Por Martín Granovsky

Es famoso el final de Don Segundo Sombra: “Se fue como quien se desangra”. Habría que reescribirlo para Fernando de la Rúa: “Se fue como quien desangra”. Renunció después de haber maniatado políticamente al Estado y sus dilaciones de último momento, lo mismo que su obsesión puntillosa por redactar la renuncia de puño y letra o cambiar frases en los discursos cuando todo estaba jugado, dejaron en pie su último legado: 22 muertos en todo el país, la mayoría de ellos por la represión policial más salvaje que se recuerde desde la recuperación de la democracia.
Después de las 19, De la Rúa llamó al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y le mostró el texto de la renuncia. Después ordenó enviarla al Senado para que la trate la Asamblea Legislativa. Saludó uno por uno a los mozos, reunió a las secretarias y decidió partir. El edecán y Rodríguez Giavarini lo acompañaron hasta el helicóptero. A las 19.52, el aparato despegó del techo de la Casa Rosada. Pasó junto al edificio del Banco Nación, se elevó y comenzó los últimos ocho minutos de vuelo a Olivos. Debajo, la Plaza de Mayo era un mar de cascotes, cartuchos de gas lacrimógeno y vainas de armas de fuego. En lugar de vallar con mayor solidez la Casa de Gobierno, la Policía Federal, por orden del ministro del Interior Ramón Mestre y el secretario de Seguridad Enrique Mathov, había optado por emprender una cruel represión. Se veía más saña que espíritu preventivo, más bastones y, quizás, armas de uso irregular que un dispositivo ordenado para evitar daños y dejar que se expresara el libre derecho de reunión.
El helicóptero yéndose era una imagen repetida.
Así fue la salida de Alejandro Lanusse en 1973. La plaza cantaba: “Se van/ se van/ y nunca volverán”.
Volvieron. El 24 de marzo de 1976 el helicóptero se llevó a Isabel Perón.
El 19 de abril de 1987, el helicóptero llevó a Raúl Alfonsín a Campo de Mayo y lo trajo de vuelta. Antes del Felices Pascuas, fue aclamado.
La huida de De la Rúa no tenía nada que ver con las tres situaciones anteriores. No lo había derrocado un golpe, ni era él mismo un presidente de facto, y tampoco debía marchar a enfrentar la conjura o encarar una negociación con un grupo de oficiales golpistas. Su salida fue el caso de mayor licuación de poder en el menor tiempo posible más fabulosa que recuerde la historia argentina. Y también un record de muertes gratuitas:
Cuando De la Rúa habló a las 22.41 del miércoles anunciando que implantaba el estado de sitio y no dio, en cambio, ninguna señal política, ya era un muerto institucional. La combinación de vacío de autoridad y órdenes de represión salvaje produjo los primeros cinco muertos.
Cuando De la Rúa habló ayer por la tarde y no renunció, aunque estaba claro que lo haría, su dilación profundizó el vacío. Y no hubo, además, contraorden para la represión, que fue cada vez más encarnizada.
El Gobierno entendió el estado de sitio como una virtual leva para matar, pegar con bastones largos, detener ciudadanos arrastrándolos de los pelos decenas de metros y, para colmo, hacer todo de manera ineficiente. Ninguna de estas medidas impidió la violencia en el centro, que se tradujo en la quema de negocios en pleno obelisco o de camionetas a sólo tres cuadras de Plaza de Mayo.
Su discurso tuvo el mismo efecto paradójico que el del miércoles. Aquel provocó al cacerolazo espontáneo. El de ayer dejó una interpretación coincidente, dividida en dos partes. Primera: De la Rúa estaba llamando a los peronistas a un consenso solo para que (pura formalidad) quedase claro que podría renunciar si ese consenso no se lograba. Segunda: a esa altura era obvio que no habría consenso para De la Rúa y que cualquier dilación significaría más violencia, más represión y más muertos. Hubo más muertos. Si la cifra definitiva es de 22, serán más que los 14 de los saqueos del ‘89 o los 15 provocados por los carapintadas de Mohamed Alí Seineldín en 1990. Una situación que anoche se conectaba con el dato, sin precedentes, de que en algunos barrios del Gran Buenos Aires los saqueos habían pasado de los comercios a casas.
El blanqueo terminó con la pequeña economía de subsistencia, y desató los primeros saqueos en Rosario.
La represión y el vacío político, más el hambre y la destrucción aguda de ingresos, hicieron proliferar la violencia, y esa proliferación puede llevar a un reclamo de orden y mano dura que liberaría las manos del próximo gobierno como sucedió con Carlos Menem en 1989.
A medianoche no estaba claro quién encabezaría el próximo turno.
La ley de Acefalía que rige desde el 22 de julio de 1975 y nunca llegó a aplicarse indica que la Asamblea Legislativa debe sesionar dentro de las 48 horas de la renuncia del Presidente si es convocada con los dos tercios de los miembros de cada Cámara, 48 en el Senado y 171 en Diputados. Si fracasara, a las 48 horas debería ser convocada otra vez y podría funcionar con la mitad más uno de los miembros: 37 y 129. Según la ley, la Asamblea no podría considerar y aprobar la renuncia de De la Rúa y dejar para otra oportunidad la decisión sobre el nuevo presidente. Debería mantenerse en sesión. La opción, entonces, es designar a un ciudadano electo –legislador o miembro de un ejecutivo provincial o municipal– como Presidente de la Nación en ejercicio hasta el 2003, o hasta el momento en que entregue la banda al presidente definitivo, elecciones mediante. En 1973, el peronista Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados por renuncia del presidente y el vice y ausencia del presidente provisional del Senado, convocó a elecciones para el 23 de setiembre, que ganó Juan Perón.
Gobernadores y dirigentes peronistas se reunieron ayer en San Luis, invitados por el gobernador Adolfo Rodríguez Saá, aunque por un frente de tormenta no pudieron llegar ni Ruckauf ni Eduardo Duhalde. Sí fue de la partida el ex ministro del Interior de Menem José Luis Manzano, decidido a pasar otra vez del campo empresario a la política pública.
Una variante era que el presidente provisional del Senado Ramón Puerta fuese elegido presidente en ejercicio hasta el traspaso luego de elecciones, quizás en 60 o 90 días.
Otra era que Puerta fuese elegido hasta el 2003, final del actual período que De la Rúa no pudo completar porque llegó solo a 740 días.
La tercera, que el elegido fuese Rodríguez Saa.
La cuarta, que fuese Duhalde.
En las últimas dos posibilidades, ninguno aceptaría ser presidente si solo se tratara de un interinato hasta los comicios.
Anoche los dirigentes justicialistas otorgaban las mayores probabilidades a la convocatoria a elecciones, y confiaban en que Puerta aceptaría.
Mientras, los economistas del peronismo debatían el paquete de medidas del nuevo gobierno.
Habría un paquete social concebido con la idea de amortiguar la crisis y contribuir a la reactivación.
No se descuidaría el déficit fiscal.
La devaluación se daba por segura, dejando flotar la paridad entre peso y dólar con un límite hacia arriba y hacia abajo. La banda no estaba definida. Deberá estar de aquí al miércoles, cuando podría reabrir el mercado cambiario cerrado ayer por De la Rúa como una de sus últimas medidas antes de volar.
La declaración formal de default era una perspectiva cierta. Si fuera por las palabras de Rodríguez Saa, también debería preverse una moratoria, o sea la negociación de un período de gracia en que los acreedores no cobrarían capital o intereses de la deuda.
Algunas versiones hablaban de pesificación. Consistiría en convertir los activos y los pasivos de dólares a pesos, y luego dejar flotar el dólar. Si la pesificación se realizara con una paridad uno a uno –cada dólar de un crédito o un depósito pasaría a valer un peso– los beneficiarios más claros serían los deudores de créditos en dólares contraídos con entidades radicadas en la Argentina. Algunos pasivos, así, quedarían licuados, o al menos quedaría compensada la baja del ingreso real que sobrevendría sin duda a una devaluación. Los ahorristas, como los tenedores de plazos fijos, serían los perjudicados. Sus ahorros en dólares pasarían a pesos y éstos valdrían menos frente al dólar. En cuanto a los bancos, los analistas estiman que el impacto será doble. Positivo, por un lado, porque los deudores quedarían en mejor condiciones de pagar sus créditos. Y negativos, por otro lado, en los casos en que los bancos hubieran prestado aquí en dólares utilizando fondos tomados en el exterior. En este caso, para evitar el riesgo de quiebra los bancos deberían reponer esos fondos, cosa que haría las delicias de los industriales y a la que las entidades financieras naturalmente se resistirán.
De todos los nombres en juego, Puerta era hasta ahora el más menemista, es decir el más cercano a la idea de la dolarización, y Duhalde el más lejano, pero conviene recordar la historia pragmática de un partido que, con el Justicialista, aplicó en distintas épocas la sustitución de importaciones, el control de los depósitos bancarios, la nacionalización del petróleo, el liberalismo más extremo, el estatismo y la desregulación. El futuro económico es incierto. Lo inmediato es que la Asamblea Legislativa aceptará hoy a las 11 la renuncia de De la Rúa, que sigilosamente le acercaron ayer a las 20.30 dos funcionarios de la Casa Rosada al prosecretario parlamentario del Senado Juan José Canals, un radical alfonsinista, quien a su vez la entregó al peronista Juan Carlos Oyarzún.

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