarme el sueldo que cobro a fin de mes. Lo cual, por supuesto, no es un mérito. (El presidente del primer gobierno de transición desde el franquismo, Adolfo) Suárez decía que es grave cuando lo normal se eleva a categoría de virtud. Coincido. No tengo espíritu de cuerpo, pero formo parte de un cuerpo. Sé que se puede funcionar mejor, y que en las encuestas de credibilidad la Justicia pelea los últimos puestos con la política. Hay gente a la que mi trabajo le parece bien y otra a la que le parece mal. En todo caso, a mí me da lo mismo. Llevo 21 años en la carrera judicial y desde el primer día tomo decisiones por las que asumo mi responsabilidad.

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