En una sala desbordada de público, dirigentes políticos, familiares y amigos de los imputados, comenzó el juicio que tiene en el banquillo a Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. La causa gira en torno al grupo Oil-Indalo y el delito es defraudación al Estado a raíz de una deuda, consolidada en el expediente a marzo de 2016, de 4500 millones de pesos. Esa deuda por el impuesto a los combustibles se estaba pagando a través de planes otorgados por la AFIP, iguales a los que se le dieron a otras 1650 empresas. La AFIP y la Casa Rosada nunca tuvieron como objetivo cobrar sino penalizar a los dos empresarios, a los que vincularon y vinculan con el gobierno anterior. Y, por sobre todas las cosas, el oficialismo jugó a quedarse con las empresas, en especial los medios de comunicación, un grupo de radios y el canal que lidera las audiencias, C5N. Para eso les resultó clave que el aparato de Comodoro Py, por presión directa y pública de Mauricio Macri, enviara a prisión ya hace más de un año a los dos empresarios, pese a que el delito es excarcelable y no hay antecedentes de alguien preso durante el mismo lapso por algo similar.
En completa desorganización, la audiencia conducida por el Tribunal Oral Federal número 3 arrancó con una hora y media de demora. Al inicio, el abogado de De Souza, Carlos Beraldi pidió a los magistrados –Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso– que se asigne una sala de mayor tamaño ya que por la trascendencia del juicio resultaba una obligación de transparencia que se permitiera la presencia de todos los que quisieran estar. El pedido terminó en la nada y mucha gente quedó afuera.
En el público estuvieron el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el diputado Eduardo Wado De Pedro, el también legislador Horacio Pietragalla, el líder del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro y el ex titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, entre muchos otros.
El caso Indalo se centra en los planes de pago que se le dieron a los empresarios para cumplir con el impuesto a los combustibles. Oil, la petrolera del grupo, le notificaba por declaración jurada la recaudación por el impuesto, y parte del tributo se pagó accediendo a planes de pago que se le otorgaron a muchísimas otras empresas y personalidades. Por ejemplo, Mirtha Legrand, YPF, la municipalidad de Córdoba y más de 1600 contribuyentes de envergadura.
A partir del cambio de gobierno, la Casa Rosada se lanzó contra el grupo, no para cobrar lo adeudado, sino para conseguir una condena política. La cabeza de la movida fue el juez Julián Ercolini. Hubo una oferta de Gunvor Global, una trader petrolera suiza, que se postuló a pagar 115 millones de dólares por el puerto de San Lorenzo, 100 millones por los stocks de petróleo, dos cuotas de 135 millones por la refinería y 22 millones por las estaciones de servicio. La operación totalizaba 507 millones de dólares y fue impedida por Ercolini y la AFIP. Luego hubo otra oferta por 270 millones de dólares, también bloqueada por la AFIP. Finalmente, se decretó la quiebra de Oil, y se vendió la parte petrolera en 80 millones de dólares. A esto se suma que el juez fijó honorarios para los síndicos e interventores que concretaron el desguace, en la brutal cifra de 403 millones de pesos. Esos funcionarios trabajaron a pleno sólo seis meses.
Así como el aparato de Comodoro Py tiene preso al titular de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, con el objetivo de que desista de la construcción de las dos centrales de Santa Cruz, en el caso de Oil, la prisión de ambos empresarios –en un delito claramente excarcelable, con pena relativamente baja– juega el mismo papel: tenerlos en el penal de Ezeiza, desmantelar su grupo, presionar a sus medios de comunicación y apostar a que se produzca una venta a amigos del gobierno. Y, por sobre todo, realizar una condena política a la administración anterior. El grotesco fue tan evidente que cuando la Cámara Federal ordenó la libertad de López y De Sousa, el presidente Macri salió públicamente a hablar del caso con una frase llamativa: “Esto no fue lo acordado”. Los dos camaristas que resolvieron la excarcelación tuvieron que dejar sus cargos. Como suele suceder, el juicio de ayer se inició con la tediosa lectura de la elevación a juicio, es decir de los cargos contra los empresarios. Beraldi defiende a De Sousa, Fabián Lértora a Cristóbal López y el ex camarista y ministro, León Arslanián, es el abogado del ex titular de la AFIP, Echegaray. En su defensa, el ex funcionario siempre sostuvo que los planes de pago se daban en forma automática o previa aprobación de un enorme grupo de funcionarios.
La estimación es que el juicio durará unos ocho meses, pero como ocurre en Comodoro Py, una de las pruebas principales, la pericia contable, no está terminada.
