La empresa que quería demoler el Cine Urquiza demandó a los vecinos
Una demanda de película
Establecimiento Campana reclama 400 mil pesos por los daños que --alega-- le provocó el amparo presentado por la Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza.
El Cine Teatro Urquiza, en Caseros 2826, una reliquia.El Cine Teatro Urquiza, en Caseros 2826, una reliquia.El Cine Teatro Urquiza, en Caseros 2826, una reliquia.El Cine Teatro Urquiza, en Caseros 2826, una reliquia.El Cine Teatro Urquiza, en Caseros 2826, una reliquia.
El Cine Teatro Urquiza, en Caseros 2826, una reliquia. 
Imagen: Joaquín Salguero

Una empresa constructora quiere demandar a los integrantes de la Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza, quienes el año pasado, tras cinco años de lucha, lograron salvar de su demolición el histórico inmueble, inaugurado en 1921 en la avenida Caseros 2826, en Parque Patricios. La embestida legal de la empresa, que reclama 400 mil pesos por los daños y perjuicios que le habría causado el amparo presentado por los asambleístas para que se cumpla con las leyes que protegen la actividad teatral y el patrimonio cultural porteño, ignora el acuerdo de partes que homologó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), en el que la empresa, Establecimiento Campana, se comprometió a cumplir con las normativas vigentes. El presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad y abogado de la Asamblea, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que "como en otros casos, buscan amedrentar y castigar a quienes a través de la justicia ejercen su derecho a defender los bienes comunes".La persecución judicial a través de juicios civiles, que buscan castigar los bolsillos de ONGs o vecinos que reclaman para que se cumplan las leyes ambientales y/o urbanísticas en la ciudad, es una metodología reiterada por las constructoras y el gobierno porteño que ven el espacio urbano como un ámbito para el negocio inmobiliario (ver aparte). En esta ocasión, la avanzada contra los integrantes de la Asamblea comenzó con una carta documento para una mediación a la que fueron citados el martes pasado, donde la empresa presentó su reclamo. Como no hubo acuerdo de partes, quedó habilitada la vía para que la firma propietaria del predio inicie la demanda contra la ONG que lucha, desde el año 2013, para proteger y rescatar el inmueble como centro cultural para el barrio. En 2017, antes del acuerdo homologado el 8 de agosto de 2018 por el TSJ, la empresa había recurrido al mismo mecanismo para intimidar a los asambleístas e intentar que desistieran de su lucha. La sala que había dejado de funcionar como cine en la década del 60, contaba con 1400 butacas. Tras el cierre del predio en 2013, iba a ser demolido para construir un edificio de más de 30 metros de altura para oficinas.Sin embargo, el Código Urbanístico exige, y a ello apelaron los vecinos en su reclamo para salvar la sala, que en caso de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio debe construir en el nuevo edificio una sala de características semejantes a la demolida, respetando el 90 por ciento de la capacidad de la vieja sala."La causa finalizó con un acuerdo en el que Campana reconoce el valor patrimonial del inmueble y la intención de preservar la fachada original del edificio lo máximo posible. Además de cumplir con la ley que obliga a mantener el 90 por ciento de las butacas", señaló Baldiviezo, y remarcó que el único sentido de la demanda actual es "castigar, sancionar al que reclama, incluso, como en este caso, sin generar ningún tipo de daño".Según explicó el abogado urbanista, los perjuicios que reclama la empresa no fueron producidos por la acción de amparo de los asambleístas sino, en todo caso, porque los proyectos presentados por la propietaria del predio fueron rechazados por el gobierno por no cumplir con las normas.El 16 de enero de 2017, la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) le informó a la empresa que el proyecto no se adecuaba a la ley.También informó que el Consejo de Plan Urbano Ambiental (Copua) desestimó el proyecto por no cumplir con la cantidad de butacas que exige la ley. El proyecto apuntaba a la construcción de una sala de 140 espectadores, cuando debería haber 1260 butacas. Además, la superficie original del Cine-Teatro que era de 1.114,40 metros cuadrados, quedaba reducida a sólo 208,30 metros cuadrados."Sostienen que el amparo les causó perjuicio, pero no fue por la cautelar, que duro pocos meses. En 2015 estaban habilitados para presentar el proyecto, y el rechazo fue porque las instancias administrativas del gobierno consideraron que no cumplían con las leyes. Al día de hoy, no tienen permiso de obra otorgado, e intuimos que el proyecto sigue sin adecuarse", explicó Baldiviezo. Y advirtió: "lo que vemos es una exacerbación del castigo para ciudadanos que defienden los bienes comunes de la ciudad".

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