Las demandas contra vecinos y ONG que presentan amparos para proteger el patrimonio urbano son el mecanismo elegido tanto por el gobierno porteño como por los desarrolladores inmobiliarios para amordazar a quienes reclaman. Entre los casos emblemáticos, al que se agrega ahora el embate contra la Asamblea de Vecinos en Defensa del Cine Teatro Urquiza, figura en primer término, por el monto reclamado, la demanda por 24 millones de pesos que presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la asociación civil Basta de Demoler, que presentó un amparo para evitar la destrucción de la Plaza Intendente Alvear, donde se pretendía instalar la estación Plaza Francia del subte H. Otro caso notorio fue la intimación de la constructora Palacio Roccatagliata S.A. contra la Asociación Amigos de la    Estación Coghlan.