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Cuesta abaixo

Por Daniel Link
Hace unas semanas señalábamos, desde este suplemento, el cono de sombra que atravesaban, más allá de las limitaciones presupuestarias que la fobia maniática al déficit fiscal impone, las políticas estatales en materia de cultura. El caso expuesto demostraba ejemplarmente la desidia del Estado argentino en relación con nuestro patrimonio cultural, al permitir que las ediciones críticas de autores argentinos desaparezcan de la colección Archivos, uno de los proyectos editoriales de mayor aliento en los últimos tiempos. La denuncia tuvo repercusiones internacionales. En su suplemento Mais! número 499 del pasado domingo 2 de setiembre, el influyente periódico Folha de Sao Paulo, por ejemplo, incluyó la siguiente noticia, bajo el título “Cultura ladeira abaixo”: “La penúltima edición de Radarlibros, el suplemento literario del diario de izquierda argentino Página/12 ocasionó una seria polémica al referirse a la situación de desamparo de la política cultural del país. En una edición más reciente, el tema fue debatido por los críticos literarios Beatriz Sarlo y Raúl Antelo”. Por supuesto, la realidad es infinitamente más perversa que las más pesimistas previsiones y más que de desamparo podría hablarse ya de agresión.
Como muestra, basta reproducir parte del editorial de la última edición de la revista ramona (Buenos Aires: setiembre de 2001), donde se denuncian los mecanismos por los cuales un hipotético patrocinio estatal a la edición de libros y revistas culturales argentinos se convierte más bien en una condena a trabajos forzados.
Dice ramona: “Ya en el número anterior les conté de esta cosa que comenzó como `subsidio’ y terminó como `premio’ y en verdad era una `compra mayorista eventual’ de la Secretaría de Cultura de la Nación a 40 o 50 editoriales y revistas independientes. El proyecto no podía ser más lindo: la Secretaría de Cultura de la Nación compraba la producción de una serie de editoriales y revistas, elegidas por jurados calificados y reconocidos. Cada grupo editorial se beneficiaría aproximadamente con ocho mil pesos, cifra que, en ningún caso, puede considerarse un dispendio suntuoso. La secretaría luego distribuiría los textos comprados entre bibliotecas populares en todo el país.
Este mes de agosto ha quedado confirmado el efecto real de estas hermosas intenciones sobre la cultura independiente. Por ejemplo, si un grupo antes editaba doscientos ejemplares ahora debe producir mil que el Estado les pagará –en el mejor de los casos– dentro de muchos meses. Probablemente esto llevará a varios a la ruina.
Pero además, ahora está claro que buena parte de quienes recibieron la promesa de compra no pueden ni siquiera tramitar los requisitos de `proveedor del Estado’ que el `premio’ exige. Estos requisitos son tan disparatados como la intimación `en 48 horas a declarar el idioma en el cual está publicada la edición’. El castellano o español, hay que contestar, en una carta a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Las condiciones de inscripción abarcan los tópicos y ministerios más diversos, juramentos, libres deuda, inscripción en registros, estatutos, cuentas bancarias, firmas, certificados varios. Sus costos y horas y capacidad de gestión pocas empresas culturales independientes los podrán asumir. Por lo demás, es imposible cumplirlas en los diez días que otorgan para no `archivar el expediente’.
Lo pérfido del asunto es que se presenta todo esto como un gran aporte al ecosistema cultural que probablemente acabe por hundirse gracias a este aplastante apoyo estatal”.
Hasta aquí el editorial de ramona, revista publicada por la Fundación Start, que alertaba sobre el destino incierto de los quinientos mil pesos del presupuesto de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares destinados por la Secretaría de Cultura de la Nación al proyecto de fomento a la edición de libros y revistas culturales. Lo pérfido del asunto –conservemos esta nota de ironía para los amigos del mundo que siguen el desarrollo de la cultura argentina a través de Radarlibros– esque la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) determinó, mediante una inspección realizada en la Fundación Start al día siguiente de que la revista ramona se distribuyera, una hipotética deuda impositiva en favor del Estado argentino que impediría a la Fundación Start constituirse en “proveedor del Estado” y a la revista ramona beneficiarse del “premio” o “subsidio” ganado en un concurso público. Seguiremos con la debida atención este nuevo episodio de histeria gubernamental.

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