INTERNACIONALES

Carmen María Argibay es la jueza argentina que integrará el Tribunal Internacional de Naciones Unidas que juzga los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. En la designación de esta mujer de 62 años, que se define como una jueza garantista en pleno auge del discurso “mano dura”, pesó tanto su trayectoria como su compromiso en la lucha por los derechos de la mujeres, de un lado y otro, de los estrados judiciales.

Por Marta Dillon

Buena parte de la agitación que hormiguea en los pasillos del Palacio de Justicia se detiene en el sexto piso, el último, donde el sol se atreve a visitar los pasillos que dan a los patios internos. Un magro consuelo para los familiares de los detenidos que suelen pasar largas horas esperando para verlos pasar, esposados, hacia alguno de los despachos o salas de audiencia. Es que a esa altura de los Tribunales llegan los casos penales en su última etapa, la del juicio oral. Y allí está el despacho de Carmen María Argibay, la jueza argentina que integrará el Tribunal Internacional de Naciones Unidas que juzga los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia.
Es una mujer sencilla, de gustos refinados. Al menos es lo que se puede decir de quien en la misma hora de charla es capaz de hablar con el idioma de la cárcel mientras fuma sin intervalos, recordar composiciones de música clásica y confesarse fiel lectora del Times y del Herald, los únicos diarios que lee, pero de los que no puede prescindir. Si alguien hubiera delineado alguna vez los inevitables de la moda judicial seguramente hubiera descripto a la doctora Argibay: trajecitos en la gama del gris, camisas arremangadas por encima de las muñecas, una buena profusión de medallas de oro, los anteojos colgando de alguna elegante tirita que no les permite huir más allá del pecho –si no fuera así, no los volvería a encontrar– y un estilo de pelo corto y cómodo, para no estar perdiendo demasiado tiempo frente al espejo por las mañanas. Evidentemente esta mujer nunca se detuvo más de lo necesario a pensar en estas menudencias, pero las pocas –poquísimas, sobre todo en el fuero penal– mujeres juezas que hay en nuestro país parecen haber llegado a un acuerdo tácito sobre la comodidad en la ropa de trabajo. Argibay es una mujer de trabajo que ingresó a Tribunales hace más de cuarenta años y que ahora escucha con tristeza la protesta de los empleados judiciales que se cuela desde la calle por las amplias ventanas de su despacho. Sin embargo, para ella todavía es época de festejo. A más de un mes de su designación como juez ad litem –para casos particulares– del Tribunal Internacional de La Haya, todavía sigue recibiendo merecidos llamados de felicitación. Ella misma apenas puede creer la forma en que se resolvió su candidatura para integrar ese Tribunal que la contará como miembro efectivo desde enero del 2002. “Me habían pedido que viajara en septiembre, pero es imposible: prometí a mi madre que la llevaría a conocer sus bisnietas alemanas, hijas de una sobrina mía. Y aunque a sus 91 años está muy bien, el tiempo no espera, no puedo dejar pasar la oportunidad.” Siempre vivió con su mamá, una eximia pianista que todavía acaricia las teclas en el piso que comparten las dos en Recoleta.
“En realidad fui yo misma quien se presentó ante el Ministerio de Justicia para saber si habían candidateado a alguien más para esa Corte yresultó que no, que no era parte de sus urgencias.” Ella se propuso, presentó sus antecedentes, sus cartas de recomendación de distintas organizaciones del mundo, sus ganas y, a pesar de que le habían advertido que nadie gana el puesto en la primera ronda de votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de junio, sin dudarlo, 127 países le dieron su acuerdo. Le sobraron votos, algo que todavía le cuesta creer y para lo que, dice, no tiene explicaciones. Pero haber presidido la Asociación Mundial de Mujeres Jueces entre 1999 y el 2000 era un antecedente ineludible, además de su trayectoria y de su compromiso en la lucha por los derechos de las mujeres.
Fue en Tokio donde Argibay supo de la posibilidad de integrar la Corte Internacional que ahora incluye a los delitos sexuales como crímenes de guerra. Había estado allí el año pasado por invitación de Organizaciones no Gubernamentales que formaron un tribunal simbólico para juzgar crímenes de guerra cometidos por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. “El hecho es que los juzgados de ese país estaban rechazando las demandas de las sobrevivientes, que eran poquitas. Digo ‘las’ porque se trataba de mujeres que necesitaron muchos años para poder denunciar la explotación sexual que sufrieron y que entendieron que la violación no era parte de lo que siempre sucede en las guerras sino un delito grave. Me interesó mucho el tema porque nunca se había investigado. Las denunciantes eran mujeres de nueve países del sudeste asiático invadidos durante la guerra.” Durante tres días de largas audiencias, Argibay escuchó los testimonios de quienes durante 55 años no se habían atrevido a hablar, “no las entendían o no las escuchaban, ellas mismas se sentían culpables, como suele suceder en general con las víctimas de violación”. Algunas de las responsables de la organización de ese tribunal fueron quienes insistieron sobre su idoneidad para integrar la Corte de La Haya, mujeres como Gabrielle Kirk Mac Donald –que había trabajado en la fiscalía de Carla del Ponte, la misma que ahora acusa a Slobodan Milosevic–, Rhonda Copeland de la Universidad de Nueva York o Patricia Viseur–Seller, todas de reconocida trayectoria internacional. “El problema era que no sabíamos si la Argentina ya se había decidido por otro profesional, en ese caso Canadá se había ofrecido a presentar mi candidatura como juez extranjero, ya que cada país puede presentar un candidato nativo y otro de otro país.” No hizo falta: Argibay no encontró competidores en el país y ella es una de las 27 mujeres jueces que integrarán la Corte que juzgará los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia, una realidad que esta jueza de 62 años conoce por los diarios, pero está dispuesta a escuchar e informarse todo lo que sea necesario.

La cárcel desde adentro
Como integrante del Tribunal Oral Nº 2, el que dejará cuando asuma sus responsabilidades internacionales, esta jueza se define sin dudarlo: “Con toda seguridad soy una jueza garantista y además voy a defender toda mi vida que nuestra función es la de defender las garantías constitucionales”. Carmen Argibay sabe que el mote de garantista alude en nuestro país a cierto pensamiento progresista dentro de la Justicia, que en épocas en que el discurso de la “mano dura” se cae de la boca de muchos gobernantes hasta parece sentar una sospecha sobre el tratamiento complaciente hacia quienes cometen delitos. Pero, para ella, ser garantista no es más que una definición del rol de los jueces. “Nosotros somos quienes resolvemos en un conflicto que interesa a la sociedad, porque de un lado tenemos a un acusador público que representa al Estado y se trata de delitos que afectan la vida social. Del otro, a un ciudadano en situación delictual. Nuestra misión específica es velar para que se respeten todas las garantías porque siempre las personas están en inferioridad de condiciones con respecto a los poderes del Estado. ¿Yquiénes están para defender a los ciudadanos, a los habitantes de un territorio? Nosotros, los jueces. Eso significa ser garantista, significa tratar como inocente a cualquier acusado hasta que el fiscal demuestre lo contrario. El tema de la mano dura, el aumento de las penas que tanto se pide, no tiene nada que ver con esto.”
–¿Usted cree que endurecer la legislación en materia penal, aumentar las penas para ciertos delitos, puede ayudar a que éstos se cometan menos?
–Voy a dar un ejemplo que ponemos en la facultad cuando damos Derecho Penal y se trata la pena de muerte. Es una discusión que siempre se da aun cuando en nuestro país su aplicación sea imposible, porque una vez firmado el pacto de San José de Costa Rica, después de habérsele dado carácter constitucional no se lo puede contradecir. Y allí dice claramente que los países firmantes que tuvieran la pena de muerte tienen que tender a abolirla y que quienes no la tienen no la pueden implementar. Pero el ejemplo al que se hacía referencia es materia de estudio: hubo una época en Inglaterra en que se impuso la pena de muerte para los pick pocket -descuidistas o arrebatadores– y las ejecuciones en la horca se hacían públicamente como medida ejemplificadora. Una verdadera muchedumbre asistía a las plazas públicas cuando esto sucedía, y entre ellos, por supuesto, muchos pick pocket que aprovechaban el amontonamiento. Evidentemente no tenía sentido, y es así porque el sujeto que está en situación de delito cree que nunca lo van a agarrar. En muchos casos ni siquiera sabe cuál es la pena que le corresponde porque, aunque la ley se presuma conocida por todos, es una ficción jurídica.
–Usted menciona tratados internacionales de carácter constitucional que, sin embargo, siguen en contradicción con ciertas leyes anteriores, ¿Cómo se resuelve esto en la práctica?
–Sucede que el Código de Procedimientos con que nos manejamos toma como base uno del año 1939 y de hecho todos los días estamos declarando inconstitucionales una serie de artículos y leyes contradictorias. Esto deja a criterio de los tribunales un montón de decisiones que no deberían ser así y que sientan contradicciones en la jurisprudencia. Se supone que para eso están la casación y la Corte Suprema, pero...
Argibay no quiere terminar la frase, deja ese suspenso para que se lo interprete de la misma manera que ella se enfrenta a esos espacios en blanco que dejan las contradicciones del sistema legal en el que se habituó a manejarse desde el año 1959. Entonces fue cuando ingresó en Tribunales mientras estudiaba, como empleada meritoria, creyendo firmemente que era la mejor manera de aprender. “Cuando me recibí, creí que sería bueno ejercer la profesión para conocer el otro lado de las cosas, siempre con preferencia en el fuero penal. Por un lado me gustó porque me permitía desarrollar la imaginación en la elaboración de la defensa. Pero por otro lado era muy tonta para cobrar y eso es un problema serio porque de pronto una se encuentra con que no puede afrontar sus obligaciones cotidianas.” Y volvió a lo seguro en el año ‘66, se inscribió para ser secretaria y sintió en carne propia una discriminación que muchas mujeres en la Justicia niegan. “Sé perfectamente cada vez que me discriminaron, primero porque los ascensos tardan más de lo acostumbrado; recuerdo un juzgado en que el titular decía siempre que yo era su mano derecha, pero al momento de nombrar secretario eligió a un hombre. Y cuando se llega a un cargo hay que estar rindiendo examen todo el tiempo. Eso es discriminación.” Después de haber pasado por juzgados de instrucción y de menores, Argibay fue nombrada como secretaria de Superintendencia de Cámara, cargo en el que, dice, “armé mucho lío”. Ella era quien debía revisar los nombramientos, los puntajes, los escalafones y una serie de cuestiones administrativas en las que encontró demasiados rastros de corrupción que quiso corregir. Tal vez porque se presencia era molesta o por propia insistencia, porque a Argibay la “aburren enormementelas cuestiones administrativas”, le tocó, en 1975, ocupar la vacante que se había producido en la Secretaría General de la Cámara del Crimen. “Me duró poco, la madrugada del 24 de marzo de 1976 tiraron abajo la puerta de mi casa y me llevaron detenida a disposición del Poder Ejecutivo. Durante nueve meses conocí la cárcel por dentro, ya no como visitante, rol en el que había ido muchas veces, estaba presa y nunca supe por qué.”

El otro lado
Salió de la cárcel el 22 de diciembre de 1976, sin saber por qué había entrado y con un preinfarto en su historia clínica. No quiso irse del país, no hubiera sabido cómo sobrevivir fronteras afuera. No tuvo ningún otro contacto con la dictadura, salvo el engorroso trámite de sacar su pasaporte que durante largos meses le fue negado, sin explicaciones. Volvió al ejercicio de la profesión, tomando casos que le pasaban algunos amigos, sin más expectativas que sobrevivir. Con la vuelta de la democracia llegó también la vuelta a Tribunales, le ofrecieron un puesto como jueza de Cámara que ella, en principio, rechazó. “Yo estuve en la cárcel, sé lo que es eso y me va a costar demasiado condenar a alguien a estar allí.” Pero esa razón que ella creía una contra fue el dato a favor que le permitió ser la primera mujer en la historia de la Cámara del Crimen. Después hubo otras tres. Nada más.
Esa notoria diferencia, “esa discriminación cotidiana y larvada que muchas veces pasa desapercibida”, fue la que la impulsó a organizar en 1993 la Asociación Argentina de Mujeres juezas como una rama de la Asociación Internacional. De las “diez locas que nos juntábamos”, la Asociación fue creciendo hasta poner en la agenda judicial a los derechos humanos y a toda forma de discriminación contra la mujer como un tema ineludible. Así creció la Asociación Internacional que la contó como presidenta durante dos años.
Argibay está segura de que frente a delitos sexuales o de violencia doméstica las mujeres tienen otra visión, una que compromete a su propio cuerpo, a su propia historia. Y es esa mirada particular la que se buscó incluir en el Tribunal Internacional de la Haya que juzgará lo actuado por los ejércitos en la ex Yugoslavia, cuando los delitos sexuales son considerados crímenes de guerra. “Este tipo de delitos son planificados y se ejercen para generar temor: las mujeres son repudiadas y marginadas en sus comunidades. Esto es tan viejo como el mundo, agredir a las mujeres, apropiárselas es una forma de humillar al enemigo. Y las consecuencias son mucho más graves de lo que se puede pensar. En Tokio fue muy impresionante escuchar a las mujeres decir ‘no nos vamos a callar 50 años’, porque ellas rompen el silencio y no se pueden eludir sus palabras. Ahora en Yugoslavia ha habido condenas contra militares por esclavitud sexual de mujeres secuestradas en operativos de guerra. Yo sé que puede ser duro escuchar esos testimonios, llegar a las condenas. Pero la verdad es que me gusta aceptar desafíos.”