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Por Adriana Meyer
 Después de casi siete
años de investigar el affaire de la venta ilegal de armas, a los
funcionarios y empleados del juzgado federal 8 ayer les terminaron de
sacar la causa por la que el ex presidente Carlos Menem pasó 5
meses preso. La Sala I de la Cámara Federal porteña le sacó
al juez federal Jorge Urso la investigación por enriquecimiento
ilícito contra Carlos Menem. Y además la Cámara de
Casación rechazó la pretensión de ese magistrado
de intervenir en la causa por las explosiones de Río Tercero (ver
aparte). “Esto completa la espectacular arquitectura que armaron
para desmembrar la causa madre”, se quejó ante Página/12
una fuente judicial.
En concreto, el ex presidente no será juzgado bajo ningún
cargo por Urso. Lo hará Speroni, que ya le dictó falta de
mérito. La misma fuente aventuró que las autoridades suizas
que debían remitir información clave referida a su presunto
incremento patrimonial ya no estarían dispuestas a hacerlo.
Los camaristas Luisa Riva Aramayo, Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo
resolvieron que, a partir de la decisión de la sala segunda de
la Cámara Nacional de Casación Penal que decidió
acumular todos los sumarios por el caso de la venta de armas en el juzgado
penal económico de Julio Speroni, esa investigación “atrae
por conexidad a las actuaciones donde se investigan los restantes delitos”.
Urso llevaba en forma separada la causa madre por la venta de armas a
Croacia y Ecuador y la de enriquecimiento ilícito de los imputados
en el expediente principal. Pero los camaristas entendieron que “resultaba
clara la vinculación tanto objetiva como subjetiva de sendas causas”
porque “el primer requerimiento fiscal refiere que deberá
dirigirse contra aquellas personas que pudieran haber estado involucradas
de cualquier forma en el cobro de fondos y/o comisiones ilegítimas
provenientes de la operatoria de venta de armas con presunto destino final
a la República de Ecuador y Croacia”, según el texto
de la resolución a la que accedió Página/12.
A pedido del abogado Ricardo Monner Sans, el fiscal Carlos Stornelli había
formulado requerimiento para que Menem sea investigado junto a los demás
funcionarios imputados en el expediente central, en esa causa abierta
desde 1998 que tramitaba en forma paralela. Esto ocurrió antes
de la indagatoria de Menem del 13 de julio, y por esos días estaba
en la mira una residencia en Martínez destinada para el flamante
matrimonio MenemBolocco. En octubre, Stornelli accedió a un informe
de la AFIP que daba cuenta de un presunto incremento injustificado del
patrimonio del ex presidente. Del estudio de sus declaraciones juradas
entre 1990 y 2000 “se desprende un aumento patrimonial concreto y
apreciable”, indicó el fiscal. Además, la justicia
suiza bloqueó cuentas abiertas en ese país por Zulema Yoma
y Zulemita Menem.
En otra resolución firmada ayer, la Sala I de la Cámara
Federal decidió que ese fuero también es incompetente para
seguir interviniendo en la otra causa abierta contra Menem por enriquecimiento
ilícito, que tramitaba en el juzgado federal 10. Ese sumario se
inició en noviembre de 1999 cuando la entonces diputada frepasista
Diana Conti y el legislador Gustavo Cardesa pidieron a la Justicia federal
porteña que investigue las diferencias que aparecían en
las declaraciones juradas de Menem. El ex presidente había sido
absuelto en octubre de 1998 por la Justicia riojana en la causa por malversación
a raíz de la construcción de la famosa pista de aterrizaje
de la localidad de Anillaco. Sin embargo, Monner Sans opinaba que si aparecía
algún elemento nuevo podría revisarse la cuestión
de la “cosa juzgada” establecida por aquel fallo riojano.
La fuente consultada por este diario especuló con que los datos
que iban a ser enviados desde Suiza ahora podrían ser retenidos
porque el juez que los pidió ya no está a cargo del caso.
Speroni debería reiterar el pedido formulado en su momento por
Urso pero no es seguro que lo haga. “Es un fallo lógico como
consecuencia de las decisiones anteriores, no podían hacer otra
cosa porque lo falaz es el razonamiento que usó la Corte primero
y luego la Casación”, explicó la fuente. El Supremo
Tribunal dejó sin efecto los cargos por asociación ilícita
que el juez le había endilgado a Menem y a su ex asesor Emir Yoma,
y reprochó la supuesta “arbitrariedad” y “ligereza”
del magistrado a la hora de evaluar las responsabilidades penales de ambos.
Y la Cámara de Casación decidió que todas las causas
pasen al fuero en lo penal económico porque el juez Speroni investiga
el delito más grave que es el contrabando. El menemismo sólo
recibió buenas noticias de los jueces que lo integran y nada indica
que esa suerte vaya a cambiar.
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Un accidente “sospechoso”
La Cámara Nacional de Casación Penal determinó
que las explosiones registradas en 1995 en la Fábrica Militar
de Río Tercero fueron consecuencia de un accidente sin vinculación
alguna con el tráfico de armas. Y decidió que las
investigaciones deberán continuar a cargo de los tribunales
de Córdoba, al rechazar la pretensión del juez federal
porteño Jorge Urso de asumir el caso. Así, el máximo
tribunal del país en materia penal, cuyas resoluciones sólo
pueden ser revocadas por la Corte Suprema, respaldó los argumentos
del fiscal Raúl Pleé y coincidió con la calificación
de “estrago culposo” con el cual la Justicia cordobesa
tramitó el expediente, que ya fue elevado a juicio oral.
La decisión fue tomada por los jueces que integran la sala
II de ese tribunal, Juan Fégoli, Pedro David y Raúl
Madueño, los mismos que la semana pasada resolvieron apartar
a Urso del caso. Las explosiones tuvieron lugar el 3 y 4 de noviembre
de 1995, provocaron siete muertes, cientos de heridos y grandes
daños materiales. Ana Gritti, la viuda de una de las víctimas
y querellante en la causa, sostiene que en el siniestro pudo haberse
destruido documentación útil a la investigación
por el tráfico de armas. El juez Jorge Urso coincide con
esa sospecha pero no así la Cámara de Casación
y antes los jueces Octavio Cortes Olmedo, José Pérez
Villalba y José Tribuzzio, del Tribunal Oral 2, que rechazaron
desprenderse del caso.
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