Por Diego Schurman

El justicialismo quiere que la Asamblea Legislativa convoque a elecciones generales durante los primeros meses del 2002. Así coincidieron gobernadores y legisladores al sostener que es la única manera de otorgarle “legitimidad” al nuevo presidente durante los siguientes cuatro años. Anoche, el misionero Ramón Puerta reunía las mayores adhesiones para convertirse en el mandatario de la transición.
El propio presidente provisional del Senado manifestó en privado estar dispuesto a gobernar el país por tres meses. Ese es el lapso que Carlos Ruckauf, José Manuel de la Sota y Carlos Reutemann necesitan para poner a punto sus candidaturas.
Lo que no estaba definido es si, de convocarse a elecciones para marzo o abril del próximo año, se realizarán a través de un renovado sistema de ley de lemas –para permitir participar a muchos candidatos de un mismo partido– o por el régimen actual, lo que aceleraría la competencia interna en cada agrupación para definir su candidato.
Por las dudas, el diputado cordobés del PJ Eduardo Di Cola volvió a dar impulso a su proyecto de modificación de la ley de acefalía, que tras la renuncia del Presidente obliga a convocar a elecciones en un plazo de 90 días con el sistema de ley de lemas.
El tema genera cortocircuitos. Fue Eduardo Duhalde el que puso distancia de esa modalidad, al entender que no resuelve el problemas de la legitimidad. “El sistema de ley de lemas puede permitir que un candidato del justicialismo o de cualquier otro partido se convierta en presidente de la Nación con sólo el 15 por ciento de los votos”.
El apuro por “legitimar” a la nueva conducción del país a través del voto fue el tópico de cabecera del encuentro que anoche mantuvieron en el Congreso el propio Duhalde, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, el titular del bloque del PJ en el senado, José Luis Gioja, y los gobernadores bonaerense Ruckauf y jujeño Eduardo Fellner, entre otros.
Uno de los pocos que se mostraba partidario de que el presidente de la transición complete el mandato de De la Rúa era Carlos Menem. Las razones caen de maduras: el ex mandatario necesita de tiempo para recomponer su poder. Es más, Menem también defendió la candidatura de Puerta para la transición, pero convencido de que este se quedará hasta el 2003.
Aún así, el ex presidente no descartaba presentarse a competir en el 2002. Ni siquiera lo espantaba la eventual imposibilidad jurídica. Según uno de sus estrategas, el ex ministro Rodolfo Barra, está habilitado ya que el período presidencial no concluye a los cuatro años sino con el llamado a nuevas elecciones.
Fue tanto el alboroto que produjo la renuncia de De la Rúa que hasta se dijo que Menem mantuvo una comunicación telefónica con Duhalde, enemigos no solo políticos sino también personales. Ninguno confirmó el llamado. Pero tampoco lo negó. La situación política permitió otro milagro: la reaparición en escena –ya sin mucho disimulo– del ex ministro José Luis Manzano (ver asimismo página 6). Al fin, un operador de carrera que no dejó de devolver saludos en el Congreso.
Mientras en la Capital se analizaba la salida institucional, en San Luis la mayoría de los gobernadores justicialistas se reunió para buscar un acuerdo político mínimo. El puntano Adolfo Rodríguez Saá, otro de los que no vería con desagrado encargarse de la transición, llegó a plantear la modificación unilateral en el pago de la deuda externa, como mínimo hasta resolver la crisis interna.
Allí Eduardo Menem fue a tantear la suerte que tendría su hermano en lo que se presentaba como una mesa de reparto de poder. Se dijo, incluso, que el senador riojano terciaba para que en la Asamblea Legislativa sólo se trate la renuncia del presidente y se tome las 48 horas siguientes para evaluar la mejor manera de resolver la transición. En el encuentro también estuvo Puerta, preocupado porque –en caso de tomar las riendas– deberá hacer el “trabajo sucio” para facilitarle las cosas a quien lo suceda. Por eso, el misionero se apuro ayer en aclarar que por ahora no sólo mantendrá el estado de sitio dispuesto por De la Rúa sino también –al menos por 48 horas– a todos sus ministros.
Anoche mismo le pidió a el jefe de gabinete, Chrystian Colombo, que se “el encargado de coordinar la seguridad y la administración mínima del Estado hasta que la situación se resuelva”. Y, según consignaba la agencia Telam, su ministro de Economía, ya para transición, saldría del siguiente cuarteto: el bonaerense Jorge Remes Lenicov, el misionero Humberto Schiavoni, el santafesino Oscar Lamberto o el cordobés Gregorio Las Heras.
Las conversaciones fueron profusas en la hostería Chumamaya, de Merlo, a la que, por las malas condiciones meteorológicas, no llegaron los referentes bonaerenses, aunque sí estaban la mayoría de los gobernadores del Frente Federal –que agrupa a las 11 provincias “chicas” del PJ–, De la Sota y Reutemann.
En materia económica, la gran incógnita para los comensales era la manera de anunciar la salida de la convertibilidad sin que esto genere terror en la sociedad. Tan urticante es el tema que muchos de los presentes ni se animaron a mencionar la palabra devaluación. Sí, en cambio, hubo reiteradas menciones del proyecto de “pesificación” que motoriza De la Sota.
El “programa de emergencia económica” también fue debatido por los legisladores del PJ junto a economistas. En lo esencial anoche hubo acuerdo: la entrega directa de ayuda alimentaria a través de los municipios.
El debate seguía al cierre de esta edición. A esa altura nadie se acordaba del finado político. Sólo Ruckauf recordó, entre íntimos, la comunicación que mantuvo con De la Rúa poco después del mediodía. Curiosamente el presidente no habló allí de renuncia. Sólo preguntó cómo estaba la provincia de Buenos Aires y si hacía falta el envío de Gendarmes para controlar los saqueos.

MOYANO LEVANTO LA HUELGA TRAS LA RENUNCIA
Daer y De Gennaro hacen paro

Mientras la CGT disidente encabezada por Hugo Moyano levantó la medida de fuerza que había programado, la CGT oficial que lidera Rodolfo Daer y la CTA de Víctor De Gennaro ratificaron el paro de hoy. Los colectivos, subtes y taxis funcionarán normalmente.
Moyano y Daer habían anunciado, por separado, la realización de dos huelgas en repudio a la “brutal represión ejercida” por la policía contra los trabajadores en la Plaza de Mayo. El líder camionero había asegurado que el paro sería por tiempo indeterminado hasta que el Congreso “convoque a Asamblea Legislativa”, pero luego sus allegados anunciaron que la medida se suspendía “para pacificar los ánimos”. Como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no hará paro, habrá colectivos y subtes.
Por su parte, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) extendió a hoy la huelga que se convocó para ayer en cuanto se agudizaron los saqueos en el Conurbano bonaerense y en varias provincias. “Hoy más que nunca se exige cambiar además de la cara de quien está en la Casa Rosada, garantizar la resolución de la emergencia social a través de la redistribución de la riqueza que sin lugar a dudas tiene en la propuesta de la CTA y del Frente Nacional contra la Pobreza más de tres millones de compatriotas que votaron que el principal problema del país es la pobreza y la desocupación”, dijo De Gennaro.
La renuncia de Fernando de la Rúa tampoco hizo cambiar los planes de la CGT oficial, que ratificó el paro de 36 horas que convocó a partir de ayer a las 18, “por lo menos hasta que se constituya la Asamblea Legislativa”. A solicitud del titular del gremio bancario, Juan José Zanola, la convocatoria cegetista dejó afuera a ese gremio, para que sus afiliados “trabajen durante la jornada de protesta a fin de garantizar el pago de salarios de los trabajadores, jubilados y pensionados”.
Daer sostuvo que “decidimos realizar un paro de 36 horas para lograr la preservación plena de la paz social, hoy gravemente dañada; en repudio de la represión policial injustificada que ha provocado gran cantidad de heridos y muertos y para garantizar la resolución de la gravísima crisis política en el marco de la Constitución nacional”.

Cómo se vivieron en el Congreso las
vísperas de la Asamblea Legislativa

Por Felipe Yapur

El grupo de hombres cruzó la Plaza del Congreso, despoblada a fuerza de gases y balas de goma, y enfiló hacia la puerta del Senado sobre la avenida Rivadavia. Sin que nadie se percatara, en el pequeño núcleo, acompañado por una discreta pero fuerte custodia policial, estaba el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Virgilio Loiácono. Llevaba consigo la renuncia del presidente Fernando de la Rúa a la presidencia, exactamente 740 días después de haber asumido el cargo. Pero con el texto en el Congreso, nada indicaba que había concluido la jornada. Ahora resta definir cómo se resolverá la salida institucional. Una definición que, sin duda, está en manos de los justicialistas y que comenzará a develarse a las 11 cuando Ramón Puerta, presidente provisional del Senado, anuncie el comienzo de la asamblea legislativa.
La arriesgada maniobra de Loiácono concluyó a las 20.30, cuando el secretario Parlamentario, Juan Carlos Oyarzum –acompañado del prosecretario legislativo, Juan José Canals– le puso su firma al texto manuscrito enviado por el jefe del Estado y comenzó a correr el plazo de 48 horas para que el Congreso convoque a la asamblea legislativa que deberá definir quién será el hombre que ocupará la Presidencia y si lo hará por un tiempo acotado y con el mandato de llamar a elecciones o para completar el mandato trunco del fracaso dirigente radical. Era el fin de una época y de un modelo.
La sucesión fue un tema que vino conversándose en voz baja desde que estalló la rebelión popular. En las calles, la represión policial elevaba la cifra de muertos a 22 como resultado de estos dos días de lucha. Mientras tanto, en el interior del edificio del Congreso se desarrollaron cientos de reuniones para evaluar las alternativas. Alguno, como Eduardo Duhalde, insistió durante toda el día con su tesis de que un radical debería ser elegido para reemplazar al renunciante. “El turno es de ellos y creo que deberían completar el mandato”, aseguró durante la tarde.
Otros, en cambio, como un grupo de los gobernadores alineados en el Frente Federal Solidario (FFS), con Néstor Kirchner a la cabeza, prefieren que el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, asuma la presidencia por un corto período para convocar a elecciones y, en ese ínterin, definir la disputa interna del PJ. Ayer, la esposa del gobernador y senadora, Cristina Kirchner, pidió públicamente la renuncia de De la Rúa y comicios no más allá de noventa días.
La necesidad del llamado a elecciones es compartida tanta por el titular del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja, y por su par de la Cámara baja, Eduardo Camaño, quienes por rama separada coincidieron en afirmar que “el próximo presidente debe ser elegido por el voto popular”. Pero, para que ello ocurra, es necesario antes modificar la ley de Acefalía porque la actual prevé que el sucesor presidencial debe completar el mandato de quien renunció.
Acá cobra fuerza la estrategia de los legisladores que responden al gobernador José Manuel De la Sota, quienes impulsan la modificación de la norma que obligará al sucesor a convocar a elecciones mediante el sistema de ley de lemas. “Es inviable –aseguró Duhalde– porque el que gane, que seguramente será un justicialista, llegará a la presidencia con el 15 por ciento de los votos.” Estos fueron los temas que gravitaron durante las innumerables reuniones que mantuvieron los senadores antes y después de la sesión que realizaron durante el mediodía.
En esa sesión, la Cámara alta aprobó por unanimidad la derogación de los superpoderes y la libre disponibilidad de los salarios y haberes jubilatorios. Apenas duró cuarenta minutos, pero antes de que finalizara y mientras los televisores vomitaban las escenas de la brutalidad policial en Plaza de Mayo, Gioja, pidió que “la represión sea lo más racionalposible. Pedimos la prudencia necesaria”. Luego, y por acuerdo entre los bloques, la sesión finalizó sin debatir el decreto que impuso el estado de sitio.
En Diputados, pese a no haber sesiones, las reuniones no cesaban. Un grupo de legisladores, entre los que estaban el cordobés delasotista Carlos Alessandri, Franco Caviglia y Pablo Fontdevila, impulsaba una autoconvocatoria a asamblea legislativa para interpelar a De la Rúa sobre la crítica situación y el virtual estado de acefalía. Sobrevolaba un segundo proyecto, el que llevaba la firma del bonaerense Carlos Soria, y que impulsa el juicio político al por esa hora todavía presidente. Ni uno ni otro fueron necesarios: cuando los diputados del PJ en bloque llegaron al salón de los Pasos Perdidos para comunicar a los periodistas la decisión, el titular del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro, confirmaba que la renuncia era un hecho (ver página 5).
Alejado de las negociaciones entre los dos partidos, el ARI, de la mano de Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez, prefirió dejar el recinto y trasladarse hasta la Justicia. Las diputadas presentaron una denuncia penal por homicidio reiterado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes contra De la Rúa, el todavía ministro Ramón Mestre y el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, para quienes pidieron la detención de estos dos últimos, el cese de la represión y la libertad de la totalidad de los detenidos durante los disturbios.
La debacle del gobierno generó inmediatamente una fractura en el bloque de senadores radicales. Varios legisladores acusaron a Maestro de haber manejado mal la comunicación de la renuncia presidencial. Un grupo importante de senadores pretendía, en todo caso, tratar de utilizar la noticia de la dimisión como una forma de ganar tiempo. El fin de semana era el plazo que pretendían como un último intento para conseguir un entendimiento con el justicialismo. No hubo caso porque Maestro prefirió confirmar la renuncia sin más vueltas.
Entre los más enojados estaban Mario Losada, Jorge Agúndez y la catamarqueña Marita Colombo. La discusión llegó a tal punto que incluso acusaron al chubutense de haber dejado a los senadores radicales como los que lo obligaron a De la Rúa a abandonar la presidencia sin siquiera haber intentado corresponsabilizar al PJ con las causas de la violencia callejera: “Somos todos responsables de los muertos, incluso el justicialismo”, le dijeron casi a los gritos. Como resultado, Losada y Agúndez le anticiparon a Maestro que no participarán de la reunión de bloque de hoy a las 9 donde deberían elegir un candidato para reemplazar a De la Rúa y que deberían proponer durante la asamblea legislativa. De todas maneras, varios senadores confesaron a Página/12 que “es imposible conseguir un radical que quiera ser nominado”.
Por ahora, el nombre para la sucesión que más suena es el de Puerta. Anoche, los diputados y senadores de partidos provinciales habían tomado una decisión. Los veinticinco integrantes anunciaron que apoyarán al misionero para que complete el mandato que abandonó el radicalismo hasta el 2003. Eso sí, anticiparon que no están dispuestos a darle el voto a cualquier bonaerense.
Al cierre de esta edición, los pasillos del Congreso estaban completamente vacíos. No era una señal de inactividad. En el despacho de Camaño, una intensa reunión se desarrollaba. Además del dueño del despacho, se encontraban Duhalde, Roggero, Gioja y el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien no había logrado llegar a Merlo, San Luis, donde el resto de los mandatarios justicialistas intentaban definir quién ocupará el sillón que abandonó De la Rúa (ver nota aparte).
Se sumaron a la reunión, por un rato, el operador José Luis Manzano y el consultor Julio Aurelio. Llevaban una encuesta según la cual el 65 por ciento de los argentinos quieren que el próximo Presidente surja deelecciones y no de un acuerdo parlamentario. Ruckauf, Duhalde y los demás tomaron nota, guardaron los datos y le pidieron al Chupete y a Aurelio que los dejaran solos.

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