Economía del conocimiento. Ciencia y desarrollo

El rol del Estado

Una vez más, el gobierno del marketing dio cuenta de su falta de capacidad técnica y menosprecio de la gestión pública y de la innovación tecnológica. Esta afirmación hace referencia al proyecto de ley aprobado recientemente, conocida como el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Esta  ley podría bien tener otro nombre y evitaríamos la discusión, sin embargo, en los albores de las campañas para las elecciones de este año sería bueno que la economía del conocimiento forme parte de la discusión de las plataformas electorales.

El surgimiento de esa ley está directamente vinculado con la renovación de la Ley de Promoción del Software de 2004 (la 25.922). Esa ley se enmarcaba en una política estratégica complementada por la creación del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft) y luego por programas como “Conectar Igualdad”  (recientemente denostado por el presidente Macri) o Program.ar. Es decir, se pretendía impulsar una industria dinámica, trasversal a todos los sectores y trascendental para las transformaciones productivas venideras, como la Industria 4.0, a partir del desarrollo de capacidades tecnológicas. Sin embargo, todas estas iniciativas generadas se fueron reduciendo, asfixiando económicamente o directamente eliminando .

La demanda del sector productivo del Software que floreció bajo esta política, representada principalmente por la Cámara de la Industria Argentina del Software, incitó a que la Ley 25.992 que tenía una duración de 10 años fuera reformada en 2011 y extendida mediante la promulgación de la Ley 26.692 hasta el 31 de diciembre de 2019. Lamentablemente, la situación económica y financiera de la Argentina no es la misma y el déficit cero alcanza a todos y, por lo tanto, se dificultaba mantener los beneficios que disfrutaban los unicornios locales (MercadoLibre, Globant, Despegar y OLX) o excluirlos de las retenciones a las exportaciones generalizadas que implementó el gobierno para aumentar la recaudación. En este contexto, la estrategia comunicativa del sector fue autodenominarse “Economía del Conocimiento” para darle mayor relevancia, y el gobierno respondió buscando prorrogar la moribunda Ley de Promoción de la Industria del Software a través de una nueva que abarque a sectores afectados por las mismas políticas que implementó este gobierno, como son la industria aeroespacial en general o el Invap en particular.

Política de Estado

Dejando de lado el sector del software, que además cumple y cumplirá un rol estratégico para las transformaciones productivas venideras, la discusión de fondo debe centrarse en establecer una política de Estado que promueva una economía que impulse la producción de bienes y servicios exportables, basados en  nuevos conocimientos, generados en forma articulada entre las instituciones académicas y las organizaciones empresariales, tanto públicas como privadas, bajo la orientación y promoción del Estado. Esta discusión debería ser parte de las plataformas de todas las propuestas electorales de este año, sin la vaguedad y falta de contenido con que fue redactada esta ley.

El Banco Mundial plantea cuatro pilares que soportan la economía del conocimiento: la educación y el entrenamiento, la infraestructura para la información, incentivos económicos y regímenes institucionales, y los sistemas de innovación. Sin entender el rol activo del Estado en este tipo de economías, el proyecto de ley sólo hace foco en el punto de incentivos económicos o fiscales y solo le atribuye al Ejecutivo la posibilidad de ampliar los rubros y actividades alcanzados por la presente ley.

Modelo

En su afán de construir posverdad, el gobierno lanzó un documento donde afirma que la promulgación de la ley creará 215.000 puestos de trabajo y 8500 millones de dólares adicionales de exportación anual. Sin comprender lo complejo que fue el desarrollo del sector del software y mucho menos el proceso de innovación, el documento sintetiza un modelo de la economía del conocimiento con tres vértices: las empresas intensivas en conocimiento, el talento y las habilidades y las nuevas tecnologías e industria 4.0. Y, si bien cita a los países desarrollados como modelo, lejos está de intentar imitar o aprender de ellos en la materia.

Por su lado, la Comisión de Ciencia y Técnica del Instituto Patria ha publicado el documento “Sin ciencia no hay inclusión”. En el documento retoma muchas medidas llevadas adelante por el gobierno anterior en la materia y propone estilos de desarrollo como estructura analítica, asignando al Estado y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología roles preponderantes y el deseo de que también lo tengan las Pequeñas y Medianas Empresas. Si bien el documento es propositivo y más ambicioso que la Ley de Economía del Conocimiento, peca de volver al triángulo de Sábato como instrumento analítico propuesto por Jorge Alberto Sábato hace casi 50 años, habiendo corrido mucha agua bajo el puente.

Está claro que los próximos gobernantes que pretendan impulsar al país hacia el desarrollo deben avanzar en la promoción de la economía del conocimiento. Será necesario para ello un aprendizaje de lo realizado como fue jerarquizar la labor científico-tecnológica a través de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Este aprendizaje debe contener otro enfoque e involucrar otros actores para progresar con éxito. Por ejemplo, el abandono del pensamiento lineal que contenía el Plan Argentina Innovadora 2020, suponiendo que el aumento de recursos (humanos, tecnológicos y financieros) resultaría en más innovación.  También será necesario abordar problemas estructurales y operacionales del Sistema Científico-Tecnológico, por ejemplo los conflictos derivados de la doble dependencia de los investigadores del Conicet, como son las disputas entre instituciones por la propiedad intelectual o las citas en las publicaciones y hasta el sistema de medición de desempeño por publicaciones. Y concluyendo, se debe abandonar la explicación de la escasa innovación por la falta de demanda de conocimiento por parte del sistema productivo, así como también el prejuicio de que el investigador no quiere resolver los problemas del sistema productivo para pasar a una comprensión más profunda del problema que requiere un modelo más complejo.

El mundo está cambiando y debemos llevar adelante estos debates. La economía del conocimiento requiere un abordaje complejo e integral pero primera y principalmente aprender cómo, sin dar lugar a oportunismos que entorpezcan el verdadero progreso

* Licenciado en Comercio Internacional, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA); doctorando en Desarrollo Económico, Universidad Nacional de Quilmes. Miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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