Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Un libro sobre programas de integridad en las empresas

La presidenta de la World Compliance Association, Capítulo Argentino, Lina Anllo, encabezó la presentación del libro Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El texto, que estuvo bajo su dirección y reúne a varios autores, contiene una comparación con otras normativas legales anticorrupción, la discusión parlamentaria en Argentina y el análisis de los artículos de la Ley 27.401.

Anllo explicó durante la presentación del texto en la Universidad Austral que tras la aprobación en 2018 de la Ley 27.401 se organizaron varias actividades para dar a conocer este instrumento jurídico que persigue la implantación de programas de integridad en las empresas con el objetivo de enfrentar la corrupción.

El libro Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no solo está dirigido a especialistas en derecho penal y administradores de justicia, sino que también busca ser una herramienta de consulta práctica para todo el que esté interesado en la temática: abogados, oficiales de cumplimiento, contadores, e incluso, estudiantes universitarios. En ese sentido, intenta dar respuestas a las interrogantes que se presentan cuando se dan las primeras aproximaciones al mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance y, a su vez, pretende ser el punto de partida de debates técnicos que enriquezcan el trabajo, la doctrina y futura jurisprudencia.

Carlos González Guerra, redactor del prólogo de la obra, refirió que no se trata de un texto meramente académico, sino de consulta necesaria por cuanto comenta la Ley 27.401. En esa línea, Emilio Cornejo Costas, coautor, comentó que resulta necesario aplicar procedimientos en áreas sensibles de las compañías, para evitar que alguno de sus miembros incurra en algún delito.

María José Tamagno, también coautora, manifestó que aún la jurisprudencia deberá dar respuesta a algunos asuntos. Además, mencionó que, por ejemplo, la Ley 27.401 criminaliza la divulgación de información cuando los acuerdos no llegan a concretarse.

Si bien los programas de integridad aún no son obligatorios para todo el universo de las personas jurídicas, Sergio Nobile, coautor y vicepresidente de la World Compliance Association, Capítulo Argentino, recordó que pueden ser adaptados por las empresas según sus necesidades.

En vista de que las empresas que se vinculan con el Estado tienen riesgos más altos, el libro sugiere buscar asesoría para elaborar su programa de integridad o compliance, toda vez que la ley 27.401 contempla penas que van desde la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica hasta la disolución y liquidación de la personería (cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad), por delitos que incluyen al soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, aprovechamiento indebido de información privilegiada, entre otros.

 

El texto contó con la autoría de Jimena Alguacil Cesari, Concepción Campos, Emilio Cornejo Costas, Ailen Data, Martín Ghirardotti, Claudio Lamela, Sergio Nobile, Juan María Rodríguez Estévez, Gabriela Ruibal, María José Tamagno y Florencia Vidal Fallone.

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